En estos momentos de pandemia mundial, que ha llevado a nuestro país a la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, es fundamental para los estados tener un Sistema Nacional de Salud público robusto que garantice la adecuada asistencia sanitaria.

Nuestros servicios públicos se han ido debilitando tras décadas de políticas neoliberales que han disminuido la financiación y el gasto público, lo que se ha notado especialmente en la sanidad pública, no solo en España sino en todo el entorno europeo. La sanidad, la educación o las pensiones han sido una suculenta fuente de negocio a explotar por las empresas privadas.

En España la Ley 15/1997 del Partido Popular abrió la puerta a la privatización directa de la gestión hospitalaria con el falso argumento de la eficiencia. Durante la crisis del 2008, mientras se recortaba la financiación de los hospitales públicos se mantenía la financiación de los hospitales de gestión privada con el correspondiente aumento según el IPC. Por otro lado, las políticas del medicamento a favor de Farmaindustria han provocado problemas de desabastecimiento de fármacos por falta de interés económico para su producción.

Tenemos un Sistema Nacional de Salud público de calidad a pesar de las políticas neoliberales que lo han debilitado, reconocido así por la OMS. Nuestra sanidad pública y sus profesionales, aunque rodeados por la ley de la selva del libre mercado que lo observa como una oportunidad de negocio, han resistido y, por tanto, tenemos la responsabilidad de cuidarlo para que siga siendo así.

Nuestra sanidad pública forma parte de la espina dorsal del país como compensadora de desigualdad y eso se está demostrando en la situación de pandemia que vivimos. El núcleo de nuestra sanidad pública lo forman los trabajadores y excelentes profesionales, a los que debemos proteger y cuidar, escuchando sus preocupaciones y apreciando su experiencia, para hacer frente, de la mejor manera, al reto de dar respuesta a la epidemia de Covid-19. Un reto que hace necesario medidas drásticas para que la sociedad pueda controlar y vencer esta epidemia.

La declaración del estado de alarma, en realidad es de tranquilidad, porque permite al Gobierno dirigir todos los recursos públicos y privados de nuestro país a frenar la epidemia. El Gobierno recuperará soberanía cedida y adoptará medidas necesarias, que refuercen las debilidades de nuestro sistema sanitario, revirtiendo privatizaciones y mejorando la coordinación interterritorial sanitaria. Así, este domingo, el ministro de Sanidad adoptaba las decisiones de que los centros e instalaciones sanitarias privadas pasen a estar a disposición de las Comunidades Autónomas, o la prórroga de contratación de médicos residentes en el último año de formación de determinadas especialidades, entre otras.

Cuando la población tiene asegurada la asistencia sanitaria está capacitada para enfrentarse a retos que de otra manera serían insalvables. Por eso es tan necesario que esta crisis sirva para reforzar la sanidad pública de futuros ataques. Este virus lo paramos unidos.