Antes del cambio de siglo, España se venía definiendo, ufana ella, como un Estado social y democrático de Derecho, al menos desde que se aprobara la Constitución del 78. Así nos lo enseñaron en la Facultad a los que luego cogeríamos la toga.

Es verdad que la proyección social del Estado, en comparación con los restantes países de aquella Europa a la que apenas nos acabábamos de asomar, era bastante de andar por casa, pero era nuestro pequeño remedo de Estado de bienestar, y existían ciertas expectativas de converger, en los indicadores de calidad de vida, con la primera línea europea.

Sin embargo, el tsunami de la crisis, y los surferos neoliberales que lo cabalgaban, han hecho trizas ese espejismo: la frágil tienda de campaña en la playa que era nuestro Estado de bienestar ha quedado literalmente arrasada por las políticas neoliberales implementadas so pretexto de la crisis.

A los salarios de miseria de los más afortunados (los que no han sido expulsados del mercado laboral), se une ahora la incertidumbre de las futuras pensiones que, si existen, se cobrarán en billetes del Monopoly. La educación y la sanidad públicas, paulatinamente degradadas por la asfixia presupuestaria, serán en no mucho tiempo un recurso estatal para pobres, caricatura de lo que un día fueron, de modo que sólo tendrá educación y sanidad de calidad quien se la pueda pagar, tal y como ha ocurrido ya con la enseñanza universitaria. De la dependencia o la renta mínima, mejor ni hablamos, y así podríamos seguir con una larga lista de renuncias del Estado a paliar, no digamos ya corregir, las desigualdades sociales a través de la acción pública.

Podemos decir, pues, que el Estado social es cosa del pasado, y que las referencias constitucionales al derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, a una vivienda digna, o a la protección social, suenan en la actualidad especialmente absurdas y fuera de lugar.

Otra de las consecuencias que trajo la crisis económica fue el 15-M, movimiento que pretendió la impugnación del esclerotizado sistema de partidos nacido de la Constitución de 1978, y aun de la propia legitimidad del texto fundamental para representar a una mayoría creciente de españoles que nunca habían tenido oportunidad de pronunciarse sobre esa norma y las líneas maestras que dibuja.

Frente a las reivindicaciones del 15-M, y a las mareas que surgieron al calor de su movilización, el Estado reaccionó como se reacciona frente a un cáncer: Código Penal y Ley Mordaza fueron su cirugía para extirpar la disidencia.

Multas por grabar a policías, por ocupar pacíficamente entidades bancarias, por sobrevolar edificios o sencillamente por manifestarse sin el plácet de la Delegación de Gobierno.

Prisión por ir a escraches, o a parar desahucios, o a cualquier otra protesta que implicara resistencia pacífica, o simplemente por tener mala suerte y ser detenido en una manifestación con altercados.

Y prisión y multas, ambas, para tuiteros, raperos o indocumentados que, por mera provocación, convicción política, o pura gilipollez expresaran ideas contrarias al orden establecido, soflamas en favor de grupos armados foráneos o nacionales, o simplemente hicieran chistes desafortunados, o repitieran alguno de cuando Carrero Blanco dejó de ser presidente.

Así fue, en definitiva, como el Estado democrático de Derecho que era España dejo de ser, también, democrático, por más que se nos permita votar cada cuatro años (y cuidadito con hacerlo en otro momento distinto) para elegir quien, de entre los bendecidos por el poder económico, cuidará de sus intereses frente a nosotros.

Nos quedaba, pues, el imperio de la Ley, la independencia del poder judicial respecto de ese batiburrillo partitocrático que ha copado tradicionalmente los poderes legislativo y ejecutivo. Éramos, al menos, un Estado de Derecho.

Eso sí, siempre y cuando no se ponga en cuestión la unidad territorial del Estado, pues estamos asistiendo, ahora, a la constatación de cómo se luchó desde los Tribunales contra el independentismo violento, y como se lucha en la actualidad frente al independentismo pacífico.

Hago notar, en este sentido, que las personas condenadas por el atentado de la T4 de Barajas, a los que quizás la prudencia exige volver a otorgar el calificativo de presuntos, fueron condenados por la confesión policial de uno de ellos, como única prueba directa de su participación, y acaba de quedar acreditado que fue sometido a tratos inhumanos y degradantes (o sea, torturado) en el marco de esa detención en la que se produjo su confesión.

En lo que concierne al procés, y en concreto a su judicialización, resulta evidente que lo de menos está siendo el encaje penal de los hechos, de modo tal que está siendo de aplicación a este caso la doctrina del “A por ellos, oe”, que tantos éxitos nos proporcionó en el Mundial de 2010, y ya llegará el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dentro de diez o doce años, a decir que la jubilación por la vía penal de toda de una generación de políticos independentistas quizás no fue ajustada a Derecho, pero en el camino, bendita razón de Estado, hemos descabezado al movimiento independentista, lanzado un nítido mensaje a quienes cojan el relevo, y quizás asegurado la integridad territorial por unos años, aunque sea a costa de abjurar del principio de legalidad.

Parece, en definitiva, que también nos está fallando el Derecho, y del Estado social y democrático de Derecho que deberíamos ser, según el art. 1 de nuestra Constitución, ya sólo nos queda el Estado. Cada vez más Uno, Grande, y Libre.