De nuevo, en este año 2018, se vuelve a festejar la Fiesta Nacional de forma oficial con una marcada presencia de las Fuerzas Armadas. No sólo en los actos principales celebrados en Madrid tienen el máximo protagonismo las Fuerzas Armadas; también en numerosos ayuntamientos repartidos por toda la geografía nacional estos días se realizan juras de bandera, izados de bandera y otros actos donde los componentes de las Fuerzas Armadas realizan los actos principales.

Sin entrar en la cuestión de por qué tanta presencia militar en actos de una fiesta que concierne a todos los españoles y a todas y cada una de las instituciones y organizaciones del Estado, podemos comprobar que con el gobierno de turno sea del color que sea se producen algunas inercias que se mantienen desde décadas atrás y que no somos capaces de eliminar.

Si discutible puede ser la mantenida y desproporcionada presencia de las Fuerzas Armadas en festejos no propios de las mismas, indiscutible es que los avances democráticos (precisamente algunos de ellos en el seno de las Fuerzas Armadas) no tengan su proyección en estas conmemoraciones. Así, por ejemplo, avances recientes como la creación del Observatorio de la Vida Militar o el reconocimiento del asociacionismo profesional de los militares, no tienen referencia alguna institucional en estos actos, no teniendo presencia en los mismos.

Nada cambia porque el lastre del peso que aún mantienen los órganos de mando en las Fuerzas Armadas como “grupo de presión” es grande y los gobiernos suelen dejarse hacer. Así, podemos visualizarlo en los enormes gastos en material y armamento que se realizan sin que exista un ejercicio de transparencia pública mediante un debate de las verdaderas necesidades de la defensa y los necesarios gastos para la misma, debate que un parlamento no debe privar a la ciudadanía. El gobierno de turno dice que hay que comprar aviones, fragatas o reconvertir helicópteros y se incluye su gasto en los presupuestos sin más.

Y en este no cambio se encuentra la sistemática falta de respuesta a las necesidades imperiosas de los militares como trabajadores y como sujetos de derechos como el resto de ciudadanos. Que los militares sean dejados de lado porque no tengan los mismos derechos (y por tanto capacidades) para reivindicar y hacerlos valer, demuestra como los gobiernos aprovechan dicha circunstancia para no dar respuesta a sus reivindicaciones. Seguramente que unos militares con derecho a huelga tendrían ahora unas condiciones laborales mucho más dignas, teniéndose así más en cuenta sus reivindicaciones.

Los policías nacionales así como los guardias civiles van a ver incrementadas sus retribuciones, justamente, gracias a la visibilización de sus condiciones de trabajo durante los sucesos de Cataluña el pasado año.

Sin embargo la visibilización del trabajo de los militares se realiza en positivo siempre, mostrando su profesionalidad en las misiones internacionales o en la efectividad de la UME. Nada se habla de las condiciones de penosidad en las que realizan dichas actividades, en la separación de las familias, en el corte radical que supone para los desarrollos personales y sociales que implican las larguísimas ausencias de sus hogares.

Tampoco es conocido que a los militares no se les retribuyen las guardias, ni los servicios fuera de horas, ni las horas extra, ni la disponibilidad permanente, ni la nocturnidad ni los trabajos en festivos. Y cuando los militares reivindicamos que se nos retribuya justamente sólo encontramos la respuesta: no hay dinero.

Pero sí hay dinero para un desfile que cuesta más de 600.000€. Además se cargan la conciliación personal y familiar de los que lo realizan (no se trata de un tema de operatividad).

Pero sí hay dinero para que los militares realicen un sinfín de apoyos a ayuntamientos, organizaciones, cofradías, etc., en la realización de actos que nada tienen que ver con las Fuerzas Armadas y su operatividad. Además se cargan la conciliación personal y familiar, ya que normalmente se realizan en días festivos.

Pero sí hay dinero para la realización de juras de bandera civil, izado y colocación de banderas en distintas localidades y empresas. Además se cargan la conciliación personal y familiar de los que los realizan.

Pero sí hay dinero para que cientos de generales y coroneles sean activados en puestos en la reserva y percibir por tanto unas remuneraciones más altas que los que se encuentran en dicha situación de reserva. Esto es un privilegio.

Pero sí hay dinero para que existan y se mantengan cientos y cientos de pabellones de cargo. Esto es un privilegio para muchos.

Pero sí hay dinero para que el uso de vehículos oficiales sea masivo en las Fuerzas Armadas. Esto es un privilegio para muchos.

Pero sí hay dinero para realizar diferentes celebraciones como fiestas patronales, fiestas de cumpleaños de promociones y un sinfín de muchas otras con muy diferentes motivos.

Posiblemente podamos tener un gasto en defensa totalmente desequilibrado, gastando desproporcionadamente más en armamento y material que en personal, aún siendo este el principal elemento de las Fuerzas Armadas. Pero sin una implicación del Parlamento en velar realmente por las reales necesidades para la defensa y sin unos derechos para los militares que les permitan realizar sus reivindicaciones como el resto de los trabajadores, los miembros de las Fuerzas Armadas continuaremos en el vagón de cola de la justicia, laboral, social y retributiva. Sólo nos quedará conseguir el sindicalismo en las Fuerzas Armadas y desde esta herramienta velar por los derechos de los trabajadores y por el despilfarro en privilegios y acciones que nada tienen que ver con la operatividad de las Fuerzas Armadas.

Jorge Bravo es secretario de organización de la AUME.