Ignacio Ramonet

Periodista y escritor. Director de ‘Le Monde Diplomatique’ en español

Además de sus efectos asesinos, el terrorismo posee la perversa facultad de poner en crisis cualquier sistema político, incluso el más democrático (1). En vísperas de las elecciones presidenciales de mayo 2017 y en el tenso contexto actual de las primarias, Francia lo está experimentando en este momento. Sometida a una ola de odiosos atentados yihadistas desde hace casi dos años, la nación francesa ve cómo una serie de dirigentes políticos de derechas y de extrema derecha compiten en proponer, en nombre de una “guerra santa contra el terror”, un catálogo de “medidas antiterroristas” que, sin garantizar el cese de la violencia, podrían poner en peligro el carácter democrático de la República.

El ex presidente Nicolas Sarkozy y varios responsables importantes de su partido Les Républicains (conservador) –Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, etc.– no dudan, por ejemplo, en proponer que “mediante una simple decisión administrativa, se detenga y coloque en encierro vigilado a personas que todavía no han cometido ningún crimen o delito pero cuya peligrosidad es conocida por los servicios de inteligencia” (2).

En cualquier régimen democrático auténtico, semejante propuesta constituye una aberración (3). Principalmente porque, en un Estado de derecho donde se respeta la separación de poderes, no se puede detener y encerrar a un ciudadano por una simple “decisión administrativa” (4). Como lo explica el jurista francés Michel Tubiana, presidente de honor de la Liga de los Derechos Humanos (LDH): “La Constitución francesa prevé, en su artículo 66, que sólo la decisión de un juez puede permitir encerrar a alguien, ya sea en una cárcel o en un centro de retención. Eso no lo puede decidir una autoridad administrativa, ni siquiera el Gobierno”.

Por otra parte, la Constitución también prohíbe detener a alguien que todavía no ha cometido delito alguno. Y el Consejo de Estado (5) ha estipulado que, a título preventivo, las autoridades sólo pueden vigilar, no arrestar ni castigar. Lo contrario significaría desconocer la independencia del poder judicial y retroceder a épocas anteriores al habeas corpus, establecido en Inglaterra en 1679, que prohíbe los arrestos arbitrarios y afirma el derecho de toda persona a conocer por qué se la detiene y de qué se la acusa.

Con la intensificación de la “guerra contra el terrorismo”, las autoridades francesas han identificado nada menos que a unos 20.000 individuos sospechosos... Cada uno de los cuales se halla, en principio, bajo vigilancia y es objeto de una “ficha S” (“S” por “Seguridad de Estado”) (6) establecida por la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), equivalente al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en España.

Obviamente, no todos esos 20.000 individuos fichados como “S” son potenciales terroristas. El verdadero número de sospechosos que tendrían relación con el movimiento yihadista radical y que estarían dispuestos a cometer un acto de violencia criminal no se conoce con exactitud. Según el primer ministro, Manuel Valls, no serían sin embargo menos de 10.500... Pero según el Fichero de los Señalamientos para la Prevención de la Radicalización de carácter Terrorista (FSPRT) (7), serían más bien unos 15.000 (8), de los cuales más de 4.000 estarían a punto ya de pasar al acto (9)... O sea, estamos hablando de cifras muy considerables: miles de personas dispersas a través del conjunto de la geografía francesa y listas para cometer, en cualquier momento, todo tipo de atentado criminal…

A esto hay que añadir los cerca de 2.000 franceses que, como “voluntarios yihadistas”, han ido a incorporarse a las filas combatientes de Daesh en los territorios del “califato sirioiraquí”. De los cuales unos 200 habrían muerto. Pero se teme que varios centenares de los que sobrevivan a las actuales ofensivas aliadas en Siria e Irak regresen a Francia con irrefrenables deseos de sembrar la muerte...

Ante tan peligrosas perspectivas, se entiende que haya debate sobre qué hacer para rebajar el nivel de la amenaza yihadista interior. Por eso, las fuerzas más conservadoras están proponiendo que se encierre ya a los miles de sospechosos fichados como “S”... Uno de sus principales argumentos a favor de esa medida es que muchos de los yihadistas que cometieron atentados en los últimos meses en Francia estaban fichados como “S”, pero no se les detuvo... Por ejemplo, los hermanos Kouachi, que asesinaron a gran parte de la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo; o Amedy Coulibaly, que atacó una tienda kosher y mató a varias personas de confesión judía; o Yassin Salhi, que decapitó a su patrón en Saint-Quentin-Fallavier; o Larossi Abballa, que degolló a una pareja de funcionarios del Ministerio del Interior; o Abdel Malik Petitjean, uno de los asesinos de un sacerdote católico en Saint-Étienne-du-Rouvray... Todos ellos estaban fichados como “S”, es decir, “peligrosos para la seguridad del Estado”, pero se hallaban en libertad... y consiguieron matar.

Por eso, algunos dirigentes políticos reclaman ahora, en Francia, la creación urgente de “centros de retención o de internamiento” donde se encerraría a estos miles de personas del “entorno yihadista”, consideradas como muy peligrosas. Tanto los defensores de esta solución como sus detractores citan el controvertido caso de Guantánamo como ejemplo, según unos, de lo que una democracia debe hacer para su legítima defensa; o como modelo, según otros, de lo que precisamente nunca debe hacer para no perder su alma.

Guantánamo Bay Naval Base, como se sabe, es una base militar estadounidense situada en territorio de soberanía cubana, alquilada por Washington a La Habana en el marco del desigual tratado leonino de 1903. El Gobierno cubano la considera “territorio ocupado” y reclama su restitución. A principios de los años 1980, el presidente George H. Bush (padre) utilizó las instalaciones de la base para establecer, por primera vez, un centro de internamiento destinado a los miles de refugiados haitianos “sin papeles” que intentaban entrar en Estados Unidos. Unos años después, el presidente Bill Clinton hizo lo mismo con una oleada de emigrantes cubanos. En los dos casos, las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos denunciaron la violencia de ese tratamiento contra refugiados civiles “sin papeles”.

Lo cual no impidió que, a raíz de los atentados yihadistas del 11 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush decidiera, en nombre de la “guerra santa contra el terrorismo”, crear en Guantánamo una suerte de penal especial para los prisioneros pertenecientes a la organización yihadista Al Qaeda. La razón principal de la elección de Guantánamo fue que, al no tratarse de territorio estadounidense, el derecho penal de Estados Unidos no tiene vigencia en ese lugar y no puede, por consiguiente, proteger a los prisioneros. Cuando le preguntaron a Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa, por qué habían elegido la base de Guantánamo, respondió: “Porque es el cosmos... Allí, las leyes de Estados Unidos no se aplican”. Por otra parte, Washington decidió no aplicar tampoco las Convenciones de Ginebra a los yihadistas detenidos, considerando que “la guerra contra el terrorismo” no era una conflicto convencional y que los “asesinos de la peor especie” allí encarcelados no merecían mejor suerte.

De tal modo que toda persona recluida en las instalaciones del penal de Guantánamo Bay nunca ha visto a un abogado, y se halla desprovista de cualquier tipo de derecho y a merced de la arbitrariedad de las autoridades militares estadounidenses. De hecho, se trata de un islote de iniquidad medieval en el mundo contemporáneo. Lo cual permitió que los prisioneros (procedentes a menudo de “cárceles secretas” y transportados en “vuelos secretos” de la CIA) fuesen torturados, golpeados, colgados de manos y brazos, privados de sueño, sometidos a interrogatorios de varios días seguidos y a la agresión permanente de música ensordecedora. El mundo entero ha denunciado la monstruosidad jurídica que constituye Guantánamo.

Por eso, apenas electo en 2008, el presidente Barack Obama, profesor de Derecho Constitucional, prometió cerrar ese “agujero negro” de la Justicia. Pero ocho años después, cuando está a punto de abandonar el cargo, constatamos que no ha podido hacerlo. ¿Por qué? Primero, porque el Congreso se opone a ello. Segundo, porque la mayoría (un 52%) de la opinión pública tampoco lo desea. Y finalmente, porque de los 779 presos que fueron enrejados allí, 710 ya fueron liberados (lo cual significa que no eran tan “asesinos de la peor especie” como se pretendía) (10) y sólo quedan 61 detenidos (11).

Esos 61 se dividen en tres grupos: un primer grupo de 10 presos condenados por una Comisión Militar que no es reconocida por la Justicia estadounidense; un segundo grupo de 20 presos que van a ser liberados pero aún no se ha decidido a qué país o países se van a entregar; y un tercer grupo de 31 presos con los cuales el Gobierno estadounidense no sabe muy bien qué hacer. El presidente Obama ha declarado: “Estos 31 detenidos constituyen un caso bien peliagudo. Sabemos que han actuado mal y que siguen siendo extremadamente peligrosos, pero no podríamos presentar pruebas convincentes contra ellos ante un tribunal de justicia ordinario”. No podrían porque esas “pruebas” fueron obtenidas mediante tortura, y cualquier tribunal las consideraría nulas…

Por consiguiente, el destino de ese grupo de 31 presos que no puede ser liberado, ni transferido a una cárcel militar en territorio estadounidense, ni entregado a un país de acogida, será morir en el penal de Guantánamo Bay... Quizás algunos de ellos se lo merezcan por los odiosos atentados que cometieron. Pero, para Estados Unidos, como democracia, eso va a significar, para las próximas décadas, una permanente violación de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos.

¿Cómo podría Francia, patria de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptar tan indignante modelo en nombre de una “guerra santa contra el terror”?

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(1) Léase Ignacio Ramonet, “Frente al terrorismo”, Le Monde diplomatique en español, agosto de 2016.

(2) Cable AFP, París, 18 de julio de 2016.

(3) Israel es el único Estado democrático que, en virtud de una ley de excepción heredada de la época colonial británica, aplica las “detenciones preventivas” que le permiten encarcelar, en el marco de la “guerra contra el terrorismo”, a un individuo sin acusación formal y sin juicio. Según la ONU, de los 7.000 palestinos privados de libertad en Israel, unos 700 se encuentran en “detención administrativa”. Las autoridades israelíes justifican esas medidas basándose en una interpretación singular de un artículo de la 4ª Convención de Ginebra. Varias ONG humanitarias han denunciado esa interpretación.

(4) Excepto casos contados relacionados con la psiquiatría.

(5) En Francia, el Consejo de Estado es la más alta autoridad administrativa.

(6) La ficha “S” es una subcategoría del Fichero de Personas Buscadas (FPR, por sus siglas en francés). También hay fichas “M” (por “menores en fuga”), fichas “V” (por “evadidos”) y fichas “T” (por “deudores del Tesoro Público”).

(7) Creado en marzo de 2015, el FSPRT permite a la Unidad de Coordinación de la Lucha Anti-Terrorista (UCLAT) centralizar toda la información que resulta de los señalamientos que le llegan a través del Centro Nacional de Asistencia y de Prevención de la Radicalización (CNAPR).

(8) Entre los cuales habría unos 2.000 menores de edad.

(9) Léase Le Journal du Dimanche, París, 9 de octubre de 2016.

(10) Muchos de ellos eran civiles inocentes capturados por aventureros que los vendieron como “terroristas” a las autoridades militares estadounidenses. Otros fueron declarados “terroristas” simplemente porque llevaban en la muñeca un reloj de marca Casio, modelo F91W, que, según el Pentágono, era el tipo de reloj que Osama Ben Laden regalaba a los mejores combatientes de Al Qaeda...

(11) Ocho detenidos se suicidaron.