Virginia Rodríguez Bartolomé

Coordinadora de investigación de la Fundación porCausa

“¡No más muertes en las fronteras! ¡Ningún ser humano es ilegal!”. Estas fueron las consignas del centenar de personas que se congregaron en la tarde del pasado lunes 6 de febrero frente a la sede del Ministerio de Exteriores, en el centro de Madrid. Catorce lápidas de cartón piedra reivindicaban la memoria de las catorce personas que murieron hace tres años, en su intento de llegar a España rodeando a nado el espigón de la playa de El Tarajal, en Ceuta. Para evitar la entrada irregular de estos inmigrantes en la Ciudad Autónoma, la Guardia Civil empleó material antidisturbios (botes de humo y pelotas de goma) con un resultado mortal.

A diferencia del segundo aniversario, la reapertura del caso dictada por la Audiencia Provincial de Ceuta, el pasado 12 de enero, ha dado un respiro a la impotencia que provoca la impunidad imperante en todo lo que tiene que ver con la frontera entre España y Marruecos. Se va a investigar lo sucedido para determinar quién es responsable de estas muertes. Se trata de un pírrico pero esperanzador avance, teniendo en cuenta que el punto de partida es el todo vale con el que, en el auto de sobreseimiento dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Ceuta, el 15 de octubre de 2015, se llegó a responsabilizar a los ahogados de su propia muerte:

“Los inmigrantes asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil. De las grabaciones se constata que la avalancha de inmigrantes se desplazaba en bloque corriendo desde lo alto de un monte dirección al mar y que en el trayecto las fuerzas marroquíes intentaron detenerlos con piedras y palos”.

La cuestión es que estas conclusiones se alcanzaron a partir de una investigación que, según el auto judicial que hace unos días invalidaba este sobreseimiento, "no ha alcanzado por diversos motivos los grados de suficiencia y eficacia que serían exigibles".

Resulta complicado hacer comprensible el lenguaje jurídico y sus consecuencias, pero los dos extractos reproducidos son meridianamente claros. El primer auto acredita el efecto devastador de los prejuicios en torno a la migración irregular, presentes en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Cuando dichos prejuicios llegan a permear la administración de justicia, hacen posible la impunidad por catorce muertes. El segundo recuerda que las reglas del juego procesal son las mismas para todos, y que de lo que se trata es de poder probar con todas las garantías de un juicio justo los hechos relevantes que concurrieron cuando catorce personas perdieron la vida tratando de llegar a España.

Este es, apenas, un mínimo paso en la buena dirección, que da un respiro para afrontar todos los que le quedan por andar a “un pueblo que se indigna cada vez que se vulneran los derechos humanos de las personas”, tal como expresa el manifiesto leído en los actos de protesta del pasado lunes. Así se escuchó tanto en el Congreso de los Diputados español como en el pueblo camerunés de Douala, de donde procedían varios de los chicos ahogados.

Las familias de las víctimas esperan un fin a la impunidad que les procure reconocimiento, verdad, justicia y reparación, devolviendo con ello la dignidad a la sociedad que permite que la muerte sea el precio a pagar por tratar de formar parte de ella. Los muertos nunca la perdieron.