VICENÇ NAVARRO

Según las declaraciones de Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, el sistema de pensiones públicas en España, a fin de garantizar su viabilidad, debe cambiar sustancialmente retrasando la edad de jubilación y calculando la pensión basándose en un periodo laboral más largo que el que hoy se utiliza para calcular la pensión de una persona que se jubila. Propuestas semejantes las ha hecho Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, y más recientemente el Partido Popular Europeo (al cual pertenece el PP español).

Ni que decir que tales declaraciones han sido especialmente citadas y ampliadas en los medios de información y persuasión conservadores y liberales (que son la mayoría), contribuyendo a crear una ansiedad en la población basada en el temor de que habrá recortes significativos de las pensiones, necesarios para que puedan continuar existiendo. Como era previsible, la banca y las cajas están también promocionando esta ansiedad, pues quieren que la población vaya corriendo a aquellas instituciones para comprarse seguros de pensiones privados que sustituyan o complementen las pensiones públicas.

Los argumentos que se utilizan para cuestionar la viabilidad de las pensiones, sin embargo, no tienen peso. Veamos. Almunia, para apoyar sus propuestas, hace referencia a un estudio de la Comisión Europea que señala que el gasto público en pensiones aumentará mucho más en España que en la Unión Europea. Según tal informe, España, que destinó el 8,4% del PIB a la jubilación en 2007, subirá este porcentaje hasta el 15,1% del PIB en el año 2060, porcentaje que el informe considera excesivo, puesto que España necesitará recursos públicos para otros fines –escuelas, servicios sanitarios y otros servicios públicos– que las pensiones absorberán. Esta explicación parece lógica y razonable. Parecería que España no pudiese dedicar tantos recursos, un 15,1% del PIB, en jubilaciones, pues ello significaría que habría menos recursos públicos para otros servicios y transferencias. Pero, por muy lógico y razonable que parezca, este argumento es profundamente erróneo. Y es fácil demostrarlo.

Supongamos que el crecimiento anual de la productividad es de un 1,5% (una cifra razonable utilizada incluso por el Banco de España) durante el periodo 2007-2060. En este supuesto, el PIB del año 2060 sería 2,25 veces mayor que el PIB del año 2007. Lo que esto quiere decir es que si consideramos el valor del PIB del año 2007 como 100, entonces el valor del PIB en el año 2060 será de 225. Pues bien, los recursos disponibles para gastarse en otras actividades que no sean pensiones en 2007 fue de 100 menos 8,4 (siendo 8,4 la cantidad que nos gastamos en pensiones aquel año), es decir, 91,6. Y en el año 2060 sería el 15% de un valor del PIB igual a 225, es decir, 33. Lo que quedaría para los no pensionistas sería 225 menos 33, es decir, 192, una cantidad muy superior (más del doble) a la que nos quedaba para pagar otras transferencias y servicios además de las pensiones en el año 2007. La sociedad en 2060 tendrá muchos más recursos para pagar las pensiones y todo lo demás. En realidad, el gasto en pensiones hace 50 años en España era sólo de un 3% del PIB.

Hoy es de un 8% (más del doble del de entonces), y ello no quiere decir que haya menos recursos en España para los no pensionistas que hace 50 años. Todo lo contrario, hay muchos más.

Otro error es no considerar el aumento de la población que trabaja como solución a la posible disminución de fondos de las cotizaciones sociales. Si España tuviera la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo que tiene Suecia, habría tres millones más de trabajadoras pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social. De ahí que invertir en escuelas de infancia y servicios domiciliarios que ayuden a la integración de la mujer al mercado de trabajo es una inversión pública de gran calado que los economistas del Gobierno español (la mayoría hombres de clase media alta) no habían captado hasta hace poco.

Por otra parte, el retraso de la edad de jubilación es enormemente regresivo a nivel social, pues la salud de los ancianos y la edad en que mueren depende de su clase social. Las personas que están en la decila superior de renta en España viven diez años más que las que pertenecen a la decila inferior. Y ello se debe a que el nivel de salud es mucho mejor en el primero que en el segundo grupo. Las mujeres de la limpieza del Banco de España tienen a los 60 años el mismo nivel de salud que un gobernador de tal banco tiene a los 70. De ahí que pedirle a las clases populares que trabajen todavía dos años más (algunos incluso piden cinco años más) para pagar las pensiones de las personas de rentas superiores que vivirán muchos años más es una enorme injusticia.

Pero el mayor error que Almunia, Fernández Ordóñez y el Partido Popular Europeo cometen es asumir que el sistema de pensiones puede colapsarse por falta de cotizaciones sociales. El sistema de pensiones es uno de los programas públicos más populares de cualquier país, no sólo entre los ancianos, sino entre la población adulta. Los intentos fallidos de muchos analistas que han intentado sustituir la lucha de clases por la lucha de generaciones han fracasado, pues los ancianos son los padres de los adultos y las pensiones son la garantía de estabilidad para estos últimos y sus hijos. Si las cotizaciones sociales no fueran suficientes en el año 2060 (y no hay evidencia que indique que no lo serán), el Estado podría financiarlas directamente con impuestos (como ya hacen muchos países europeos), con lo cual el que fueran o no viables no es una cuestión económica sino política. Es más que dudoso que el programa más popular existente hoy en nuestras sociedades dejara de apoyarse públicamente.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía

de la Universidad de Barcelona.

Ilustración de Enric Jardí