El concepto de transición política que ha ido unido a los cambios profundos de régimen, como el que sucedió en España en el 1978, ha ido mutando hacia un significado distinto, quizás menos traumático, pero manteniendo el vigor del significante. Ahora utilizamos el vocablo para la energía, o el medioambiente, o el sistema productivo, pero enfocado más con matices de evolución de caminos ya iniciados o necesarios, que de ruptura. Cada transición es distinta, especialmente estas nuevas a las que nos referimos y la que ahora afronta nuestro país tiene un destino aún incierto pero decidido, que arrancó en la anterior legislatura y que abre ahora una puerta nueva para seguir avanzando en la misma.

Conocemos por los acuerdos previos, las declaraciones institucionales y la experiencia del pasado reciente que en el corazón del proyecto político que arranca el objetivo es profundizar en los cambios que ya se han iniciado, expresado o previsto en términos electorales, y no son menores. Es muy relevante que se hayan planteado ya las claves básicas para la nueva gestión y que en ellas estén elementos claramente transformadores. Podemos hablar del nuevo estatuto del trabajo para el siglo XXI, que habrá de acompasar los derechos de las personas que trabajan a la realidad de la época. Esto significa redefinir el concepto del trabajo y poner muros de contención frente al devenir de los cambios productivos y sociales. España está en estos momentos al frente de las novedades legislativas mundiales en este sentido, pero el proyecto trata de ir más allá y plantear un marco regulador al respecto que garantice la senda de la protección y del diálogo.

Obviamente, la modernización económica en clave de digitalización, de combate a la crisis climática con el objetivo tan soñado del pleno empleo va a exigir compromisos profundos, que vienen de instancias europeas pero que necesitan la implicación de distintos actores que deberán modificar sus comportamientos y recibir para ello todo el apoyo público, pero también la exigencia de la no dilación en acometerlo, y hacerlo sin descuidar la consolidación de la protección social pública, una de las piedras angulares del estado del bienestar, que se encuentra en un momento clave para seguir equilibrando la balanza a favor de las personas que necesitan de ese apoyo público en circunstancias como la jubilación. Recordemos que esta ha sido una legislatura muy relevante en términos de adecuación de las pensiones al IPC y de subida de las no contributivas como nunca se había hecho. La relación de este Ministerio con el de Trabajo y los demás de perfiles económicos será determinante.

Por supuesto se inicia un tránsito hacia una conformación territorial que tiene ineficiencias en tanto permite desigualdades entre ciudadanos en función de su lugar de nacimiento, y que ha producido las mayores tensiones democráticas desde la constitución del 78. La ley de amnistía y los modelos de financiación están en el frontispicio de las nuevas tareas, que no son solo de gobierno, sino de parlamentarismo.

Por supuesto, el reto de la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia machista ha de ser una exigencia ciudadana, y pese a los debates producidos en los últimos años los avances han sido indudables. No puede ni debe el Gobierno que nace considerar esta cartera como un Ministerio de carácter menor ni retroceder en la consolidación de derechos para las mujeres, como debe hacerse con la ley de vivienda, la contención de precios, o con la derogación de la ley mordaza.

Para todo ello, Sánchez junto con Díaz, ha conformado un Gobierno para cohesionar a la interna el órgano ministerial y para abordar los retos descritos, rodeados ambos de perfiles altamente políticos, de confianza y con experiencia acreditada, pero que si quiere abordar estos grandes cambios habrá de ser tan dialogante como incómodo, tan generoso como firme, tan capaz de entender los retos como de no abandonarnos. Veremos.