La crisis sanitaria del covid-19 aun no ha acabado y podemos observar efectos colaterales. Las crisis suelen encadenarse y, en este caso, la crisis económica y social se hace cada vez más evidente, sobre todo con colectivos especialmente en riesgo de exclusión y vulnerabilidad.

Estas últimas semanas se han disparado las noticias alrededor de distintas problemáticas vinculadas con ocupaciones de viviendas en Tarragona y otras partes del territorio catalán. El leitmotiv de los titulares se ha centrado en la crisis vecinal particularmente en el ámbito de la seguridad. Y sí, la falta de seguridad es el último eslabón en una cadena de consecuencias que nacen de la orientación de las políticas sociales de nuestra sociedad.

Reducir el análisis a un factor de delincuencia tiende a buscar las soluciones en el ámbito de la seguridad, poniendo el énfasis en la violencia directa, pero sin tener en cuenta su origen: la violencia estructural y cultural. Ésta debe ponerse encima de la mesa si realmente pretendemos buscar soluciones efectivas y duraderas.

Este es el caso de los ex menores extranjeros no acompañados extutelados por la Generalitat que se han visto envueltos/as en enfrentamientos estas últimas semanas en la ciudad de Tarragona, particularmente vinculado con las ocupaciones de un edificio en el barrio del Serrallo. La problemática es muy compleja y necesita un encuadre social y sensible para analizarlo y buscar soluciones estructurales a un problema que es estructural. Las ineficaces políticas de asilo y de extranjería, las concentraciones de pisos vacíos sin movilizar ni cuidar y la dificultad de plantear políticas profundas y a largo plazo en el ámbito social se conjuran para crear una bomba de relojería que estalla a nivel local y deja a las administraciones municipales ante una madeja de tensiones, violencia y miserias.

Pero, decíamos, es estructural. Lo es porque pone en evidencia el fallo del sistema de bienestar de nuestro país, y sus límites para reaccionar frente a un fenómeno que, mal gestionado, es el caldo de cultivo perfecto para el aumento de la extrema derecha, la conflictividad social, la polarización entre ese "nosotros" y "los otros", y la proliferación de discursos de odio contra chavales y chavalas que en muchos casos no superan los 20 años.

La situación de estos jóvenes es fruto de una violencia estructural e institucional expresada de múltiples maneras. Por una parte, la Generalitat, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), expulsa del sistema a jóvenes al perder la tutela una vez llegan a la mayoría de edad. Los expulsa sin papeles, sin red social, sin trabajo y sin vivienda. De esta forma, quedan desamparados, desprotegidos, sin posibilidades de inserción social y mucho menos laboral, ya que una gran mayoría de ellos y ellas, al salir de los centros en los que se encuentran siendo menores, no tienen permiso de trabajo para poder desarrollar una vida laboral y profesional digna. Dicho sea de paso, menores que en muchos casos se han formado mientras estaban tutelados y tuteladas, pero que después, al quedar abandonados a su suerte, tienen muy pocas expectativas de proyectos vitales.

En concreto, esta falta de actuación y de programación para el pos-tutelaje, es una clara violencia estructural alimentada por las instituciones: no actuar y no dar respuesta es también violencia.

Esto es violencia estructural e institucional, porque el sistema administrativo y el sistema social les convierte en parias, en lo que Bauman llamaría “deshechos humanos” que nadie quiere aceptar que forman parte de nuestra ciudad, de nuestra sociedad. Personas en las que se suma la violencia cultural, la del racismo, la aporofobia, la xenofobia. A ello, hay que sumar el papel que algunos medios de comunicación están teniendo en la reproducción de un discurso xenófobo, con una carencia de análisis y reflexión sobre el tema que lleva a simplificar la cuestión al mero problema de la violencia directa que podemos observar en episodios como los mencionados.

En todo caso, estos episodios de violencia son fruto o consecuencia de una violencia que se ejerce sobre ellos y ellas previamente, la de su expulsión hacia la pobreza, la miseria, el riesgo, la vulnerabilidad y ser carne de cañón para mafias que promueven su delincuencia porque no tienen más remedio, no tienen acceso al mundo en el que, el resto, ubicados desde el sofá, no sabríamos que hacer sin él: sin un trabajo, sin entender muchas veces el idioma del todo, sin familia, sin padres ni madres, sin afecto, sin herramientas sociales, sintiendo de forma constante la discriminación, la mirada juiciosa y el rechazo por ser “de fuera”, por ser negro/a, por ser “moro/a”, por ser musulmán/a. Si estas chicas y chicos fueran “nuestros/as”, como le gusta expresar a la derecha para diferenciar lo nuestro de lo otro, estaríamos poniendo el grito en el cielo por el desamparo y el espacio de riesgo al que les estamos abocando.

Este sector de nuestra juventud está destinado a tener dificultades extremas para adquirir las ayudas vinculadas al programa mismo que está destinado a ellos por parte de le Generalitat, Àrea de Suport als Jóves Tutelats i Extutelats (ASJTET), por no tener la posibilidad de empadronarse, por ejemplo. Además, en una mayoría de casos pasan de estar tutelados a no tener permisos de trabajo o residencia, entre otras cuestiones vinculadas a la ley de extranjería, una cuestión fundamental ya que, “sin papeles” no tienen posibilidades de acceso al mundo laboral ni a otros recursos fundamentales. Los vecinos y vecinas sufren conductas que no se ajustan a la normalidad del barrio y, con absoluta razón, se preocupan por su seguridad, por ello es necesario poder atender a sus necesidades y demandas, para poder conseguir una buena convivencia en nuestros barrios.

Es sabido ya que la ciudadanía sufre lo que se llama en psicología social, “falsa atribución”: Identificar todos los males sociales a un colectivo o persona, vehiculando toda la violencia social que sufrimos todos los humanos. A esto, Bourdieu le llamaba la reproducción de la violencia. Así, cuando formamos parte incluso del sector de los oprimidos, buscamos un cabeza de turco que pague por nuestras miserias, fijándonos en el más vulnerable, en lugar de mirar hacia arriba y exigir para estos jóvenes lo mismo que exigiríamos para "nuestros" hijos e hijas. Estamos a tiempo de hacerlo de otra manera, cambiar las reglas del juego, y evitar este tipo de conflictos a vecinas y a jóvenes. Evitar un conflicto que no acaba en él, sino que genera unas cicatrices de distancia social muy difíciles de coser.