Fukushima, 6 años de sufrimiento y errores

Raquel Montón

Responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace

La catástrofe nuclear de Fukushima Daiichi en 2011 puede sonar a historia antigua en un mundo donde las noticias sobre desastres y tragedias no cesan. Pero para las víctimas del peor desastre nuclear de toda una generación, la crisis está lejos de terminar. Y son las mujeres y la infancia las que han soportado el peso de las violaciones de los derechos humanos que se derivan de ella, tanto en el período inmediatamente posterior como por el resultado de la política de reasentamiento del gobierno de Japón.

Japón ha ratificado varios tratados internacionales que reconocen el derecho a la salud como un derecho humano fundamental, que se define como el "disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", e incluye el derecho a la información ya la participación como principios integrales de defensa de este derecho. Las personas deben ser capaces de tomar decisiones informadas sobre sus decisiones de política de salud y de influencia que les afectan.

Sin embargo, a raíz del accidente, la política nuclear y la planificación de emergencia no siguieron las advertencias del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ya había advertido al gobierno en 2001, y que condujo a la violación directa de los derechos de mujeres y de los niños y niñas. Y mientras que las injusticias que afrontaron en el período inmediatamente posterior al desastre fueron el resultado de la falta de políticas y la falta de acción legislativa durante una la década anterior, las violaciones de los derechos humanos como resultado de la política de reasentamiento que ha sido desarrollada bajo el actual primer ministro de Japón, Shinzo Abe, es calculada y deliberada.

Las mujeres afectadas de Fukushima se enfrentaron con mayores obstáculos para hacer frente a los impactos del desastre debido a una gran brecha de género que existe en la sociedad japonesa. De hecho, en el último ranking de los 34 países de la OCDE sobre la brecha salarial de género, Japón se coloca en tercer lugar por detrás de Corea del Sur y Estonia.

A pesar de estos obstáculos financieros y sociales, muchas mujeres se separaron de sus maridos, o incluso se divorciaron, cuando estos optaron por permanecer en la región contaminada. Ellas se marcharon con sus hijas e hijos, en un esfuerzo para protegerlos.

Por todo ello hacen frente a un mayor riesgo de pobreza y son más vulnerables a las presiones económicas, y es esta debilidad económica la que el Gobierno de Abe está explotando ahora.

A miles de supervivientes de Fukushima que se encuentran fuera de las zonas designadas les será retirado el apoyo a la vivienda este mes. El gobierno también se levantará las órdenes de evacuación en algunas de las áreas más contaminadas este mes y el que viene, a pesar de que los niveles de radiación todavía son muy superiores a las metas de descontaminación a largo plazo, y al año que viene perderán su derecho a los pagos de compensación.

De acuerdo con los datos más recientes del gobierno, miles de los que pierden el apoyo a la vivienda este mes no tendrán otro lugar a donde ir. Esto significa que pueden verse obligados a regresar a las zonas contaminadas, a pesar de que no quieren.

Eso no sólo es una violación directa de sus derechos en virtud de las obligaciones de los tratados internacionales, sino que también viola el propio derecho japonés. En junio de 2012, el Parlamento japonés aprobó por unanimidad los "actos de apoyo a las víctimas de desastres nucleares". La ley define claramente los compromisos del gobierno con los supervivientes de Fukushima, incluyendo el apoyo siempre y cuando es necesario, el derecho de las víctimas a elegir libremente dónde vivir, y la obligación de tener en cuenta la mayor vulnerabilidad de las mujeres embarazadas y la infancia.

Pero siendo clara, el reasentamiento es un cínico esfuerzo para evitar una zona de exclusión a largo plazo, como la que existe en Chernobyl, que sirve de recordatorio constante de que un desastre nuclear causa un daño irreparable a vastas extensiones de tierra. En Japón y en todo el mundo, la industria está desesperadamente trabajando para crear una falsa realidad respecto a que la contaminación puede ser eliminada y la vida de la gente puede volver a la normalidad.

Se realizaron grandes inversiones en las llamadas zonas de “descontaminación". Se dió prioridad a las Zonas evacuadas, donde hay pocas posibilidades de éxito, y sin embargo en aquellas áreas donde la gente todavía estaba viviendo, y la descontaminación podrían haber tenido un impacto real en la reducción de la exposición, no han sido prioritarias. Como resultado, los puntos calientes en estas áreas pobladas se siguen encontrando años después del desastre.

En Iitate, que se encuentra a 30-50 km al noroeste de los reactores accidentados y que está fuertemente contaminado por el desastre, los esfuerzos de descontaminación tienen pocas posibilidades de éxito. Aunque en la web del Ministerio de Medio Ambiente se declare que la descontaminación de Iitate se ha completado en un 100%, en realidad, sólo el 24% de Iitate ha sido intervenido (5600 ha sobre un total de 23.013 ha que tiene el municipio). El 76% restante son bosques montañosos que no pueden ser descontaminados, y que contaminaran las zonas “limpias”. Sin embargo las órdenes de evacuación en gran parte de Iitate serán levantadas a finales de este mes.

Mientras que la exposición a la radiación ionizante supone un riesgo para todas las personas, los estudios de los supervivientes de las bombas atómicas y exposiciones a la radiación médica muestran claramente que las mujeres y la infancia tienen mucho más riesgo de sufrir efectos sobre su salud.

Pero las mujeres no han sido víctimas silenciosas en todo este sistema terriblemente injusto. Lo que los procesos políticos les han negado, ellas lo están peleando en los tribunales. Las madres de Fukushima madres que se evacuaron están viviendo por todo Japón, y son miles de demandantes en pleitos para luchar por la continuación del apoyo a la vivienda, por una indemnización justa, por la rendición de cuentas por parte de TEPCO y del gobierno, e incluso en los casos criminales contra TEPCO.

Ellas han estado en la vanguardia de la organización de la resistencia - de marchas a las acciones directas no violentas. A la vista de sus pocas probabilidades han demostrado realmente una impresionante capacidad de recuperación y el liderazgo. Y Greenpeace como comunidad internacional se coloca con ellas. Haciendo un llamamiento al gobierno de Abe a tomar medidas urgentes para proteger a las mujeres afectadas de Fukushima y los derechos humanos de la infancia. Hemos enviado una carta conjunta con las organizaciones de la sociedad civil japonesas al Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidiendo que relatores especiales evalúen la situación actual de los supervivientes de Fukushima.

Y vamos a seguir luchando junto a ellas por sus derechos, por la justicia, y por un futuro libre de nucleares, saludable y sostenible.