RAFAEL ESCUDERO ALDAY

El juicio que en el futuro se haga a la democracia española deberá tener en cuenta su incapacidad para erradicar de la esfera pública todos los restos del franquismo. Más de 30 años después, las tibias políticas de memoria histórica del Estado español no sólo no han logrado devolver la dignidad a las víctimas, sino que tampoco han instaurado en la ciudadanía una cultura jurídica y política plenamente democrática. Este déficit contribuye a que en nuestras instituciones subsistan hoy esos “focos de supervivencia” del franquismo de los que advierte Carlos Jiménez Villarejo. Son las sombras del franquismo, que se proyectan sobre la esfera pública y afectan a sus integrantes.

Uno de estos focos resiste aún en la universidad española. Sabido es que la dictadura franquista provocó “el atroz desmoche” (véase el libro así titulado de Jaume Claret) en los cuerpos docentes universitarios. Las mejores cabezas de la época fueron aniquiladas, depuradas o tuvieron que marchar al exilio. Ello generó un páramo científico e intelectual; un vacío que fue rápidamente ocupado por los partidarios de la dictadura, quienes no dudaron en servirse de la universidad como instrumento para sus fines políticos y personales. La ciencia fue sometida a la ideología fascista, primero, y nacional-católica, después. Y los principios de mérito y capacidad en la selección del profesorado se sustituyeron por la adhesión inquebrantable al régimen dictatorial.

Fueron demasiados los años durante los que se reprodujo y potenció este sistema. Aunque con el transcurrir de la dictadura la universidad se convirtió en un semille-

ro de la oposición democrática y no pocos de sus miembros pasaron después a desempeñar cargos de gobierno en las propias universidades, no se consiguió terminar con la herencia del franquismo. Quizá fuera un tanto ingenuo pensar que prácticas tan enraizadas iban a desaparecer de un día para otro. Máxime cuando no se produjo una depuración de los integrantes de la eufemísticamente llamada “vieja escuela” quienes, tras la muerte del dictador –y los días de luto oficial–, continuaron dando clase y ejerciendo su poder como si nada hubiera pasado.

Mucho es lo que ha avanzado la universidad española desde entonces, pero largo es el camino que le queda todavía por recorrer para convertirse en un espacio libre de ese autoritarismo que, más descarada que sibilinamente, se deja sentir en sus estructuras organizativas y de gobierno. En su interior a veces pesa más la jerarquía y el temor reverencial a la autoridad que la libre discusión racional de los argumentos en juego. A ello contribuye que las escuelas sigan siendo el elemento básico de reclutamiento y promoción del personal docente e investigador. Por supuesto que nada obsta a que los profesores se agrupen por afinidades temáticas, metodológicas o ideológicas, pero frecuentemente bajo esa fórmula se generan reinos de taifas, presididos por criterios ad hoc de índole más personal que profesional, donde a sus integrantes se les exige lealtad y adhesión a los principios no del Movimiento Nacional, sino de la propia escuela. Salvo honrosas excepciones, funcionan con pretensión de hegemonía, vetando el acceso a la carrera universitaria a quienes no pertenezcan a ella e instaurando sin rubor la dialéctica del “amigo-enemigo” que los teóricos del franquismo aprendieron de Carl Schmitt.

Y qué decir de la igualdad de género. Las mujeres son mayoría en la universidad, sí, pero esa mayoría no se traslada simétricamente a los núcleos de poder, es decir, a los lugares donde se toman las decisiones que van a conformar la realidad presente y futura. En general, el número de hombres es desproporcionadamente superior al de mujeres en cátedras, cargos y tribunales de oposiciones, por citar los ejemplos más significativos.

Hoy, la universidad española vive bajo los efectos del Plan Bolonia, un proceso que está llamado a converger con el resto de Europa y a elevar el nivel de nuestras enseñanzas. Contadas son las universidades que están desarrollando este proceso de forma transparente, abriendo canales de diálogo con docentes, personal y alumnos que permitan la participación real de la comunidad universitaria en asuntos de su incumbencia. No es esta la tónica general. La implantación de los nuevos títulos, el diseño de la carrera docente y la regulación de las relaciones laborales en la universidad recuerda sospechosamente a esa forma de gobernar “por decreto” típica de la dictadura.

Lo que sucede con el Plan Bolonia no es más que una manifestación de esa aversión a la política que profesaba el franquismo. En este sentido, de tanto en cuando se escuchan voces autorizadas que reclaman la salida del ámbito universitario de lo político, lo asociativo o lo sindical. Se afirma que la universidad ha de ser el espacio de la excelencia científica y no contaminarse por debates de tintes ideológicos. El de la excelencia funciona como un nuevo credo, un ideal no ideologizado que ha de permanecer al margen de cuestiones terrenales como la política. A sus apologetas cabría recordar las palabras del jurista Hans Kelsen, quien basaba la supremacía moral de la democracia y la libertad en su capacidad de generar mayores avances científicos. Sigamos su criterio: profundicemos en más y mejores prácticas democráticas, ya que sólo así podremos alcanzar la excelencia en nuestros campus.

Rafael Escudero Alday es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid

Ilustración de Jordi Duró