Cayo Lara

A las pocas horas del inicio de la huelga general ya parecía muy claro que la única obsesión del Gobierno era ‘vender' que había tenido menor éxito que la que soportó el Gobierno del PSOE. El Ejecutivo del PP cuenta los ‘huelguistas' desde el Ministerio del Interior con un enfoque de mero orden público y se coloca más medallas cuanto más éxito ha tenido al impedir que los piquetes informativos y democráticos pudieran ejercer su labor cortando calles y negándoles el acceso a los centros de trabajo.

El ministro, Jorge Fernández Díaz, actuó durante toda la jornada como el ‘jefe' de los piquetes de la CEOE. No parece que la Policía hubiera recibido instrucciones concretas de proteger el derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, pese al tremendo despliegue realizado que dio la sensación de ciudades y polígonos industriales ocupados.

No tiene mucho sentido entrar en una guerra de cifras. Ya se ha convertido en un ejercicio aburrido, cuando siempre la realidad insoslayable termina pasando factura. Entender la realidad es la primera preocupación de cualquier propuesta política. Eso quiere decir que ante una agresión tan brutal contra los derechos de los trabajadores como es la reforma laboral de la derecha, la respuesta ha sido, es y seguirá siendo masiva.

Como coordinador federal de IU estoy muy satisfecho con el seguimiento de la huelga y de las 111 manifestaciones registradas en todo el Estado. Un gobierno democrático no puede hacer oídos sordos a la protesta y debe rectificar porque, además de esta importante huelga general, debe saber leer los resultados de las elecciones en Andalucía y en Asturias, y prestar mucha atención a la determinación de continuar la lucha democrática, si es necesario, de los trabajadores y de sus sindicatos.

Algo parecido debería pesar en el comportamiento de los cargos públicos electos. Me refiero, principalmente, a los diputados y diputadas de los diversos grupos que decidieron participar en el Pleno del Congreso haciendo una especie de ‘huelga a la japonesa' en una jornada parlamentaria de una extensión e intensidad con pocos precedentes, en la que se tramitaron cinco decretos-ley, además del proyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Me reafirmo en que me parece un tanto hipócrita esta actitud por parte de quienes dicen defender a los trabajadores, pero descartaron estar con ellos en la calle. El 29 de marzo era un día especialmente señalado para que los diputados, todos ellos, hubieran estado con los trabajadores en lugar de dedicarse a aprobar más recortes que les afectan directamente.

IU tiene una propuesta realizable, valorada y cuantificada para crear empleo

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, me ‘aconsejó' públicamente pocas horas antes del inicio del paro general que deje la pancarta y haga propuestas para crear puestos de trabajo. El problema que tienen los ministros del PP es que ni escuchan ni atienden cuando la izquierda habla en la tribuna del Congreso. Tampoco deben saber lo que hacen cuando votan con su grupo parlamentario porque nosotros hemos presentado un Plan de Empleo y ellos han votado en contra, además de haber dado la callada por respuesta ante nuestras reiteradas propuestas para llegar a un acuerdo sobre un nuevo modelo productivo capaz de generar empleo estable y de calidad.

Pondré a su disposición nuestro programa electoral y las varias decenas de propuestas parlamentarias registradas, que están obligados a conocer, sobre empleo, estimulo de la economía real, medidas fiscales para financiar el empleo y la economía, así como medidas para mejorar la situación de los trabajadores en desempleo, etc. etc.

El Gobierno debe apearse de la soberbia de su mayoría absoluta. Debe negociar. Las fuerzas políticas de la izquierda, desde luego Izquierda Unida, estamos dispuestas a gestionar políticamente esa negociación sobre la base de la Iniciativa Legislativa Popular que CC.OO y UGT presentaron con el aval de cientos de miles de firmas. Porque la huelga general del 29 de marzo ha sido un éxito político, social y democrático que refuerza al sindicalismo de clase como columna vertebral de la defensa de los derechos de los trabajadores.