El Sr. Escrivá, Ministro de la Seguridad Social acaba de proponer que para calcular la pensión a percibir se compute en base a los salarios de los últimos 35 años en lugar de los 25 que regían actualmente. Después de que la reforma de las pensiones de 2011 lo hiciera subir de 15 a 25, y que la anterior de 1988 lo hiciera pasar de 2 a 8. Recapitulando: antes el cálculo era sobre los dos últimos años, pasó a 8, 15, 25, y ahora 35… Ya no quedan más años, pues actualmente para poder cobrar el 100% de la pensión que corresponda hay que haber cotizado un mínimo de 35 años. En realidad con esta propuesta se consigue vincular la prestación de la pensión a toda la vida laboral, que es uno de los objetivos que las autoridades correspondientes persiguen desde hace años. Y ello a pesar de que esta propuesta precisamente no aparece entre las recomendaciones del Pacto de Toledo que se aprobaron en Octubre de este año.

Normalmente, aunque ahora esto puede ser menos habitual pues muchos trabajadores se quedan parados en sus últimos años de vida activa, los trabajadores inician su vida laboral con salarios más bajos, que van creciendo a medida que su experiencia y su edad progresa. Alargando los años hacia atrás para hacer el cálculo, los salarios bajos pesan cada vez más y la pensión a la que se tiene derecho es menor. Hábil sistema de rebajar la pensión automáticamente sin que se note demasiado. Siguiendo la idea de que cobras lo que tu has cotizado, sin tener en cuenta para nada una larga historia laboral. Entre otras cosas, ¿Cómo, con qué índice, actualizaran los salarios nominales de hace 35 años?

Han transcurrido casi tres años desde que los pensionistas iniciaron un proceso de reivindicaciones para exigir el mantenimiento de las pensiones públicas ante el ataque que suponían las dos últimas reformas del PSOE y del PP de 2011 y 2013/14. Proceso enormemente dinámico, que se ha expandido a todo el Estado y en el que los pensionistas han mostrado que los años no han disminuido su capacidad activa, habiéndose convertido en la causa reivindicativa más amplia y viva de los últimos años, referente fundamental para los movimientos populares.

Pareció que los mayores de este país habían ganado parte, sólo parte, de la batalla cuando consiguieron que la actualización de las pensiones fuera según el IPC, aunque sólo para 2020, y condujeron a que el Pacto de Toledo, que había sido suspendido por la pandemia, se volviera a reunir y presentaran sus recomendaciones, que sólo son tales y no suponen acuerdos obligatorios, que fueron aprobadas en Octubre de este año. Estas recomendaciones tuvieron sus luces pero también algunas sombras importantes. Los pensionistas no estaban muy contentos con ellas, pero entre la pandemia que sigue incontrolada y algunos aspectos positivos de las recomendaciones, parecía que de momento se podía esperar un periodo de paz relativa entre los tenaces pensionistas y el Gobierno.

Pero no parece que esto satisface al Sr. Ministro y se destaca con la propuesta que comentamos. Es como si se pretendiera mantener una guerra interminable con un sector realmente combativo de la población. En medio de problemas gravísimos e inmediatos que tiene el país – pandemia, crisis económica, presupuestos, corrupción del emérito, juicio kitchen, etc, etc, - no duda en ignorar los procedimientos establecidos para negociar un tema -el Pacto de Toledo-, que además sólo va a alterar los datos del problema en el medio y largo plazo, y proponer una reforma que implica necesariamente una reducción de las pensiones. Lo que sólo puede provocar un serio conflicto con un numeroso grupo de pensionistas y partes de la población trabajadora.

La estrategia es hábil. No se detendrán en debatir las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en octubre, en las que hay amplia materia a discutir, sino que se hace otra propuesta distinta que reclamará la atención y las energías de quienes se oponen a la misma. Así, absorbidos por una propuesta negativa adicional, es posible que se ignore la totalidad de la reforma de las pensiones y, tras una larga batalla más, se alcance una ‘solución intermedia, un centro’ que según la experiencia en el tema, siempre lleva a que las pensiones públicas sean cada vez menores.

Sería difícil de entender la razón de esta propuesta ahora si las fuerzas que están tras la privatización de las pensiones no fueran tan poderosas. Son ya muchos los años en que el tema de las pensiones públicas, con la manipulada excusa de su déficit, están siendo disminuidas por todas las reformas que han tenido lugar. Debates interminables pero, sobre todo, medidas que en prácticamente todos los casos, conducen a disminuirlas para estimular que quienes tienen los medios económicos suficientes contraten pensiones privadas para la vejez y quienes no los tengan se vean conducidos a una vejez en la pobreza. Además, ¿Cómo es posible que en país donde no hay dinero para las pensiones públicas exista el suficiente para las pensiones privadas? ¿No se tratará más bien de un problema de cómo se distribuyen la renta y la riqueza?

El Sr. Escrivá es sutil. Dado que el Pacto de Toledo, a pesar de presentar algunas graves sombras, ha hecho algunas recomendaciones que consolidan el sistema público, hay que contrarrestarlas. Propone una medida que no va a afectar a los pensionistas actuales, que son realmente los reivindicativos, y como sólo va a afectar gradualmente a las pensiones futuras, es posible que la propuesta no encuentre tanta resistencia. Y menos en un periodo en que la pandemia y las medidas tomadas frente a ella han desarbolado bastante las reivindicaciones en general y las de los pensionistas -población de riesgo- en particular. ¡Que ‘elegancia’ la del Ministro¡ Aprovechando una coyuntura desmovilizadora para ganar una batalla más en esta guerra interminable establecida contra los pensionistas del mañana. En un momento que hasta las instituciones internacionales se preocupan por la magnitud de la pobreza en este país.