Este primero de mayo se cumplieron silenciosamente 39 años del primer caso de intoxicación por aceite de colza adulterado. Especialmente a quienes sufrieron y sobrevivieron al envenenamiento, la actual epidemia les habrá trasladado en su memoria a aquella otra gran crisis sanitaria de principios de los 80. A veces la historia parece caprichosa, y aquel uno de mayo enfermó el primer caso, un niño de 8 años de Torrejón de Ardoz, convertida en 2020 en el principal foco inicial de infección por coronavirus en Madrid. No cesan ahí los paralelismos, siendo Leganés y Vallecas dos de las poblaciones, obreras naturalmente, más castigadas por el coronavirus, tanto por el número de casos como por el desbordamiento de sus respectivos hospitales, como lo fueron en 1981. A nivel estatal vuelve a ser Madrid la triste protagonista y de nuevo las dos Castillas, esta vez junto a Cataluña.

El síndrome tóxico por aceite de colza dejó casi 20.000 afectados, muchos de ellos con graves secuelas (3477 con incapacidad total permanente en 1997), con alrededor de 2.500 fallecidos hasta 2014. La coyuntura política y social de aquel momento, así como, con un papel fundamental, las asociaciones de afectados y sus movilizaciones permitieron que la crisis sanitaria tuviese repercusiones positivas tanto en el Sistema Sanitario público con la creación de las Unidades de Seguimiento Extrahospitalario que derivarían posteriormente en los Equipos de Atención Primaria, pilar básico de lo que fue, mientras duró, la atención primaria fuerte; como en el campo de la Epidemiología, con la puesta en marcha de un sistema de vigilancia epidemiológica moderno. También fue fundamental el desarrollo tras el envenenamiento de legislación sobre protección del consumidor y seguridad alimentaria.

Sin embargo la Atención Primaria y la Salud Pública han sufrido un saqueo y una dejadez constante desde el último decenio del pasado siglo y esto explica en buena medida la limitada capacidad de acción sobre la epidemia de la que se partía.

A riesgo de parecer pesimista, el panorama social, económico y político actual ofrece pocos indicios de que en esta ocasión la crisis sanitaria vaya a derivar a corto plazo en medidas en pro del bienestar para el conjunto de la población.

Tras los largos juicios por el envenenamiento masivo por aceite de colza, la Audiencia Nacional ratificada por el Tribunal Supremo condenó no sólo a “los aceiteros”, sino también al Estado como responsable subsidiario, lo que permitió la indemnización de miles de afectados. En este desenlace tuvo un papel fundamental el trabajo concienzudo del equipo de abogadas.

La crítica a la gestión de la actual epidemia no puede esperar, porque el argumento de la mordaza en favor de la unión contra el virus se convertirá en bola de nieve, cada vez más devastadora, será la mordaza en favor de la unión contra la crisis económica o contra aquello que nos sobrevenga. Por no dejar conciencias tranquilas diremos que esta crítica no es legítima por parte de quien se ha dedicado a desmantelar la Sanidad Pública y a colocar en los puestos de gestión de las más bajas a las más altas instancias, no a los más formados sino a los más dispuestos a cumplir sin rechistar. Pero desde luego, pensando en perspectiva, parece imprescindible que se construya una crítica desde la izquierda, como única vía para evitar el monopolio de la crítica por parte de la derecha y el rédito que pretende sacar de esta, pero también sobre todo por dignidad.

Salta a los ojos de quien quiera ver y tenga facultades para ello, que la gestión del Gobierno Central ha sido caótica y deficitaria. El retraso en la búsqueda activa de casos, en el control de fronteras y aeropuertos, en la cancelación de eventos masivos, las trabas y confusos criterios para la realización de PCR, el no aislamiento inicial de los principales focos ni de sanitarios sintomáticos o con contacto de riesgo, la nula educación en medidas higiénicas a la población, el circo sobre la utilización de mascarillas, la no intervención generalizada de las residencias de mayores, el hospitalocentrismo y marginación de la primaria, el aislamiento masivo sin consideración a las personas con patologías o condiciones potencialmente agravadas por este, la vuelta al trabajo sin inspecciones que garanticen el cumplimiento de la normas de seguridad, en definitiva la ausencia de un plan general, han hecho entre otra cosas que la atención médica en esta epidemia se haya convertido en muchas ocasiones en algo parecido a la medicina de guerra, con las consecuencias en salud física y mental para pacientes y sanitarios.

En el frente hemos tenido a un personal sanitario totalmente volcado, solidario, competente, en constante formación y que ha tratado de paliar, consiguiéndolo en buena medida con su autoorganización, las carencias de la Administración.

Hemos tenido una población que pese al shock que supuso pasar en pocos horas de recibir la imagen de una enfermedad lejana y poco peligrosa, al estado de alarma, ha cumplido, muchas veces en situaciones tremendamente difíciles, con el confinamiento, ha hecho en general una utilización razonable de los recursos sanitarios y ha mantenido un comportamiento ejemplar cuando su derecho a una asistencia sanitaria digna se garantizaba pobremente.

A quien deberíamos recordar y homenajear cada tarde no es solo al personal sanitario sino al conjunto de la población que ha sufrido las consecuencias de la pandemia y su gestión, pero muy especialmente a nuestras y nuestros mayores, que han pasado sus últimos días aislados, con atención deficitaria, que han sufrido agonías sin los cuidados paliativos oportunos, han muerto lejos de sus seres queridos y que ni siquiera cuentan en los datos oficiales. Por ellas todos nuestros últimos aplausos del confinamiento, y por ellas sobre todo el compromiso de las más jóvenes para una sociedad que valore el cuidado y bienestar, también, de los mayores.