El anuncio de la elaboración de una ley que garantice la igualdad para las personas transexuales está provocando un debate muy vivo y no siempre muy constructivo tanto en el seno del movimiento feminista como en la política y los medios de comunicación que creo que parte de una premisa algo desenfocada: parece, por un lado, que la ley es una especie de ocurrencia de la ministra de Igualdad que sucumbe a no sé qué presiones y, por otro lado, que el reconocimiento de derechos a un colectivo indiscutiblemente discriminado viene a poder en riesgo los derechos de las mujeres.

Me resisto a creer en el feminismo no como una máquina expendedora de carnés de una determinada forma ‘válida’ de ser mujeres, en lugar de como una impugnación de todas aquellas discriminaciones cotidianas basadas precisamente en lo que se espera social y culturalmente de las mujeres. El feminismo es una carrera de fondo que si ha conseguido establecer nuevos consensos en el sentido común, en el imaginario colectivo actual, es precisamente porque ha entendido la pluralidad de las mujeres y la complejidad de esas discriminaciones.

Sobre el primer apunte que hacía, esta ley no es una ocurrencia de un ministerio para cabrear a una parte del feminismo. Muy al contrario, tiene un recorrido anterior importante: en el plano político, la Ley forma parte del acuerdo programático del gobierno de coalición, y es una reivindicación del movimiento LGTBI que en la legislatura anterior ya estuvo a punto de que lo debatiese el Congreso; además, ya hay 12 leyes autonómicas -que se han aprobado siempre con el voto favorable del PSOE, e incluso la madrileña o andaluza, de 2014, que recoge expresamente el derecho a la “autodeterminación del género”, con el apoyo del PP-. Que ahora, entre las voces discordantes, haya algunas vinculadas al PSOE -aunque también hay que destacar que muchas referentes socialistas como la histórica feminista Amparo Rubiales, o la ministra de Hacienda María José Montero, han sido claras en su defensa de que el reconocimiento de derechos a las personas trans no entra en conflicto con los derechos de las mujeres- tiene más que ver probablemente con el tacticismo de desgaste a su socio de gobierno o con su cercanía política a un sector del feminismo más tradicional e institucionalizado que quizás está preocupado por su pérdida de influencia con el relevo generacional del movimiento, que con una explicación creíble políticamente.

Sobre el segundo apunte que hacía, ¿de verdad hay alguna mujer que pueda sostener en serio que dejar de considerar enfermas a las personas que simplemente luchan por sacar adelante sus vidas sin que nadie cuestione su identidad, pone en riesgo sus derechos o “la borra” como mujer”? El problema del machismo no es genital ni genético, desgraciadamente las discriminaciones y la violencia que sufrimos las mujeres tiene que ver con una relación de poder construida social y culturalmente sobre lo que se espera de nuestra identidad como mujeres, y de la identidad de los hombres como tales. Creo que es muy peligroso confiar en argumentos más próximos al determinismo biologicista -que a mí me recuerdan demasiado a otras cosas como que “la homosexualidad es antinatural”- que a una reflexión seria y profunda sobre la desigualdad. Yo me quedo con aquello que decía nada menos que Simone de Beauvoir, “No se nace mujer: se llega a serlo”, para ilustrar la complejidad del peso de la discriminación que sufrimos como una losa cultural y social construida.

Cuando se habla de “la autodeterminación de género” no nos estamos refiriendo a una especie de “capricho arbitrario” de cómo se siente cada cual según se ha levantado ese día, sino del reconocimiento de algo tan básico como ser uno mismo, una misma, sin que te traten como una persona enferma. Nadie elige con frivolidad una identidad de género diferente a la que se espera de él o de ella cuando nace. Cualquiera que conozca de cerca la realidad de las personas trans sabe que de lo que estamos hablando es sencillamente de dejar de cuestionar la identidad misma de cada cual.

Muchas de las cosas que se están diciendo como crítica la ley son inexactas o directamente no existen, porque para empezar ni siquiera tenemos un borrador de esa ley, que está en proceso de consulta pública previa, recogiendo aportaciones. No es verdad, como ha propagado Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, que se pretenda hormonar masivamente a niños y niñas desde edades muy tempranas, ni nada de eso está sobre la mesa: de lo que se trata es de cosas tan sencillas, tan pequeñas, tan inofensivas para el conjunto de la sociedad pero tan importantes para una niña trans en concreto, por ejemplo, como que en el colegio se la llame por su nombre sentido.

Un informe reciente de Médicos del Mundo señala que el 80% de las mujeres trans están excluidas del mercado de trabajo. Esta realidad de extrema precariedad se explica en el machismo estructural en que vivimos: porque la identidad de estas mujeres choca de bruces contra las fronteras del patriarcado, contra los esquemas de lo que se presupone que es el género. Frente a ello, no hay dicotomía posible: los derechos de las personas trans son ineludiblemente una cuestión feminista. Y un país sensible a sus injusticias y comprometido con removerlas y superarlas no puede vivir de espaldas a ello.

Los avances de derechos humanos siempre han traído resistencias. Es una pena que en este caso esas resistencias se hagan en nombre de una parte del movimiento feminista. Pero no solo. A mí como feminista me preocuparía, y mucho, coincidir con el argumentario de VOX, el partido más reaccionario respecto a los derechos de las mujeres.

Desde la Unión de Autónomos UATAE lo tenemos claro y por eso nos hemos pronunciado haciendo llegar al Ministerio de Igualdad nuestras aportaciones a ese debate. Bienvenida la elaboración de la ley trans. Bienvenida esa sororidad que las mujeres hemos aprendido en la batalla diaria del feminismo: unidas y diversas somos más fuertes y más libres.