Ponemos en marcha el año con una mala noticia y otra buena en materia de Derechos Humanos. Por un lado, gran desastre medioambiental en Perú por el vertido de 11.900 barriles de petróleo Repsol. Por otra parte, el Parlament de Catalunya ha admitido a trámite una proposición de ley para crear un Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos que sirva para fiscalizar y sancionar las vulneraciones que cometen las grandes transnacionales que operan en Catalunya. ¿Qué relación existe entre las dos?

El vertido de crudo ha manchado de negro siete kilómetros de océano y dos de playa en la costa de Lima, donde se encuentra la refinería La Pampilla, gestionada por la empresa española Repsol. Un juez peruano ha prohibido a cuatro directivos de la multinacional salir del país durante 18 meses por presunta responsabilidad de delito medioambiental. Ante esto, hay dos opciones: que Repsol salga ilesa o condenada.

Ojalá se imponga la segunda opción, pero la lógica actual nos dice que frente a graves delitos medioambientales como éste, es muy común que se ponga en marcha la llamada “arquitectura de la impunidad corporativa”. Ésta permite diluir la responsabilidad de la empresa matriz en sus filiales o sociedades locales subcontratadas que, además, a menudo desaparecen jurídicamente o se declaran en bancarrota de forma que no pueden responder a obligaciones de reparación y restauración. Un ejemplo de ello, es el sector textil, como en el caso de Rana Plaza en Bangladesh, donde las empresas europeas de moda que se benefician por los bajos costes laborales, se presentan como simples compradoras, eximiéndose de toda responsabilidad.

En el caso de Repsol, la sociedad civil peruana reclama sanciones, exclusión de la contratación pública y reparaciones por parte de la empresa española. El sentido común nos lleva a señalar que si buena parte de la ganancia económica (se trata de empresas con enormes beneficios anuales) se deriva de la precariedad de las condiciones de producción, resulta inaceptable que estas empresas no asuman las consecuencias de esa desposesión y explotación que vulnera derechos y que a menudo se lleva vidas. Desgraciadamente, los países enriquecidos muy difícilmente atribuyen a las empresas matriz –domiciliadas en su territorio– una responsabilidad que llaman “extra-territorial”.

Naciones Unidas ha constatado cómo las actividades económicas de grandes corporaciones generan graves vulneraciones de Derechos Humanos que no deben quedar impunes: genocidio o etnocidio (desaparición cultural que afecta hoy a numerosos pueblos indígenas); persecución de defensores y defensoras de derechos humanos incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas o torturas; desplazamientos forzados de comunidades enteras; situaciones de nueva esclavitud y en general tráfico y explotación de seres humanos, incluida la explotación sexual. Además, es necesario sumar graves impactos ambientales, a menudo irreparables, y en la salud humana, así como los efectos derivados del fraude fiscal o de la corrupción.

Ante esto, cada vez se hace más evidente la necesidad de encontrar respuestas empoderadoras para garantizar los derechos frente a la impunidad de las corporaciones transnacionales. De hecho, desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se está trabajando en un Tratado sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos que obligaría legalmente a los Estados que lo firmaran a exigir responsabilidades en materia de derechos humanos a las empresas, en especial las de carácter transnacional.

Y es precisamente eso lo que se quiere hacer en Catalunya: crear el Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos, un organismo de evaluación del impacto sobre los derechos humanos de las empresas en sus actividades en el exterior. En caso de hacerse realidad, Catalunya se convertiría en pionera en la defensa de los derechos humanos en el mundo, situándose en la misma línea de trabajo que las Naciones Unidas. Precisamente el 9 de febrero el Parlament dio luz verde a la proposición de ley para crear el centro, impulsada por Lafede.cat - organitzacions per la Justícia Global y por la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, y que cuenta con el apoyo de más de 8.000 entidades de la sociedad civil.

Cinco grupos parlamentarios la han avalado (PSC, ERC, JuntsxCat, CUP y En Comú - Podem) y ahora se abre un período de debate para aprobar el texto definitivo donde se escucharán diferentes actores. Por eso es necesario que en el proceso no se pierda la esencia del texto ni se diluya su contenido porque este Centro es imprescindible para dar coherencia a las políticas de la Generalitat en su conjunto y en especial en materia de acción exterior por lo que se refiere al acompañamiento de las inversiones de empresas catalanas, porque esta propuesta no es una amenaza contra las empresas, todo lo contrario, es una garantía de buen trabajo y un sello de calidad en el respeto a los derechos humanos, lo que daría un valor añadido al tejido empresarial catalán. El Centro trabajará sobre aquellas transnacionales que quieren rehuir de sus responsabilidades y enriquecerse a costa de vulnerar derechos, y por tanto, dota Catalunya de una herramienta con capacidad sancionadora para hacerle frente.

Si finalmente los grupos parlamentarios asumen el reto, Catalunya contará con un Centro público pionero. Esperamos, pues, que todos los grupos parlamentarios contribuyan a la creación de un Centro Catalán de Empresa y Derechos Humanos independiente y riguroso que nos permita construir soberanías colectivas más democráticas, a la altura de los retos globales que nos exigen las emergencias actuales.