Las protestas de muchos fotoperiodistas y del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) en las redes sociales, cuando el Ayuntamiento de Madrid les comunicó que el domingo 12 de febrero no les permitirían subir con sus cámaras al mirador del palacio de Cibeles -desde donde podrían tomar las mejores imágenes de la manifestación en defensa de la Sanidad pública-, han tenido esta vez un efecto positivo: finalmente pudieron acceder a esa terraza, en la planta séptima.

La intención del Ayuntamiento de repetir lo que ya hizo en la primera manifestación masiva en defensa de la Sanidad pública, el pasado 13 de noviembre, demuestra una falta de respeto al derecho constitucional de la ciudanía a recibir información veraz inadmisible en una democracia. Impedir, limitar u obstaculizar de una u otra manera el trabajo de los profesionales de la información no solo perjudica directamente a esos profesionales sino también a la ciudadanía, una ciudadanía que el próximo 28 de mayo debe decidir quién gobernará la corporación municipal madrileña los próximos cuatro años.

A muchos políticos se les llena la boca de frases en defensa de ese derecho de la ciudadanía y lo defienden a capa y espada en sus declaraciones, pero después quieren controlar los informativos de las televisiones públicas, presionan a periodistas y medios afines para que no difundan informaciones que no les gustan, la ultraderecha los veta en sus convocatorias...

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su equipo de Gobierno saben que los fotoperiodistas que suben a ese mirador no lo hacen para contemplar una vista panorámica de la ciudad, como los turistas: van a hacer su trabajo y cumplir con su obligación de informar a la ciudadanía. Y eso no se debe impedir ni obstaculizar nunca; al contrario, las administraciones públicas deben facilitar el trabajo de los profesionales de la información.

El pasado 13 de noviembre, en la primera manifestación masiva convocada por el mismo motivo, no se permitió el acceso de los fotoperiodistas a ese mirador, en contra de la costumbre habitual en las concentraciones que se celebran en esa plaza para celebrar triunfos deportivos, la cabalgata de Reyes o cualquier otro evento. Algunos lograron acceder como si fueran turistas, pagando la tarifa establecida. En la manifestación del 21 de enero en contra de las políticas del Gobierno de coalición progresista, convocada por numerosas organizaciones y apoyada por el PP, Vox y Ciudadanos, pudieron acceder sin ningún problema.

En previsión de que el 12 de febrero ocurriera lo mismo que en noviembre, el Sindicato de Periodistas de Madrid preguntó con antelación al Ayuntamiento qué requisitos exigiría a los fotoperiodistas para acceder a esa terraza. Los servicios de prensa respondieron con las normas que aplican en estos casos y, el día 1 de febrero, el sindicato informó de ellas a su afiliación.

En cumplimiento de esas normas, varios fotoperiodistas solicitaron ser acreditados y, ¡oh, sorpresa!, recibieron como respuesta un mensaje en el que les decían que ese domingo "el Ayuntamiento de Madrid NO habilitará la terraza situada en la 7ª planta de CentroCentro". Nada más. Ninguna explicación de los motivos por los que precisamente ese día no podrían subir a una terraza a la que en otras ocasiones sí lo hacen, excepto en la manifestación del 13 de noviembre también en defensa de la Sanidad pública.

El SPM y muchos fotoperiodistas denunciaron la arbitrariedad de esa injustificada y arbitraria decisión. La concejala independiente del Grupo Mixto Marta Higueras se hizo eco de esas denuncias y presentó un escrito en el juzgado de guardia, en la mañana del sábado 11, en el que solicitó al juez que adoptara la medida cautelar urgente de suspender lo que era una decisión por vía de hecho del Ayuntamiento y le ordenara permitir el acceso de los fotoperiodistas al mirador.

Esa misma tarde, unas horas después, Marta Higueras recibió la resolución del juez de guardia Juan Javier Pérez Pérez, que resolvió no admitir a trámite la petición de adoptar las medidas cautelarísimas solicitadas porque, cuando se trata de un asunto contencioso-administrativo como es este, la petición debe ser presentada en el horario hábil de los juzgados de lo contencioso y no un sábado en el juzgado de guardia. Es decir, que la concejala debería solicitar esas medidas el lunes 13 de febrero, pero ya no serviría de nada porque la manifestación se habría celebrado el día anterior. Increíble, pero cierto.

Marta Higueras explica en su escrito que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se solicita la adopción de medidas cautelares urgentes en un asunto que no ha sido distribuido por reparto a un juzgado concreto para su instrucción, corresponde al juez decano adoptarlas en el caso de que, de no hacerlo, se pudiera quebrantar un derecho o producir un daño grave e irreparable. Añade que, según un acuerdo del pleno del Consejo General del Poder Judicial de 2005 esos asuntos urgentes e inaplazables debe resolverlos el juez de guardia en sustitución del decano.

Como respuesta, el juez de guardia dictó un auto de tres folios en el que explica que la ley le atribuye la competencia como sustituto del juez decano para resolver los asuntos urgentes e inaplazables que sean presentados fuera de las horas hábiles, pero únicamente cuando se refieran a estas materias: autorización de entradas en domicilios, medidas sanitarias urgentes y necesarias para proteger la salud pública, y medidas cautelares en materia de extranjería, asilo político y condición de refugiado que impliquen expulsión, devolución o retorno. Por eso no ha admitido a trámite la petición de la concejala.

Marta Higueras podría haber recurrido esa decisión, pero no lo ha hecho porque cuando hubiera presentado el recurso, en horas hábiles, la manifestación ya se habría celebrado.

A pesar de la negativa del juez de guardia a admitir a trámite esa petición y estudiarla -para adoptar las medidas cautelares solicitadas o para denegarlas-, las protestas en las redes sociales esta vez han sido útiles. Ahora habrá que esperar para ver si, por mucho que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su Gobierno se empeñen en minimizar la manifestación del domingo y la califiquen de una protesta política de la izquierda radical y comunista, esa expresión masiva del descontento de la ciudadanía tiene efectos positivos en beneficio de la Sanidad pública.