Actualmente, la socialización de la infancia se produce desde una edad muy temprana y en diferentes lugares como son los que proporciona la familia, la escuela, el grupo de crianza o internet, las y los iguales y el papel que tiene la diversidad reflejada en orientaciones, culturas e identidades. Es evidente que la socialización ya no está anclada sólo en la vida familiar, sino que se desarrolla dentro de una red que ayuda a definir las relaciones, fomentar la autonomía y la autoestima, y es, en definitiva, una parte esencial de su desarrollo. Por ello es urgente una sensibilización de toda la sociedad acerca de la necesidad de proteger a los y las menores y de dejarles desarrollarse plenamente porque todos y todas tienen derecho a una educación inclusiva, respetuosa, cuidada, sana, cálida, libre, feliz y digna; a ser protagonistas de su desarrollo y a que se les reconozca como ciudadanía de pleno derecho. Hablamos de ciudadanía desde la infancia porque deben ser reconocidos como agentes con pleno derecho para la participación activa en la vida social y política, contribuyendo a la mejora de sus condiciones y a su aportación esencial para la mejora de la convivencia social, mejorando también el estado de salud democrático de su entorno.

La pandemia ha demostrado que necesitamos desarrollar e implantar mecanismos sólidos que garanticen el cumplimiento de los derechos de la infancia en cualquier circunstancia. El impacto que el coronavirus está teniendo entre la infancia y la adolescencia afecta a sus mecanismos de protección, el acceso a la educación, a una alimentación saludable (en ocasiones dependiente del acceso a la escuela) o la promoción de su participación. Así, son necesarios elementos diversos que articulen una respuesta coordinada desde las instituciones.

Para contribuir al desarrollo de la respuesta, consideramos necesario visibilizar los riesgos y efectos que situaciones como la actual tienen en el ejercicio de los derechos de infancia y adolescencia, de forma que establezcamos líneas que ayuden en la cobertura y garantía de tales derechos ante cualquier circunstancia y con base en las características de cada contexto.

Según datos de UNICEF y Save The Children 150 millones de niños más han caído en la pobreza debido a la COVID-19[1]. Así “los niños y niñas que viven en la pobreza multidimensional, sin acceso a educación, salud, vivienda, nutrición, saneamiento o agua ha aumentado en un 15% desde el inicio de la pandemia” alertando de que la situación puede seguir empeorando.

Según la Encuesta de condiciones de vida del INE[2], observamos que en 2019 la “Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE)” para menores de 16 años es del 30,1%, situándose por sexo en un 28,2% para los varones y en un 32,1% para las hembras. En 2018 estos datos eran algo inferiores, siendo de un 28,8% la general para menores, de un 27,7 para varones y de un 29,9 para hembras. Son los hogares con niños, niñas y adolescentes los que tienen tasas de pobreza notablemente más altas con respecto a los hogares compuestos sólo por adultos, así como un claro factor de feminización de la pobreza.

Las capas con menor nivel económico son quienes tienen mayores barreras en el ejercicio de la mayoría de sus derechos básicos como son: la salud, la vivienda o el acceso una alimentación saludable, etc. Es especialmente preocupante la situación de familias con hijos a cargo en riesgo de pobreza extrema. Para garantizar el derecho a la no discriminación y el interés superior del menor es necesario analizar y mitigar el impacto de la pobreza en el ejercicio de los derechos de la infancia de forma que las instituciones coordinen la gestión, mantenimiento y correcto funcionamiento de mecanismos que ayuden al acceso de estas capas a los derechos básicos garantizando el interés superior del menor. Algunos de ellos expuestos en el informe de UNICEF[3].

Garantizar el derecho al desarrollo y a la educación implica analizar el impacto que el confinamiento ha tenido en el desarrollo emocional de la infancia. Millones de niños y niñas de entre 0 y 3 años se vieron privados de sus principales espacios de socialización. Muchas han tenido que dejar las aulas y enfrentarse a una educación virtual para la que no estaban preparadas. Esto ha supuesto cambios en su desarrollo social y emocional. El confinamiento les ha afectado significativamente en su bienestar, tanto material como subjetivo, han vivido una pérdida de su autonomía y una mayor inseguridad a la hora de volver a habitar esos espacios de socialización, tan esenciales en esta etapa de su desarrollo. Ellas y ellos han sido testigos primeros de la emergencia social y el aislamiento.

La infancia confinada, ha visto cómo todo su esquema vital y emocional ha quedado fracturado por el confinamiento y en especial por la adaptación a la que se ha visto obligada su enseñanza. Esta situación no ha hecho más que evidenciar una vez más la característica innata de la infancia: su vulnerabilidad. El confinamiento, ha puesto de manifiesto la necesidad de que las actuaciones orientadas al apoyo del desarrollo cognitivo y social de la infancia deben adaptarse a la nueva normalidad. Por ello es necesario poner los medios a disposición para garantizar mecanismos que aseguren la continuidad de los espacios de aprendizaje y socialización de niñas y niños en edades tempranas como son: los parques infantiles, las escuelas, los grupos de crianza, esenciales para su desarrollo emocional y cognitivo.

Las niñas y niños son agentes, sujetos con capacidades y derechos, que suelen romper los marcos socialmente considerados para la infancia, y sorprenden mostrando una capacidad de acción y crítica por encima de las expectativas que los adultos tienen. Y es gracias a esta actitud que la infancia posee, que nos encontramos con uno de los grandes retos en la educación y sensibilización en derechos como es el de generar espacios de participación que se adecuen a las capacidades y necesidades de la infancia, contando con gran flexibilidad para acoger a todas ellas. Ellas y ellos son testigos de primera mano de las emergencias sociales, los aislamientos, las desigualdades, etc.

Garantizar los espacios de participación infantil es uno de los elementos esenciales para conocer de primera mano las necesidades en la garantía del ejercicio de sus derechos. Escuchar a la infancia y adolescencia construyendo nuevos espacios y tiempos para garantizar su presencia y voz, haciendo que deje de ser la protagonista silenciosa y se convierta en protagonista activa de este escenario. Preguntemosles para construir nuevas realidades asentadas sobre los Derechos de la Infancia.

El problema básico que surge al poner en práctica estas concepciones es que la infancia - a menos que haya una clara conciencia e intención, por parte de las personas adultas de su alrededor y que las tutelan, en construir y habitar esos espacios de participación - tiene claros problemas para representarse. Sin esta posibilidad, la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia queda indefectiblemente en manos de los adultos. De ahí que la sensibilización del conjunto de la sociedad sea otro eje esencial para garantizar los derechos de la infancia.

El respeto profundo a garantizar los derechos de la infancia allá donde vayamos, será la base, pero debemos seguir tejiendo las redes que configuren modelos de los derechos más como titularidad que como ejercicio.

Poner a los y las niños y niñas en el centro de la sociedad, nos llevará a repensar entre otros su educación, para evitar continuar con las desigualdades y deficiencias que actualmente existen. Por ello, consideramos imprescindible y aplaudimos las medidas que se están tomando en términos de creación de recursos de educación, el refuerzo en la creación de escuelas infantiles por ejemplo. Es una muy buena noticia que la tasa de escolarización en España de niños de primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) se haya incrementado más de 10 puntos en la última década, hasta alcanzar el 38,2%, según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 'Panorama de la Educación 2020'[4]. Según este informe la tasa de escolarización de 0 a 3 años en España se sitúa por encima de la media en los países de la OCDE, situada en el 25,5%, y de la de los países de la Unión Europea, que alcanza el 23,6%. Pero también consideramos necesario remarcar que la exigencia de una profunda política social que garantice los derechos de la infancia, debe garantizar también los derechos de sus familias y apostar por medidas de conciliación y compensación a la diversidad de familias que conforman nuestra sociedad y con son el eje principal para que los derechos de la infancia sean garantizados.

La infancia es sin duda el colectivo más vulnerable y la protección de sus derechos implica una concienciación ciudadana integral de los riesgos a los que están expuestos. Un contexto social, cultural y educativo cambiante, exige una adaptación constante.

NOTAS

[1] “150 millones de niños más han caído en la pobreza debido a la COVID-19”. UNICEF.2020 https://www.unicef.es/prensa/150-millones-de-ninos-mas-han-caido-en-la-pobreza-debido-la-covid-19#:~:text=NUEVA%20YORK%2FLONDRES%2C%2017%20de,Save%20the%20Children%20publicado%20hoy.

[2] Datos extraídos del INE. Resultados nacionales. Riesgo de pobreza o exclusión social (estrategia Europa 2020) (renta año anterior a la entrevista) https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10005&L=0

[3] Impacto de la crisis por COVID-19 sobre los niños y niñas más vulnerables. Reimaginar la reconstrucción en clave de derechos de infancia. UNICEF. https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/7228_d_covid19-infancia-vulnerable-unicef.pdf

[4]“ Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2020”. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Secretaría de Estado Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial. Instituto Nacional de Evaluación Educativa Madrid 2020. https://www.educacionyfp.gob.es/inee/indicadores/indicadores-internacionales/ocde.html