Antonio Castro

Profesor de la Universidad Complutense de Madrid

Jaime Pastor

Profesor de la UNED

Ángel Ponce

Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid

Resulta obligado preguntarse si no es preciso considerar como especialmente significativo que, en la situación actual en la que nos encontramos, —en que la mentira premeditada y planificada se intenta hacer pasar por una inevitable “modificación democrática”—, aparezca un artículo en El País, el 2 de Noviembre pasado titulado ¿Quien mandará en la Universidad? y firmado por Ivanna Vallespin.

El artículo da mucho de sí, pero como resulta materialmente imposible analizarlo extensamente, intentaremos (con)centrarnos en el párrafo inicial, dejando perfectamente claro que se puede utilizar ese mismo planteamiento con el resto del escrito:

El modelo actual de Universidad está en entredicho. Los campus se encuentran en un punto de inflexión generado por la merma de los recursos públicos, un número de licenciados que el mercado laboral español no es capaz de absorber y la necesidad de mejorar unas discretas cuotas de investigación respecto a otros países europeos. Ante este panorama, el Gobierno prevé remodelar de arriba abajo la Universidad, tanto en relación al contenido (eliminar la Selectividad, revisar el catálogo de titulaciones...) como la estructura. Para abordar esta última, ha encargado un informe a una comisión de expertos que se espera tener listo para diciembre. El documento debe trazar las líneas del nuevo modelo de gobernanza de las universidades, que incluye desde revisar los órganos de gobierno de los campus (quién manda y cómo se eligen los directivos) hasta el sistema de financiación (qué parte de los fondos serán públicos y qué parte, privados) y la forma de contratar al profesorado.

Es difícil decir tantas medias verdades —en muchas ocasiones mucho peores que las mentiras porque resultan bastante más creíbles— en tan escaso espacio. La primera afirmación ya es inexacta. “El modelo actual de Universidad esta en entredicho”. Lo adecuado sería: “El gobierno ha decidido acabar con el modelo actual de Universidad Publica a cualquier precio y con la mayor rapidez posible” para lo que es casi imprescindible convencer a los españoles de su inevitabilidad e incluso, si es posible, de su conveniencia. En la consecución de semejante tarea resulta imprescindible la “adecuada” colaboración de periódicos y periodistas. Y pensamos que el artículo que comentamos es un perfecto ejemplo, y el periódico elegido uno de los más idóneos, para alcanzar el objetivo propuesto.

La segunda afirmación es una mezcla de verdad y de mentira, puesto que si “los campus se encuentran en un punto de inflexión” es fundamentalmente por la merma de recursos públicos, algo que fue perfectamente planificado por los gobiernos estatales —iniciado por el anterior y refrendado y ejecutado con fruición por el actual— y autonómicos —pionero siempre el de la Comunidad Madrileña— como el sistema mas idóneo para conseguir la tan esperada privatización de la universidad pública. La existencia de un número de licenciados de la universidad —pública y privada— que el mercado no es capaz de absorber es algo que tiene numerosos lustros de existencia y múltiples causas y nunca podía servir como única excusa para una modificación radical de la universidad, mientras que la tercera, “la necesidad de mejorar las cuotas de investigación” es literalmente, una mentira, una invención para justificar las decisiones tomadas. Por más que se intente manipular los datos —y el Ministerio, con su máximo responsable a la cabeza, es un convencido de sus ventajas, sobre todo porque sus efectos se expanden por/ante la pasividad de los creadores de la opinión pública—, la relación investigación/inversión era absolutamente defendible y perfectamente homologable con la europea, aunque estuviera lejos de ser una situación idílica. Tras los más de 5.200 millones de euros recortados en enseñanza por el ínclito Wert, es obvio que la situación se ha agravado dramáticamente, rozando incluso la posibilidad de su desaparición.

Y llegamos a la gran mentira. “Ante este panorama el gobierno prevé remodelar de arriba abajo la universidad”. Primero se crea voluntariamente las condiciones idóneas, infectando las células sanas y luego uno se autopostula como el único cirujano/carnicero capaz de atajar la enfermedad. Si semejante planteamiento demuestra que funciona admirablemente con el tema de la crisis/estafa económica, ¿por qué razón no trasladarlo a la privatización de los servicios públicos? Dicho y hecho. Según el artículo de El País, el Gobierno interviene “ante semejante panorama”. El problema es simple y sencillamente que no es cierto. Sin necesidad de remontarnos al plan Bolonia, lo que ahora se anuncia como novedad estaba perfectamente previsto desde hace bastante tiempo. Y hay pruebas que lo demuestran: En el año 2010, encargado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y firmado por Federico Gutiérrez Solana como presidente de la CRUE y Patricia Botín —hija del dueño del banco de Santander— como presidenta de la fundación CYD, se entrega un informe conocido bajo el nombre de Estrategia Universidad 2015, que deja perfectamente claro el camino que va a seguir la universidad en los años venideros. Sobre el tema especifico de la elección de rector veamos lo que en 2010 decía ese informe: “Lo primero que hay que poner de manifiesto es que el debate hoy en día no se centra en el proceso de elección del rector sino en el hecho de si este debe ser elegido o directamente designado”. Tras decantarse claramente por la designación por parte de un órgano externo a la universidad —¡a imagen y semejanza de los actuales Consejos Sociales, pero ampliado!— ante el que éste tiene que rendir cuentas, “más importante si cabe que el sistema de elección de rector es el que atañe a la elección o designación de los responsables de los centros”. No contentos “los autodenominados demócratas de toda la vida” con decantarse por el nombramiento digital de los decanos de los centros, avanzan un pasito más y plantean la conveniencia —en aras de evitar que las discrepancias empañen el resultado final— de que éstos a su vez designen de idéntica forma a los directores de departamentos. El círculo de la racionalización/democratización/privatización de la universidad ya está logrado, y se ha conseguido la aniquilación absoluta de cualquier vestigio democrático en la designación de los responsables de la universidad.

El artículo afirma que para solucionar el tema se ha nombrado por parte del Ministerio un comité de “expertos”—que “casualmente” presenta total mayoría del PP— y que en diciembre emitirá su informe. Que dicho informe, de nuevo “casualmente”, vaya a coincidir en líneas generales con lo propugnado por Estrategia Universidad 2015, de la misma forma que ya ha ocurrido lo mismo con el comité de expertos catalanes, nos obliga a plantearnos si —generalizando— la actitud de la prensa ante este tema proviene de una ignorancia supina, o simplemente, forma parte de una connivencia que como todo el mundo sabe, tiene por objetivo beneficiar a ambas partes.