El pasado 12 de abril se hizo público un informe elaborado por el Grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea “Un enfoque multidisciplinar sobre la desinformación”. Este grupo, anunciado el 12 de enero, está formado por 39 miembros que representan a una amplia gama de sectores y expertos de los 28 países miembros de la UE. Allí se encontraban desde representantes de las grandes plataformas tecnológicas (Google, Twiter y Facebook) a representantes de los grupos de comunicación (Mediaset, Bertelsman, Sky News...), asociaciones de periodistas, expertos, consumidores... El formato es promover la imagen de un grupo representativo de la sociedad a pesar de que a nadie representan porque nadie les ha elegido y, a partir de ahí, dotar de rango de pluralidad, imparcialidad y neutralidad técnica a sus informes. Ni los representantes legítimos de los ciudadanos europeos participaron en la discusión ni mucho menos organizaciones sociales debatieron previamente nada ni conocieron del asunto. Diputados que representan a millones de europeos no integraban la comisión, pero sí representantes de Facebook o el gigante alemán Bertelsman de la comunicación. Paradójicamente había un representante de Berlusconi, no porque el partido que lidera tenga el apoyo de cuatro millones y medio de italianos (eso no sirve para ser consultado por la Comisión Europea), sino por ser el dueño de Mediaset.

Como el nombre del informe indica, el objetivo era analizar el panorama actual de la desinformación y una de las conclusiones más claras fue su posición en contra de cualquier medida regulatoria contra las noticias falsas. Según los “expertos”, insisto, considerando expertos a los representantes de las tecnológicas y grupos de comunicación, es un peligro “regular en caliente” y proponen medidas como abordar las causas de la desinformación. En opinión de los redactores del informe, la “desinformación es un problema multifacético, no tiene una sola causa raíz, y por lo tanto, no tiene una única solución […] el problema también involucra a algunos actores políticos, medios de comunicación y actores de la sociedad civil”. Por tanto las recomendaciones que proponen son, entre otras:

• Abandonar el término “fake news” porque no explica la complejidad de la situación y genera confusión en los debates mediáticos y políticos.

• Apoyo financiero para medios informativos independientes, verificación de datos y fuentes y alfabetización mediática e informativa.

• Un llamamiento para que las plataformas compartan los datos y que se puedan verificar.

• Petición para que las instituciones públicas a todos los niveles de la Unión Europea compartan los datos de manera rápida y eficiente cuando se lo soliciten las organizaciones de verificación de datos.

• Un Código de buenas prácticas propuesto, que incluye 10 sugerencias de principios dirigidos específicamente a las plataformas tecnológicas.

En conclusión, en mi opinión, de nuevo se mantiene la impunidad para los grandes grupos de comunicación y plataformas tecnológicas para seguir mintiendo sin ninguna medida que garantice la veracidad de la información tal y como establecen normas como la Constitución Española.

Si observamos las medidas, solo encontramos ruegos a grandes empresas para que incorporen principios éticos y más ruegos a esas empresas y a las instituciones públicas para que compartan datos para poder verificarlos. Resulta paradójico que no nos atrevamos a prohibir la mentira y tengamos como alternativa el “apoyo financiero a medios informativos independientes, verificación de datos y fuentes y alfabetización mediática e informativa”. En tiempos en los que los medios recortan gastos en investigación periodística, corresponsalías y enviados especiales ahora deberemos destinar periodistas no solo a buscar la información, sino a desmontar las mentiras.

El proyecto periodístico independiente Maldita.es, que realiza un magnífico trabajo desmontando falsedades que circulan por medios y redes a través de Malditobulo, se ha unido a este grupo de expertos y sus tesis a favor de no legislar contra las noticias falsas. Ellos han expresado su preocupación por una legislación que pueda surgir desde el PP o desde un PSOE, que han insinuado esa intención. Bajo el título Contra la desinformación: legislar no es la solución, Malditobulo lanza varias preguntas que cree se deben aclarar antes de legislar: Desde quién decidirá qué es real y qué no a quién decidirá qué se comprueba y qué no, o qué es una “noticia falsa”, o qué medidas sancionadoras se aplicarán. Por supuesto que esas cuestiones se deben aclarar, pero decidir sobre una falsedad, buscar quien la juzgue y establecer sanciones no es algo que nos deba asustar. Todos los días los jueces se pronuncian en sus sentencias sobre verdades y mentiras, e incluso en la información en lo relacionado a las injurias o las calumnias.

De lo que se trata ahora es de nuestro sistema informativo garantice a los ciudadanos la veracidad de la información que reciben. Se sigue pensando en la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho de los medios y de los periodistas y se olvida que el objeto jurídico de ese derecho es el ciudadano, y que si no se le garantiza la verdad no se estará cumpliendo. Que la mentira siga circulando es tan grave como la censura porque con ambos sistemas -mentira o censura- se consigue lo mismo: ocultar la verdad. Por otro lado, y aunque con las nuevas tecnologías todos podemos ser artífices de la mentira, quien tiene más capacidad de mentir es el poderoso porque es el que tiene más poder de fuego mediático: más influencia en internet (plataformas sociales), más periódicos, más televisiones...

La inseguridad informativa que se ha adueñado del panorama actual ha jugado a favor de los grandes proyectos desinformativos. Desde campañas falsas para promover guerras a campañas falsas para ganar elecciones mediante patrañas de los candidatos, véase Trump. Los analistas estadounidenses se indignan porque el 69 por ciento de las declaraciones de Donald Trump se han mostrado falsas, es decir, fueron mentira. Según un estudio de The Washington Post, la media es de 4,9 mentiras al día. Un estudio comparativo en la campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton mostraba que la candidata demócrata mentía tres veces menos que el republicano. Si eso era así, no resulta muy tranquilizador que la alternativa sea un presidente que “solo” mienta en el 23% de sus declaraciones. Pero, además, la lógica es que si se puede mentir con impunidad el 23% de las veces, ¿por qué no hacerlo el 69 si tampoco pasará nada y puede resultar más eficaz para engañar a la gente?

En el periodismo es igual, ¿cómo se va a poder formar una opinión cualificada un ciudadano si se pasa el día escuchando informaciones falsas en noticieros, tertulias y debates? ¿de qué le sirve a un tertuliano, un político o un periodista decir la verdad si luego el ciudadano no va a poder diferenciar su verdad de la mentira del tramposo?

No es verdad tampoco que la mentira tenga menos recorrido. Las redes han mostrado que la mentira, por su espectacularidad, sensacionalismo o sorpresa, suele terminar más difundida que una realidad aburrida, compleja o previsible.

En conclusión, el hecho de que nos fiemos del gobierno que tenemos no debería condicionarnos para pensar que sin legislación que prohíba la mentira podemos estar mejor informados o somos más libres. En el capitalismo, todo lo que no legislan nuestros representantes no es libertad es mercado. Y si dejamos que todo pueda circular, verdadero o falso sin distinción, será el mercado -y sus poderosos- el que nos imponga su versión.