El pueblo chileno está sufriendo los mayores episodios de represión y violencia policial que se recuerdan desde la pasada dictadura militar del general Pinochet. Tras la reciente subida en el precio del metro, desde diversas posiciones se hizo un llamado a protestar, de manera pacífica, contra este incremento en el precio del transporte, eludiendo el pago del billete en el momento del acceso. Una protesta que, pese a su cariz desobediente, no deja de ser una protesta pacífica que no conlleva la comisión de ningún delito ni el empleo de la violencia si no, en su caso, la correspondiente sanción administrativa.

Esta subida del precio del pasaje de metro, que ha supuesto un evidente punto de inflexión en la generalización de las protestas, supone el colmo a treinta años de abusos por parte del poder, privatización del agua, aumentos del costo de la salud y la educación, lo que ha hecho mucho más rápida su generalización e intensificación alrededor de todo el país. Las protestas comenzaron el pasado jueves 17 de octubre, y desde el primer momento la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera pasó por la criminalización de la protesta y su reducción a base de fuerza policial. Las fuertes reprimendas soportadas por los manifestantes de ese primer día se encuentran entre las razones de muchos de los manifestantes que se unieron a las manifestaciones en los días posteriores. Poco después, para la mañana del sábado 19 de octubre, las protestas se habían expandido a todo el territorio chileno.

Tras 8 días de protestas, las cifras nos hablan de 23 muertos. Por su parte, el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile), confirma 1.132 civiles heridos por armas de fuego y 3.535 personas detenidas. Hablamos de 7 días desde que el estado de emergencia fuese declarado en Santiago, extendiéndose ya a la gran mayoría de provincias chilenas. Junto con el estado de emergencia, acompañaron los toques de queda y la salida de las fuerzas militares a las calles, lo que produjo un recrudecimiento de los enfrentamientos y la brutalidad policial.

El estado de emergencia o excepción constitucional, que permite la restricción de determinados derechos constitucionales por un periodo de tiempo, junto con los toques de queda, están sirviendo de pretexto para que se lleven a cabo horripilantes violaciones de los derechos humanos a lo largo de todo el territorio chileno. En las diferentes convocatorias y protestas por todo el país los abusos policiales y estatales se suceden. Las detenciones arbitrarias se llevan a cabo a plena luz del día, sin causa aparente y de manera numerosa, de manera que cualquier manifestante siente el miedo y la susceptibilidad de ser detenido, por el mero hecho de encontrarse allí. Las personas detenidas son retenidas durante horas o días sin asistencia jurídica y sin que nadie conozca su paradero. Durante su puesta en libertad, algunos han tenido que pasar por la humillación y la miseria moral de esas fuerzas del orden capaces de decir: “Tienes diez segundos para arrancar, después empiezo a disparar”, y efectivamente disparar la espalda de las personas que huyen despavoridas del lugar.

Pero no solo eso. A lo largo de todo el país, policías y militares de paisano en coches corrientes se llevan a personas sin motivo alguno, se detiene arbitrariamente y se abusa sistemáticamente durante la detención y la estancia en dependencias policiales, siendo ya centenares las denuncias de torturas y malos tratos. Multitud de documentos gráficos recogidos por periodistas y civiles que han trascendido en los últimos días muestran a las fuerzas del orden chileno armando barricadas, organizando saqueos o amedrentando de paisano a los trabajadores de las ferias libres, con el objetivo de provocar los disturbios que generen después la violencia y el desorden público que justifica los estados de emergencia. Otras imágenes muestran a las fuerzas del orden quemando bancos y cajeros, con el objetivo de que la falta del acceso a efectivo genere un efecto multiplicador de disturbios, saqueos y desorden que vuelvan a legitimar las medidas represivas.

Y es que las protestas que la sociedad chilena está viviendo en los últimos días suponen poner voz a desequilibrios económicos y desigualdades sociales que atraviesan el país desde hace demasiado tiempo. La respuesta institucional ha sido, por el contrario, la guerra. Desde el primer momento, el presidente Sebastián Piñera declaró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso. Un enemigo que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones de metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible”. Una guerra contra el pueblo, lo que recuerda peligrosamente a aquella estrategia político-social utilizada durante el Golpe militar.

La declaración sobre el estado de guerra no es inocente, ni meramente retórica, sino que tiene consecuencias que los chilenos y las chilenas que han decidido resistir y alzar la voz están sufriendo de primera mano. Declarar la guerra supone borrar, de un plumazo, cualquier atisbo de legitimidad de las protestas y sus mensajes, suprimir estas demandas de la deliberación pública, negando la política y criminalizando la protesta en todas sus formas, aunque sea plenamente pacífica.

En la guerra solo hay un objetivo, y este es eliminar al enemigo, suprimirlo. No queda lugar para negociaciones, para debates o reflexiones, la guerra solo tiene un fin, la eliminación de uno de los dos bandos. Ante esto, el pueblo chileno grita: ¡No estamos en guerra!, y exige a los poderes públicos que asuman las demandas que vienen de la calle y devuelvan la libertad y el estado democrático a Chile.

Mientras tanto, todos los hechos que se suceden durante los últimos días recuerdan peligrosamente a la dictadura que no hace tantos años vivió y sufrió el pueblo chileno: secuestros, detenciones arbitrarias, disparos a quemarropa por parte de las fuerzas del orden, limitación de la libertad, manipulación y tergiversación de la realidad, violaciones y agresiones sexuales, desapariciones, etc.