Hace tiempo que nos hemos acostumbrado a que la Justicia sea protagonista de las noticias de actualidad. Supone una gran anomalía que causas penales se encuentren abriendo telediarios y que algunos jueces, embozados tras la expresión "fuentes judiciales", campen a sus anchas por numerosos rotativos.

En cualquier país de Europa, para la ciudadanía es irrelevante la identidad de los jueces o su trayectoria. Menos aún, se permite que las causas judiciales se hallen publicadas, para satisfacer la curiosidad ciudadana.

De hecho, la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo prohíbe que las autoridades publiquen datos de los procedimientos judiciales en que intervengan. Tiene que ver con el respeto a la presunción de inocencia, que consiste en no dar por culpable a una persona antes de que se celebre el juicio, con todas las garantías que le asisten, y antes de que se dicte sentencia por la que se absuelva o condene.

En España hace tiempo que se han traspasado estas líneas rojas y nos desayunamos todos los días con procedimientos penales incoados contra determinadas personas públicas. No se aprendió nada desde que la causa contra Dolores Vázquez se basó, precisamente, en un feroz y descarnado juicio paralelo que la condenó antes de sentarla en el banquillo.

Y no sólo eso, sino que, aprovechándose de la peculiaridad española, que permite a las asociaciones personarse como acusación popular - rara avis en países de nuestro entorno- se viene abusando de esta figura para arremeter contra quienes consideran que han ofendido los dogmas de la Iglesia o desafían la indisoluble unidad del territorio español o quienes osan a llegar al poder -tras el recuento en unas elecciones democráticas basadas en el sufragio universal, libre y directo-.

Esta instrumentalización de la acusación popular, al servicio de intereses políticos, religiosos o económicos de ciertas entidades poderosas, lamentablemente está cristalizando en los Juzgados y Tribunales. Vemos cómo algunos jueces se sienten concernidos por estas iniciativas, que parten dudosamente de la sociedad civil, que impulsan procedimientos, con reminiscencias de ciertas arcaicas prácticas y ordalías.

Sin duda, es preocupante la actitud de algunos jueces -la mayoría de ellos en las altas instituciones de la judicatura- cuya imparcialidad brilla por su ausencia, movidos por su adscripción política.

La falta de imparcialidad judicial, tal y como viene siendo considerada en Europa, tiene que ver con la percepción ciudadana acerca de la función de árbitro neutral que se presume de los jueces. Cuando esa percepción, objetivamente demostrada, cala en la sociedad, la misma Administración de Justicia pierde legitimidad.

La guerra judicial hace tiempo que llegó a nuestro país para quedarse. Los titulares de impulso judicial contra personas públicas, previamente demonizados por diarios hostiles a la opción política que representan y oportunamente traídos en periodo electoral, no solo suponen una amenaza contra su imagen y su reputación y sus expectativas electorales. También resultan una clara advertencia de perder su libertad personal, lo hemos visto en el procedimiento contra el “Procés”, que ha provocado injustos encarcelamientos y exilios.

La evolución que se observa en esta guerra de algunos jueces contra representantes políticos es alarmante: se busca la eliminación del enemigo, neutralizado con titulares previos a la celebración del juicio, y eso podría incluir condenas de prisión.

Hoy hemos sabido que Pablo Iglesias deberá dar explicaciones por unas palabras contra el magistrado que, empecinadamente, le investiga en la Audiencia Nacional. Parece imperdonable que descalifique a quien con gran ahínco insiste en investigarle, pese a las resoluciones que en sentido contrario ha dictado la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Es el mismo magistrado que ha decidido cerrar en falso el procedimiento en el que se “cocinaba” la destrucción de pruebas que Bárcenas tenía en su poder contra el Partido Popular.

El “cierre en falso” se produce cuando se concluye una investigación y se excluyen relevantes hechos relacionados con determinadas personas, sin cuya participación se haría imposible o improbable la acción delictiva. Pues en numerosas causas adquiere gran importancia la labor de los inductores, sobre todo si hay una evidente relación jerárquica, como parece suceder en la denominada “operación kitchen”.

Que Pablo Iglesias diga qué sobre el magistrado -probadamente afín al Partido Popular-, podría desagradar al mentado, sin duda, pero la piel de las personalidades públicas, sobre todo si son poderosas, debería ser resistente a este tipo de críticas, pues aguantarlas es una obligación inherente a su cargo.

Este procedimiento -y otros tantos conocidos- contra quien osó ejercer la vicepresidencia del Gobierno, es un botón que muestra solo uno de los muchos objetivos políticos que, hoy por hoy, ciertos magistrados se han empecinado en alcanzar. Parece que nuestros gobernantes se equivocan y así, desde la judicatura, se ha emprendido una cruzada para salvar a la Patria de enemigos.