Tras observar la situación en la que se encuentran la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, creo que cierto sector de la clase política no ha entendido las transformaciones que se han dado en nuestro país.

La política es, en sí misma, el reconocimiento de la diferencia. Pensamos, vivimos, opinamos y votamos de manera diferente. Es algo normal. En mi opinión, estrictamente personal, un parlamento, asamblea o pleno donde se reparte el peso de los grupos es buen síntoma, porque supone que el sistema político es capaz de representar diferentes corrientes de sensibilidad y opinión ya existentes en la comunidad, ámbito o sociedad donde se ha votado.

Lo que hoy exige la sociedad española no es que obviemos las diferencias, sino que las abordemos. Es, en este terreno de la discusión pública donde aparecen palabras generalmente intencionadas, asociadas al bloqueo, las cesiones, los acuerdos o la responsabilidad.

En la Comunidad de Madrid, PP, Ciudadanos y VOX han puesto en “pausa” la constitución del Gobierno autonómico a la espera de resolver un pulso inter-partidario que concilie las ansias de visibilidad de la escisión del PP con el miedo de los naranjas a escenificar la firma de un acuerdo junto a ellos. Aún así, parece que el tridente reaccionario ha construido un sistema de relaciones basado en normas, procedimientos, conductas y escenificaciones que, como demuestra Andalucía, les ha permitido encontrar espacios para alcanzar acuerdos.

Aunque pasara desapercibido, el primer pleno de investidura sin candidata o candidato supuso un primer acuerdo de este bloque. Me refiero al acuerdo para escenificar una nueva vulneración del espíritu de la cámara (un pleno de investidura sin nadie que sea investido) que instaura una primera coincidencia de principios: el trato patrimonial de las instituciones y la gestión de lo público en la frontera de la irregularidad de manera impune. Los que conocemos a David Pérez (PP), árbitro de las negociaciones, o hemos padecido más de dos décadas de Gobiernos del PP instalados en la práctica irregular, ya conocemos esta manera de proceder y sus trágicas consecuencias.

Sin embargo, es mucho más difícil de justificar lo que está ocurriendo en el Gobierno de España. Las elecciones generales dejaron un escenario plural y un Parlamento fragmentado. Lo natural es aceptar la fórmula de los acuerdos como manera de enfrentar no la investidura, sino el reparto de representación que la ciudadanía española lleva casi un lustro manifestando.

Asociar pluralidad con ingobernabilidad es un reproche moral peligroso que daña el espíritu mismo de la sociedad democrática, sobre todo cuando nuestro sistema electoral (que combina circunscripciones provinciales con el reparto D`Hont en el Congreso, mientras que regala mayorías desorbitadas al ganador en el Senado) ya tiene un sesgo excesivamente mayoritario.

La gente tiene derecho a expresar lo que le venga en gana, son los representantes políticos quienes tienen que responder a esta pluralidad en forma de un nuevo sistema de relaciones que garantice la gobernabilidad.

Ante esta situación, es de sentido común que la fórmula de los Gobiernos de coalición es la única que puede garantizar la estabilidad en estos tiempos. Lo dice nuestra experiencia histórica reciente (moción de censura o fracaso presupuestario a principios de año), pero también una gran variedad de ejemplos internacionales, europeos, locales y autonómicos.

Un Gobierno de coalición, por definición, debe conciliar la unidad, la pluralidad y respeto a la voluntad ciudadana. De manera proporcional, lo razonable es que se acuerde un programa común y se conformen equipos que reflejen lo que votó la gente. Esto último significa repartir carteras en proporción al peso de cada uno, pero que cada fuerza política escoja sus ministras y sus ministros.

Una fórmula de sentido común, aún ajena a nuestra manera de entender la configuración de La Moncloa, que si se aceptara supondría un precedente que facilitaría esta investidura, las futuras y la gobernabilidad del país durante las próximas décadas.

Las tentativas de modificar La Constitución para forzar mayorías que la ciudadanía no ha votado o de jugar con el destino de casi 50 millones de personas en una repetición electoral evitable se antojan una irresponsabilidad inaceptable, sobre todo cuando España tiene enormes retos que enfrentar en los que ya vamos con retraso.

La transición ecológica, la modernización de nuestra economía o la plena igualdad entre mujeres y hombres que reclama el movimiento feminista no pueden ser rehenes de los cálculos electorales de un partido o un gabinete. Por correspondencia al país que tenemos y ser consecuentes con el que queremos construir debe llegar el sentido común, debe normalizarse el Gobierno de coalición.

Jesús Santos es Presidente de ESMASA, segundo teniente de alcalde de Alcorcón y portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid