ÁVARO CUESTA

En un claro intento de recabar el mayor número de votos posibles en el mercado de las emociones, el Partido Popular lleva varios días dedicado a lanzar propuestas poco respetuosas con los principios constitucionales. Quizá la más sorprendente sea el mal llamado contrato de integración.

Ha sido el propio Rajoy quien, al exponer algunos de los principios del contrato, no ha dudado en manifestar, con gran falta de rigor, que se trata de una medida vigente en muchos países europeos, cuando la realidad es que la propuesta se basa única y exclusivamente en el contrato de acogida e integración francés.

Hemos de explicar a los ciudadanos que en países como Alemania, Holanda o Reino Unido, citados por el líder popular, no existe tal contrato. Francia ha sido el único que incorporó el contrato de acogida e integración a través de una reforma legislativa en el año 2006, en virtud de la cual los inmigrantes se comprometen a participar en una sesión formativa en los valores de la República.

En el primer grupo de países lo que sí existen son exámenes de integración (concretamente en Holanda y Reino Unido) o cursos de integración (como en el caso de Alemania) para aquellos extranjeros que deseen nacionalizarse o residir en el país de forma permanente.

Estos exámenes exigen el conocimiento de los valores cívicos y constitucionales que rigen sus ordenamientos jurídicos.

Los deberes y obligaciones de los inmigrantes que residen en España son los mismos que los de los españoles, y todos ellos se resumen en uno: el estricto cumplimiento de la legalidad vigente por parte de todos, inmigrantes y autóctonos.

Hacer demagogia resulta sencillo, sobre todo si lo que se pretende es convencer a la ciudadanía de que el respeto al ordenamiento jurídico sólo se garantiza por un contrato. Sin embargo, hacer demagogia desde la estigmatización de los inmigrantes es algo más grave: a ello contribuye quien prejuzga el incumplimiento de la ley por parte de quienes llegan a España con el propósito de labrarse un futuro más esperanzador, ignorando su valiosa aportación a nuestro desarrollo económico.

Los socialistas apostamos por la educación en valores constitucionales como instrumento idóneo para incentivar el conocimiento, el respeto y la valoración positiva de los principios constitucionales y los derechos y deberes fundamentales. Un contrato es papel mojado si los que lo acuerdan desconocen su contenido.

La Ley Orgánica de Educación, aprobada por el Gobierno socialista, ofrece importantes instrumentos para ello. La puesta en marcha del Plan Estratégico de Ciudadanía y Convivencia tiene el mismo fin, a lo que debe sumarse la intensa actividad que están desarrollando muchos ayuntamientos, de los que son buen ejemplo Hospitalet, Fuenlabrada o Getafe, en la acogida e integración, el refuerzo educativo, el apoyo y formación de modo singular a mujeres y menores.

Pocos son los contenidos que el Partido Popular ha desvelado en su propuesta. Al deber de pagar impuestos, conocer la lengua y respetar las costumbres de los españoles se suma la necesidad de evitar “la mutilación genital femenina, la lapidación y la poligamia”. Se olvida el señor Rajoy que el verdadero “patriotismo constitucional” al que se refería Habermas, y que constituye la identificación de todos los miembros de la comunidad con los valores e instituciones democráticas, tiene como punto de referencia la Constitución de 1978, y es el instrumento más eficiente para combatir aquellas prácticas que contrarían nuestro ordenamiento jurídico.

Se le olvida también al señor Rajoy que la pluralidad de convicciones, creencias o ideologías, e incluso de costumbres, que coexisten en el marco de convivencia diseñado por la Constitución, es uno de los valores superiores del ordenamiento y a la vez constituye un rasgo característico de la España actual.

El respeto de la pluralidad y de sus diferentes manifestaciones requiere de un consenso en torno a una serie de valores comunes con base constitucional, pero no se agota aquí. Formamos parte de una sociedad plural, en un mundo de sociedades plurales, donde los individuos y los grupos que coexisten en ellas son portadores de elementos culturales diversos, que conforman su identidad.

Se precisa un conocimiento recíproco, también de las diferencias, y esta tarea es algo que no recae exclusivamente en quien viene de fuera: es tarea y responsabilidad de todos si estamos en una sociedad que pretende ser integradora, de respeto al otro, desde la diversidad y el pluralismo cultural, en un marco de tolerancia que garantice la convivencia.

En una sociedad cada vez más plural y más secularizada en la que se difunden códigos éticos diversos, nuestro auténtico reto es contribuir a la formación de conciencias libres, activas y comprometidas con el patrimonio común de los valores democráticos constitucionalmente establecidos.

Éste es el verdadero objetivo de la integración. Una integración entendida como proceso bidireccional, que pone el acento en que la convivencia y la paz social atañen a todos, tanto a los inmigrantes como a los autóctonos. Una integración que se diferencia de los modelos excluyentes o simplemente asimiladores porque no pretende homogeneizar, sino ser lo más respetuosa posible con los rasgos diferenciadores de los inmigrantes.

Esta integración efectiva es la que defendemos y en la que creemos. Somos conscientes de que conseguirla requiere un esfuerzo común que implica a todos, ad-ministraciones públicas, partidos políticos y a la ciudadanía en su conjunto.

Álvaro Cuesta es Secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE

Ilustración de Miguel Gallardo