Fake news y coronavirus. La transparencia como vacuna

En esta batalla sin cuartel que las sociedades modernas estamos librando frente al coronavirus, las fake news han irrumpido con fuerza para sembrar aún más desconcierto y confusión en una ciudadanía confinada. Nunca antes habíamos pasado tanto tiempo encerrados en casa y con acceso a tal cantidad de información. Las mentiras vuelan a través de los grupos de WhatsApp, Twitter o Facebook en cadenas interminables a golpe de click.

La difusión de mentiras no es algo nuevo. Ya fue utilizado con éxito por la extrema derecha para acceder al poder en Estados Unidos o Brasil. Y en España, tras los terribles atentados terroristas del 11M de 2004 y el vuelco electoral posterior, asistimos a la invención y difusión de toda una teoría de la conspiración que pretendía culpar al Partido Socialista de lo ocurrido. Puede que entonces no le llamáramos por su vocablo inglés y que las redes sociales no estuvieran tan implantadas como ahora, pero aquello fue la mayor fake news que ha vivido España en su historia reciente.

Y otra vez, en una situación sin precedentes, con la ciudadanía confinada y los hospitales desbordados, la derecha española se dedica a propagar bulos utilizando miles, centenares de miles de cuentas falsas en Twitter, con el único objetivo de aumentar la angustia de la población y que eso acabe provocando el desgaste del gobierno. Los mensajes vuelan por grupos de WhatsApp y se comparten en Facebook en pocas horas con la participación de una ciudadanía que, consciente o inconscientemente contribuye a su difusión. Lo difícil de la situación, sumado a la incertidumbre ante lo que nos deparará el futuro desde un visto de vista económico y social son el caldo de cultivo ideal para que ese tipo de actuaciones tenga éxito.

A pesar de lo reprobable de estas acciones, no creo que la solución pase por crear nuevos tipos penales, al margen de los ya previstos, para limitar la libertad de expresión. Los bulos se combaten con Transparencia por parte de los poderes públicos. Hay que garantizar el acceso a los datos de manera sencilla, para que sepamos qué está pasando en todas y cada una de las Comunidades Autónomas. La ciudadanía tiene que saber por qué a día de hoy todavía hay problemas para conseguir mascarillas; por qué no se han puesto a funcionar todas las PCR de los laboratorios españoles para el testeo masivo de la población; qué pasa realmente con nuestras residencias de ancianos, como se está llevando a cabo el cómputo de fallecidos, etc. Sólo con información en tiempo real, estaremos en condiciones de combatir los bulos y mentiras que siembran de odio las redes sociales que, no lo olvidemos, se han convertido en el escenario en el que la mayoría de los españoles mata el tiempo en esta cuarentena.

Al mismo tiempo, hay que trabajar en la regulación de las redes sociales. Hay que garantizar que detrás de cada cuenta, de cada perfil, hay una persona con nombre y apellidos, cuya identidad puede ser facilitada a las autoridades judiciales en caso de comisión de un delito, de la misma manera que cualquier número de teléfono está asociado a un titular. Los perfiles pueden ser anónimos en las redes, pero tienen que poder asociarse a una persona real. No puede ser que miles de bots extiendan infamias sin que se pueda llegar a saber quién o quiénes son responsables. Detrás de cada actuación de ese tipo, de cada mensaje de WhatsApp o de cada post de Facebook, de cada bulo, hay personas con responsabilidad penal que tienen que sujetarse a lo que establecen las leyes. Como todos. Hemos dejado que las grandes empresas del sector impongan sus normas a los Estados, que han acabado haciendo dejación de funciones en su tarea de garantizar los derechos fundamentales.

Derechos como el de recibir información veraz requieren de protección por parte de los poderes públicos, que no pueden obviar que el mundo de la comunicación ha cambiado y que la opinión pública se conforma sólo en parte a través de los medios de comunicación tradicionales. Éstos, además de operar en redes sociales, compiten con otras formas de difusión de información, en la que se diluyen las figuras clásicas de emisor y receptor. Y sin embargo, no podemos olvidar que la libertad de información es esencial para la conformación de la opinión pública libre de un Estado democrático y de Derecho. Y en momentos como éste más que nunca.

No podemos caer en la trampa de acabar constriñendo la libertad de expresión de todos y todas para dar respuesta a una práctica que sólo puede ser combatida por una ciudadanía informada y con unas redes sociales que se atengan a ciertas normas. Por ello, en el corto, cortísimo plazo, es más necesario que nunca que el Gobierno se esfuerce en trasladar a la opinión pública toda la información de que dispone y hacerlo de manera manejable y accesible. En el medio plazo habrá que lograr una mayor implicación de las empresas tecnológicas, así como estudiar el papel que juegan medios de comunicación, partidos políticos, grupos económicos y de presión o personas con relevancia pública, social o mediática que, con su intervención, confieren apariencia de veracidad a lo que no son más que mentiras.

A las fake news sólo las combate una ciudadanía informada que pueda juzgar por sí misma la labor de sus dirigentes. Espero que como sociedad no caigamos en la trampa de utilizar el Código Penal, una vez más, para imponer restricciones a la libertad de expresión que acabaremos pagando todos y todas. Ese es el camino fácil, cortoplacista, que prefiere castigar ciertos comportamientos una vez que ya han sucedido en vez de prevenirlos, transformando la sociedad. Porque una sociedad informada es mucho más difícil de engañar. Apostemos por la transparencia como valor esencial en un Estado democrático. Y en situaciones como las que estamos viviendo, más que nunca.