Martiño Noriega, Manoel Santos y David Rodríguez

Miembros de Anova Irmandade Nacionalista

Decíamos hace dos meses en Segovia, en la universidad de verano organizado por las compañeras de Izquierda Anticapitalista, que en el país de donde venimos empleamos como puerto refugio de supervivencia la retranca. Definíamos la misma como una especie de ironía revolucionaria de baja intensidad que a veces en la meseta se confunde con la duda. De esa retranca tiró Siniestro Total hace 30 años cuando publicó el disco Menos mal que nos queda Portugal.

Cuando hablamos de la estructura territorial del Estado es importante sacar el foco de la cuestión para intentar ganar en perspectiva, empleando por tanto este concepto como estación de partida y enunciando en ese comienzo una enmienda a la totalidad. Me explico. Para nosotros hoy es más evidente que nunca que los que negociaron la mal llamada transición o cierre en falso del 78 fracasaron en la tentativa de resolver el encaje de las cuestiones nacionales con la “concepción territorial del Estado”, que es como se rotula el Título VIII de la Constitución. La organización territorial es una cuestión de derecho administrativo y no de derecho político ni de teoría del Estado. Nosotros somos los que pensamos que no hay un problema territorial, hay un problema político. Tratar de reducir las naciones sin Estado a simples territorios es una absoluta falacia y explica entre otros motivos el absurdo debate o choque de trenes que se da en el caso de Catalunya, entre los que defienden el corsé legal administrativo y los que apuestan mas allá de eso, por intentar expresar la voluntad política de una nación en un evidente ejercicio furtivo de autodeterminación.

Todo esto ocurre en un contexto donde, a nivel de Estado, para garantizar el pago de una deuda ilegítima se nos ha pautado austeridad con la finalidad de hacernos, dicen, mas competitivos. La competitividad de la esclavitud, donde nuestros hijos vivirán peor que nosotros y donde trabajar no te garantiza vivir con dignidad. Todo esto coincide con un Estado que ha dilapidado la soberanía por la vía de la barra libre (derivando la misma a ámbitos superiores a los del marco estatal, como pueden ser los acuerdos de libre comercio, la UE y las cumbres internacionales) pero curiosamente niega las expresiones identitarias que malviven en su interior.

Los poderes fácticos han comenzado a buscar una ampliación contractual sin concurso público. El PSOE cambia de voz pero no cambia de políticas socio-liberales, el PP habla de regeneración sobre bases de corrupción estructural y la monarquía cambia de cara pero no de corona. El trío de la gran coalición tiene hoja de ruta.

Por eso, hablar de reforma en estas condiciones a nuestro entender es hablar de una partida con las cartas marcadas donde quien defiende esa posición defiende cambiar algo no sustancial para que todo siga igual. Hablar de reforma sería como hablar de una amputación de un brazo, en un organismo con gangrena generalizada y respiración asistida.

La única alternativa que puede generar un contrapoder contra el estado de las cosas es la de un proceso constituyente de procesos constituyentes donde la acumulación de fuerzas en el espacio de la izquierda rupturista (acumulación no solo partidaria, acumulación en torno a un programa y a un método) garantice también el derecho de autodeterminación o derecho a decidir de las naciones que componen el Estado.

Nosotros sabemos de lo que hablamos porque lo hemos llevado a la práctica desde Anova en Galiza. Si en algo se considera que fue pionera Anova es en poner negro sobre blanco, antes que nadie, lo que hoy toda la izquierda del Estado español está, de una manera o de otra, expresando: la necesidad de la confluencia, de la unidad popular, de la lucha común por aquellos objetivos que pueden ser comunes. De alguna manera AGE fue un proyecto pionero que hay que poner en valor, porque llevó a la práctica una experiencia de unidad de la izquierda en un país de la periferia de la periferia y, al mismo tiempo, logró una confluencia que parecía imposible en Galiza entre nacionalistas y federalistas en la búsqueda de objetivos comunes en los que la defensa de la mayoría social agredida fue el eje rector de la actuación política y el respecto a la libre decisión de los pueblos, un elemento aglutinador y no de disenso.

La cuestión de la estructura territorial del Estado no se resuelve, por lo tanto, eligiendo entre una “España roja o una España rota” como alternativa a lo existente. La cuestión se resuelve interiorizando en el discurso de la izquierda rupturista la pluralidad nacional del Estado y la necesidad de poner estas expresiones nacionales y su derecho a decidir en el eje de rotación de una izquierda antitética al estado actual de las cosas. Cualquier izquierda hoy debe ser local e internacionalista. Hoy tenemos que actuar y pensar localmente (en el sentido de que tenemos que aspirar a ámbitos de decisión propios ) y tenemos que pensar y actuar globalmente (en el sentido de que necesitamos alianzas con el resto de los movimientos emancipadores vecinos para domesticar a esa bestia salvaje que es el capitalismo globalizado).

Mucha gente de manera interesada habla del derecho de autodeterminación equiparándolo a la independencia. No seremos nosotros quienes neguemos la posibilidad de que se adopte legítimamente una posición colectiva de independencia si a una nación se le da la posibilidad de decidir su futuro. Las mismas posibilidades existen de que se adopte un modelo confederal e incluso, puestos a soñar, una confederación ibérica que supere los marcos del Estado (todo con tal de que no seamos tan solo nosotros, los gallegos, los que cantemos al final “menos mal que nos queda Portugal”).