La crisis de la democracia liberal corre el riesgo de oscurecer la necesidad imperiosa de extender las demandas de participación democrática y de empoderamiento a otros ámbitos sociales y laborales. El principio que proponemos defender es que la gestión y administración de los derechos debe hacerse desde instituciones públicas. Frente al interés privado, y más aún cuando éste es de carácter oligopólico, el interés público precisa de control democrático, transparencia, deliberación y acuerdo y eso sólo se puede hacer desde instituciones sujetas a las exigencias de la elección democrática.

En los últimos tiempos, y como consecuencia de las diferentes crisis simultáneas que sacuden nuestra sociedad (económica, ecológica, social ...) gobiernos locales de todo el mundo se plantean recuperar la gestión de servicios básicos como la energía y el agua, mercantilizados sin escrúpulos por quienes creen que el derecho a enriquecerse está por encima del derecho a que todo el mundo tenga una vida digna.

Numerosas ciudades han dado ya pasos para recuperar la gestión de estos servicios, y a menudo han involucrado a la ciudadanía para la toma de decisiones. En 2004, Uruguay aprobó en referéndum una reforma de la constitución para que la gestión del agua fuera pública, en 2011 Italia hizo lo propio, y en 2013 Berlín también aprobó la remunicipalización del servicio. Hamburgo voto la recuperación de la red de distribución eléctrica en 2013.

Barcelona apuesta por seguir esta línea e impulsa ahora su propia consulta popular, impugnada ya por una asociación a la que pertenece la empresa concesionaria del servicio. La iniciativa ha salido de la organización Aigua és Vida, que en dos meses ha recogido casi el doble de las 15.000 firmas necesarias para que el Ayuntamiento organice la consulta.

La ola parece imparable. El Transnational Institute editó un libro en el que se recogen más de 800 iniciativas municipales en las que se asume la gestión pública después de expiración o de rescisión de contratos; con municipalizaciones; o entrando en competencia directa con empresas privadas.

Y para fortalecer y expandir el proceso, las ciudades se organizan en redes para compartir conocimiento, experiencias y generar sinergias. Más de 1.000 ciudades de 30 países forman parte de Energy Cities, una asociación Europea de autoridades locales en transición energética, que promueve la descentralización, la gestión pública y la desinversión en combustibles fósiles. Casi 60 ciudades europeas con operadores públicos se han unido bajo el manto de Aqua Publica Europea, comprometidas a proporcionar un servicio de alta calidad administrado de una manera eficiente, responsable y sostenible.

El resultado es que cada vez menos municipios están solos en su lucha contra oligopolios y poderes fácticos, y el respaldo popular a estas iniciativas es cada vez mayor. El paradigma de que la gestión privada es más eficiente ya es puesto en duda por muchos, sin duda influenciados por la baja calidad y altos precios de los servicios. La gestión pública ya no es anatema, sino que es una solución.

Barcelona ha iniciado su particular transición energética con la creación de Barcelona Energía, una comercializadora de energía de proximidad que permitirá impulsar la generación domiciliar, con 45 MW de generación pública de energía que equivale a unos 200.000 MWh eléctricos de energía verde y local.

Pero en una sociedad global con al menos tres niveles de gobernanza, se hace necesario tener propuestas conjuntas a impulsar desde las instituciones europeas. A menudo, como sucede en España, los gobiernos locales se encuentran con la oposición de los gobiernos nacionales y con límites legales, con lo que se hace imprescindible que la legislación Europea, lejos de favorecer a las grandes empresas y lobbies energéticos, proteja los derechos de la ciudadanía y fomente la gestión democrática y de proximidad.

La UE contribuye con un 9% de las emisiones mundiales, y sus ciudades generan el 75% de las mismas. Más del 70% de los europeos y el 73% de los empleos se encuentran en zonas urbanas: las ciudades tienen una gran responsabilidad en el calentamiento global, y a la vez constituyen un gran potencial para las soluciones.

La cuestión de la energía en general se convirtió, desde el comienzo de esta legislatura, en una prioridad de trabajo para la Comisión Europea. Los objetivos principales de la estrategia energética a nivel de la UE estaban lejos de las consideraciones que promovemos desde esta columna. Para la Comisión esos objetivos principales son: la seguridad del abastecimiento; la competitividad y la sostenibilidad. El actor clave en el cumplimiento de estos enunciados siguen siendo los grandes oligopolios energéticos.

Lo cierto es que el tema de la energía ha movido, desde entonces, cifras fabulosas: casi 250 mil millones de euros en estos años y promete ser una cifra que se incrementará.

Pero los objetivos propuestos siguen subordinando derechos colectivos a intereses privados. Creemos posible, sin embargo, una estrategia que ofrezca otros principios articuladores y empodere a otros sujetos como actores protagonistas.

Esa estrategia debería estar basada en cuatro elementos clave: en primer lugar, situar la idea del derecho ciudadano a unos bienes públicos como eje central de una nueva política en materia de agua y energía. Este cambio de perspectiva ofrece enormes potencialidades de reconocimiento al papel que las corporaciones locales y sub-estatales pueden jugar en la provisión de estos servicios y en el control de los mismos, dando relevancia al valor social de esa distribución de bienes públicos. Estamos convencidos que la resiliencia de las sociedades a los impactos por venir relacionados con el cambio climático, serán posibles si el entramado social e institucional es denso y basado en la idea de que hablamos de bienes públicos. En este punto, conviene enfatizar la oportunidad que ofrecen las energías renovables para el desarrollo de una auténtica democracia energética, capacitando a los consumidores para que participen activamente en igualdad de condiciones con las otras partes interesadas en el mercado energético.

En segundo lugar, estamos convencidos de la necesidad de aumentar la apuesta respecto a las exigencias que podemos asumir para intentar limitar los impactos del cambio climático. Creemos que la política fiscal puede ser un importante estímulo en esta dirección y que esta política fiscal puede ser, también, un instrumento a favor de un papel público más importante y activo en la gestión de la transición energética.

En tercer lugar, la dimensión social de la provisión pública de bienes básicos podría reducir a cifras marginales, cuando menos, los problemas asociados a la pobreza energética, por ejemplo. Es devastador saber que en la UE hay cincuenta millones de personas que viven en lo que conocemos como pobreza energética. Se trata obviamente de un asunto muy grave de supervivencia no solo de bienestar. Y produce un efecto de exclusión que, sumados a otros, explica el malestar creciente de poblaciones castigadas muy duramente por decisiones que ellos y ellas no han tomado. Por eso, el control público, la provisión pública del servicio hace posible respuestas al margen del mercado a las cuestiones de exclusión social y de marginalización.

En cuarto lugar, en la perspectiva de que las entidades locales, comunidades, hogares y particulares se conviertan en la columna vertebral de la transición energética es imprescindible que reciban apoyo activo para convertirse en productores y proveedores de energía en pie de igualdad con otros agentes del mercado de energía. En este sentido queremos impulsar una definición global y común para toda la UE del concepto de “prosumidor”. Creemos de gran importancia establecer un derecho básico a la autogeneración y el autoconsumo, así como el derecho a almacenar y vender el exceso de electricidad a un precio justo.

En los cuatro elementos señalados, el Pacto de Alcaldes por el clima y la energía puede jugar un papel significativo que reclamamos.

El gobierno de España tiene que presentar en este trimestre su Plan de Transición energética. En julio del año pasado se creó un Panel plural de expertos cuyas recomendaciones serían tenidas en consideración sobre este tema. Pues bien, nos atrevemos a sugerir e insistir en este énfasis en la dimensión pública de estos derechos como garantía para energía y agua al servicio de la sociedad, clara e inequívocamente comprometida contra el cambio climático y socialmente responsable. La transición hacia un modelo de producción energética sostenible es una prioridad civilizatoria, nos atreveríamos a decir, que no puede ser afrontada solo desde el mercado. Debemos entender que la regulación y la participación democrática son necesarias para evitar que sigan produciéndose las graves externalidades sociales y ambientales que nos amenazan. Debemos impedir que los oligopolios energéticos sean quienes definan el futuro de la energía en Europa.