Día a día la extrema derecha nos deleita con nuevos titulares en contra de las mujeres y de la lucha que la sociedad, de manera activa, ha emprendido contra la violencia de género. El daño si bien en muchas ocasiones se queda en agresiones verbales y físicas, en otras muchas supone el señalamiento público de activistas y profesionales de diferentes ámbitos que trabajan para que la igualdad y la diversidad sean realidad en la sociedad en la que vivimos.

Desarrollar tu labor profesional como policía y portavoz contra la violencia de género, sin duda, es un atrevimiento en los momentos en los que vivimos. Y lo es porque a los movimientos ultras les duele y molesta que una mujer, sea de donde sea, pueda tener el poder suficiente como para poder mostrarle a un grupo de escolares, por ejemplo, datos de los estragos que está consiguiendo el terrorismo machista. Ana Moya, subinspectora en la comisaría de Ceuta y delegada de Participación Ciudadana, ha sufrido, en sus propias carnes, la repulsa que tiene la extrema derecha de la ciudad a la igualdad. Y lo ha conocido cuando, después de mostrarles a escolares datos y estadísticas sobre la violencia contra las mujeres, Vox la ha señalado y ha pedido su reprobación en el ejercicio de sus funciones. Datos objetivos que ha recogido de distintos estudios publicados por el ministerio de Interior y por el Consejo General del Poder Judicial, en sus anuarios del ejercicio del año 2018.

Ana Moya, cuyo único delito, según asevera la fuerza de extrema derecha liderada por Abascal, es condenar las afirmaciones de esta escisión de la derecha sobre las supuestas denuncias falsas, sufre la petición de la reprobación realizada por Vox a una funcionaria que trabaja por la educación y la igualdad desde la comisaría de policía donde desarrolla sus funciones. Este señalamiento ha venido acompañado de algo bastante más grande: el silencio por parte de sus superiores jerárquicos. Un silencio informativo que no hace sino convertir en cómplices de la campaña de difamación en contra de Ana Moya a quienes no utilizan su posición para condenar los ataques a una compañera. Un silencio roto por la Agrupación Reformista de Policías que, a día de hoy, no ha sido secundado por ninguna otra fuerza sindical.

Las voces feministas no están bien vistas en Ceuta, no obstante, desde hace bastante tiempo. Y no son solo las fuerzas de ultraderecha las que secundan el ataque a la igualdad y la diversidad, sino que son los mismos jueces los que perpetúan el discurso misógino con sus sentencias. Hace unos días, el 23 de noviembre, un juez de Ceuta archivaba una denuncia por violencia de género porque, supuestamente, han concurrido en el acto delictivo “un cúmulo de adversidades”. A saber: una mujer recibe dos disparos en las piernas por parte de su marido, guardia civil, y presencia como este, después de haberla disparado, se suicida.

Según el juez instructor del caso no hay indicios suficientes porque “los hechos no son constitutivos de un delito de violencia de género”, a lo que añade que “las pruebas más que evidentes, que demuestran que ese único disparo (en la cabeza, que produjo la muerte instantánea del asesino) lesionó, una vez se había disparado, a la denunciante, con el infortunio de causarle lesiones en ambas piernas”. Asegura el juez en el auto de archivo que “las dos piernas de la mujer fueron atravesadas por esa bala” con la que el agente acabó con su vida.

Ambos casos, el de Ana Moya y el de la víctima de violencia de género, debieron ser debidamente juzgados y entendidos por la sociedad ceutí. Pero nada más lejos de la realidad; después de una campaña de denuncia social que realizó la Plataforma Feminista de Ceuta, desde la que han condenado ambos casos y la beligerancia con el que el juez ha sobreseído una causa de terrorismo machista, esta misma plataforma ha tenido que soportar una contracampaña difamatoria contra su lucha por parte de la familia y la extema derecha ceutí. La misma familia del suicida, aupado por Vox y grupos radicales, y la abogada Nuria Gutiérrez de Madariaga, (proisraelí, antimusulmana y fan de Trump), hoy amenaza, tanto en redes sociales como en comunicados públicos, a Sandra López Cantero, miembro de la Plataforma Feminista, con una querella por difamación.

Si difamar es aclarar que el juez instructor no tuvo en cuenta las múltiples pruebas aportadas por la víctima de Brahim, ni tampoco que el suicida, guardia civil, se aprovechó de su posición de poder y de su arma reglamentaria para someter a la víctima, entonces para este mismo juez la lucha feminista, la que defiende la igualdad por encima de todo, es difamatoria. Y lo es pese a que ha quedado debidamente acreditado que el terrorismo machista, el mismo que esta extrema derecha liderada por Abascal niega, acumula muchas más víctimas desde que existe registro que ningún otro movimiento terrorista.

Tanto Ana como la víctima de la Violencia de Género se encontraron con el apoyo de una Plataforma, la Feminista, que tiene grabados a fuego los principios de igualdad. Una plataforma que trabaja desde la base de la militancia activa; desde el día a día con víctimas, en una lucha desde la sororidad y sin esperar nada a cambio. Un nada o un todo. Un todo que significa ataque, desprecio e injurias a través de redes sociales. A este respecto, fuentes consultadas de la plataforma agradecen el apoyo institucional mostrado tanto por Comisiones Obreras como Podemos de Ceuta, así como de la Asociación Federica Montessori, de Granada.

Su culpa, la de Ana, fue el rigor informativo. Fue la lucha por la defensa de la igualdad en las aulas con datos oficiales del ministerio de Interior y del Consejo General del Poder Judicial; asegurar que el número de denuncias falsas no es un dato relevante porque no existen tantas como asegura Vox.

La culpa de la víctima fue, según el juez, la de encontrarse en la trayectoria de la bala que acabó con la vida de Brahim, el suicida.