La exagerada respuesta de las derechas políticas al anuncio de medidas fiscales sobre los beneficios extraordinarios de la banca y las empresas eléctricas responde al intento de caracterizar como medidas radicales lo que no es más que sentido común, ya aplicado en otros países europeos. Es, en definitiva, una posición de disputa de hegemonías.

Por ejemplo, el gobierno italiano de un tal Mario Draghi (poco sospechoso de maoísta) elevó de un 10 al 25% la tasa sobre beneficio de las empresas energéticas para financiar ayudas de 14 mil millones de euros con las que poner en marcha bonos sociales destinados a trabajadoras/es y jubilados que ganen menos de 35 mil euros.

El gobierno británico (de poca raigambre trotskista de un tiempo a esta parte) impondrá un impuesto a las eléctricas para recaudar casi 6000 millones de euros con los que financiar bonos para los hogares, que oscilan entre 176 y 760 euros.

En España hay pocas materias que despejen el panorama sobre lo que es izquierda y lo que es derecha, que cualquier anuncio de carácter fiscal. En esto no discrepa el PP del presunto centro liberal de Ciudadanos, o del neofascismo de Vox. Los tres tenores de la “trampa fiscal” que defienden aparentes bajadas de impuestos (sobre todo cuando están en la oposición) que son una espada de Damocles sobre las clases populares.

Y lo son, porque reducir impuestos lleva aparejado el deterioro de los servicios públicos, las coberturas de prestaciones públicas, y en definitiva, de todas las medidas que hacen más equitativa una sociedad. El señuelo de bajar 15 euros en las retenciones fiscales de una nómina, siempre va acompañada de una rebaja fiscal de mayor calado a una gran renta o a un gran patrimonio. Con el tiempo, la pequeña nómina deberá pagar esos 15 euros multiplicados por 1000 para abonar en el mercado privado el servicio público que se deterioró, desapareció o nunca llegó a crearse. La gran renta o el gran patrimonio, no tendrá problema alguno en el deterioro de lo público porque ya utiliza lo privado.

El inexistente “infierno fiscal” español es un mantra para evitar que nuestro país pueda contar de forma permanente con los recursos necesarios para hacer políticas públicas que generen comunidad y conciencia pública.

El debate político sobre fiscalidad en España es básicamente ideológico y de pugna de relatos. No se basa nunca en ningún dato contrastado. En el debate del estado de la nación escuchábamos a la oposición acusar al Gobierno de quedarse con el incremento de recaudación que provoca la inflación para no bajar ni un impuesto. Todo es falso, todo es ficción.

Primero porque el incremento de recaudación no está vinculado mayormente a la inflación. Hasta mayo la recaudación tributaria había crecido en 15.560 millones de euros (+19,1%). De ella solo 5 puntos (4.077) son imputables a la inflación.

Tampoco es cierto que el Gobierno no haya reducido impuestos. De hecho del coste de los dos paquetes de medidas ante los efectos económicos de la guerra en Ucrania, el 78% se van en rebajas fiscales (reducciones de IVA, del impuesto de la electricidad, subvenciones a los hidrocarburos, etc.)

España recauda anualmente en torno a 5,5 puntos de PIB por debajo de la medida de la eurozona. Unos 68.400 millones de euros como ha señalado el Comité de Expertos del Libro Blanco para la reforma fiscal.

Ese enorme déficit anual supone un sector público permanentemente infrafinanciado. La carga de la deuda que genera ese déficit fiscal es un coste que se traslada a las generaciones futuras. Esa sí que es la disputa intergeneracional y no la de las pensiones. Lo que se evita recaudar hoy a las rentas altas y a los rendimientos distintos al trabajo, es una losa para quienes sufren los recortes en servicios públicos y respecto a la ciudadanía del futuro. Mantener propuestas de bajadas de impuestos con una deuda pública del 118% del PIB es una temeridad impropia de nadie que tenga una mínima consideración por la soberanía, o al menos por la autonomía democrática de su país.

Tengo para mí (y reconozco que esta es una opinión estrictamente personal) que la irracional aversión a la justicia fiscal de las derechas tiene que ver con la particular composición del capitalismo español. O para ser más preciso, por la excesiva influencia que juega el capitalismo concesional, parasitario y extractivo en nuestro panorama económico/político/mediático. El negocio concesional, de servicios privatizados y mercantilizados, con mínimo riesgo, apropiación de beneficios y socialización de pérdidas, y más especializado en modificar el precio de las cosas que en transformar bienes y servicios generando valor añadido, tiene demasiado peso en esta especie de “escopeta nacional” en la que siguen viviendo una parte no menor de la élite de nuestro país. “Servicio público deteriorado, más fácil (y rentablemente) privatizado”, podría ser su slogan.

En todo caso, y como nadie discute cuando hablamos de los Fondos Next Generation (porque vienen “de fuera”, claro), los recursos públicos -que tienen que provenir de la equidad y la capacidad fiscal- son claves para afrontar las decisivas transformaciones que nuestro modelo económico requiere en un momento de transiciones acumulativas (digital o energético/ecológica). Además de para hacer frente a las actuales consecuencias de la disparatada inflación. Por eso el Gobierno debiera ser ambicioso en la reglamentación de los impuestos anunciados, así como de la reforma fiscal estructural que necesita España.