Antonio Doñate

Magistrado y exprofesor de la Escuela Judicial

Cualquiera que sea el resultado final del juicio, la pena de banquillo ya ha sido impuesta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y resulta incomprensible que únicamente acompañara en ese momento a Baltasar Garzón un reducido grupo de jueces y fiscales en ejercicio, según daba cuenta Público en su edición del día siguiente, al inicio de las sesiones de juicio oral por la intervención de comunicaciones en el procedimiento que este magistrado instruía por corrupción y lavado de dinero por la trama Gürtel en el entorno del partido político que hoy está al frente del Gobierno.

El silencio de la totalidad de las asociaciones judiciales y fiscales existentes, conservadoras y progresistas, es muy preocupante. Denota no solamente una clara falta de sensibilidad, sino además, lo que es más grave, incapacidad de cumplimiento de uno de sus principales fines: la independencia judicial, que sin duda consta, de una u otra forma, en sus respectivos estatutos.

Tales asociaciones, además, no han valorado suficientemente que la celebración de un juicio oral como el que analizamos va a repercutir necesariamente y de manera negativa en el actuar concreto de los jueces en el futuro.

Es la primera vez en la historia judicial española que un juez se sienta en el banquillo de los acusados por hechos de esta naturaleza. Este solo dato ya debería poner en guardia a estas asociaciones. ¿Se han preguntado qué mensaje está lanzando a los jueces instructores la Sala Segunda del Tribunal Supremo con esta pena de banquillo? ¿Han valorado que la aportación de pruebas, y por tanto, la esperable eficacia policial/judicial en la persecución y castigo de los autores de delitos de corrupción, malversación de caudales públicos o lavado de dinero en nuestro país, va a sufrir un serio revés por el riesgo que va a correr el juez que acuerde una intervención de comunicaciones?

Es de esperar que este silencio no esté mediatizado por el hecho de que Baltasar Garzón no pertenezca ni haya pertenecido nunca a ninguna asociación judicial. De otro modo sería muy grave tal pasividad, al no tener presente que lo que está en juego además es la credibilidad del funcionamiento del sistema judicial y consiguiente confianza de los ciudadanos en los jueces. Ya es negativo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya dado este paso sin calibrar adecuadamente las consecuencias, pero que las asociaciones de jueces y fiscales no hayan hecho público ningún signo de apoyo y consiguiente crítica para contribuir a la justicia de la decisión que ponga fin al juicio iniciado al juez Garzón, pone en duda si la inversión pública que en ellas se hace por el Consejo General del Poder Judicial, está justificada.

Tampoco sería de recibo que dichas asociaciones adoptasen esta postura de pasividad porque alguno o algunos de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo perteneciese a estas mismas organizaciones.

Como el juez Garzón va a ser sometido, hoy por hoy, a otra pena de banquillo por cumplir con su ineludible función de investigar los crímenes del franquismo –cuya falta de persecución sí puede ser susceptible de prevaricación– tales asociaciones de jueces y fiscales todavía están a tiempo de rectificar por el bien de todos los que seguimos valorando que la independencia judicial es básica para nuestra

democracia.

Y, finalmente, cabe preguntarse si el silencio del Consejo General del Poder Judicial ante este sometimiento de un juez a la pena de banquillo está justificado. Sabido es que una de las funciones esenciales de este órgano de gobierno de los jueces es garantizar la independencia judicial. Y si la pena de banquillo afecta a la independencia judicial, tras preguntarse si era preciso sentar en el banquillo a un juez para valorar si es correcta o no su resolución de intervención de comunicaciones ¿no hubiera sido necesario un pronunciamiento del consejo instando a la Sala Segunda a una resolución respetuosa con la independencia judicial?

Resulta bastante chocante, sin embargo, que ese mismo consejo, cuando las asociaciones de víctimas por los graves delitos del franquismo organizaron una acto público de apoyo al juez Garzón en el paraninfo de la Universidad de Madrid en la primavera de 2010, manifestara su “preocupación y tristeza” ante “las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo” en relación con la causa abierta al juez Baltasar Garzón, y ello después de las manifestaciones del portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, en las que exigía que el consejo “imponga el debido respeto al Tribunal Supremo”.

El criterio determinante para el Consejo General del Poder Judicial parece depender más de quién lo realiza que de la objetividad del ataque a la independencia judicial. Lo que dice muy poco respecto a la credibilidad y eficacia de un órgano constitucional encargado de velar por la misma.

Determinados silencios no favorecen precisamente nuestro progreso democrático.