La necesidad inaplazable de una transición energética justa nunca puede ir en contra del medio ambiente y del equilibrio patrimonial, cultural y social del país que decide afrontar el reto climático que como sociedad tenemos delante. Desde esa premisa es desde la que innumerables colectivos están respondiendo en Galicia al tsunami de mega parques eólicos que, sin tener en cuenta la realidad territorial y ecosistémica gallega, grandes empresas están tratando de desplegar en nuestro país.

La proliferación de proyectos de parques eólicos en trámite en Galicia contradice el propio concepto de transición energética justa, aunque se disfrace como tal y se sustente en energías renovables. ¿Es justa una transición que va dejando a su paso territorios sacrificados?

Los números actuales son elocuentes: 4.026 aerogeneradores cuyos brazos transforman en beneficios empresariales el viento de nuestro país, en total, 150 parques eólicos en 116 ayuntamientos gallegos. Con este ritmo, las previsiones de la potencia eólica gallega estiman que en 2030 se llegaría a 8.300W de producción (partiendo de 3.800 MW en 2019).

Una multitud de aspas se proyectan sobre espacios de gran riqueza -desprotegidos debido a la complicidad de la Xunta- bordeando la ilegalidad, como es el caso de la fragmentación artificial de proyectos para eludir la supervisión del Congreso. Un modus operandi propio del PPdeG, que dejó clara su estrategia cuando Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente, accedió a la dirección de Desarrollo Corporativo de Greenalia -la empresa que más megaparques eólicos tiene en marcha- dos meses después de haber anunciado su retirada de la política.

Todo estos proyectos se basan en una depredación territorial que ataca directamente a un ecosistema donde viven animales salvajes atemorizados por las vibraciones y el ruido y que se impone debido a un modelo oligopólico de la energía, que obvia a los núcleos de población arraigados en el rural y los obliga a abandonar esa Galicia verde para proteger su salud. La Xunta establece que la distancia mínima para la instalación de aerogeneradores -que pueden llegar a medir 200 metros- respecto a los núcleos poblacionales sea sólo de 500 metros, con el terrible impacto para el bienestar y las vidas.

Ante esta situación, se ha abierto el debate sobre una transición energética compatible con la conservación del patrimonio natural gallego y la correcta ordenación territorial, reforzando las economías locales y siendo herramienta contra la despoblación, como apunta la nueva Ley de Cambio Climático en su artículo 25. Otros modelos de energía son posibles, como las comunidades energéticas basadas en un modelo distribuido como ocurre en otros países de Europa, dotando de autonomía a la población y generando riqueza para la misma.

Galicia se subleva contra la trama eólica. Son varias las manifestaciones que se han venido convocando las últimas semanas. La problemática ya es bien conocida y reconocida, la Comisión Europea abrió una investigación este mismo año ante la falta de desarrollo por parte de la Xunta de Galicia de figuras de protección para sus zonas verdes e incidió en la vulnerabilidad de estos territorios ante la invasión eólica.

Que esta avalancha de megaparques pare de una vez por todas es un grito común en Galicia, son las voces de asociaciones y colectivos en defensa de medioambiente, expertos y plataformas vecinales los que están avisando de las malas decisiones y la connivencia del Gobierno de Feijóo, que aprueba leyes para acelerar la implantación de estos proyectos y atar de manos la contestación ciudadana que hasta ahora ha sido la única capaz de frenar algunos de estos. Porque es todavía más ensordecedor el desamparo de la Xunta que el propio zumbido de los molinos de viento en las montañas.

Es necesario detener la ofensiva y hacerla conciliable con la inaplazable transición energética y ecológica. Ampliar las figuras de protección ambiental de zonas de enorme riqueza, monitorizar cada uno de los proyectos que tenemos delante y exigir la paralización inmediata del plan eólico de Galicia adaptándolo a la compleja realidad de nuestro país y poniéndolo al servicio del interés común.