DEAN BAKER

En las últimas semanas ha habido un gran esfuerzo por parte de los conservadores –e incluso por parte de muchos centristas– para alentar el odio contra los trabajadores del sector público por cuenta de sus pensiones. La historia sería que los trabajadores públicos tienen mejores pensiones que sus colegas del sector privado. Al mismo tiempo, la mayoría de los fondos de pensiones estatales y locales sufren un gran déficit, lo que implica que serán necesarios ingresos gubernamentales adicionales para mantenerlos solventes.

La fábrica de ruido de la derecha ha estando instigando la hostilidad contra los empleados públicos. Un columnista de The New York Times incluso apeló a los empleados de la administración pública jubilados a que devolvieran las pensiones por las que habían trabajado y que estaban en todo su derecho de reclamar.

Debemos tomarnos el ataque a los trabajadores públicos como lo que es: un sórdido caso de chivo expiatorio que lo único que pretende es desviar la atención de los verdaderos villanos en esta economía, los chicos de Wall Street y los ineptos estrategas de la política económica que han llevado a la economía a la ruina y que parecen empeñados en dejarla ahí.

Los hechos están claros. Si se consideran la formación académica y la experiencia, los trabajadores públicos cobran un poco menos de media que sus homólogos del sector privado. Tal vez este sueldo más bajo esté compensado por un mejor paquete de beneficios y prestaciones, pero la diferencia de los paquetes de beneficios y prestaciones entre el sector público y el privado quizá no sea tan grande como parece.

En primer lugar, resulta importante tener en cuenta que la probabilidad de que los trabajadores públicos tengan un título universitario es muchísimo más alta que si se considera la sociedad en su conjunto. Mientras que la mayoría de trabajadores cuenta con poco en términos de beneficios o contribuciones vinculadas a sus pensiones, la mayoría de los trabajadores con un título universitario puede disponer de, al menos, una modesta pensión cuando se retira.

Segundo, muchos trabajadores públicos no están cubiertos por la Seguridad Social. Esto significa que lo que reciban como pensión del Gobierno supondrá el grueso de sus ingresos por jubilación; no será un mero suplemento a sus prestaciones de la Seguridad Social. De este modo, la pensión de 22.000 dólares que de media recibía un funcionario jubilado en 2007 difícilmente parece excesiva.

Esto no significa que no existan algunos trabajadores públicos que jueguen con el sistema, ni tampoco que no haya categorías de trabajadores que no reciban demasiado (bomberos y policías tienden a ganar más; por supuesto, esta gente se juega la vida con regularidad en su trabajo a lo largo de su vida laboral). En conclusión, la idea de que tenemos una clase compacta de trabajadores disfrutando de jubilaciones de lujo es un sinsentido que puede ser fácilmente refutado con un vistazo rápido a los datos.

Pero prestemos atención al verdadero problema. Si hay 15 millones de desempleados, no es por las generosas pensiones de los trabajadores públicos. Tampoco esta es la razón por la que millones de dueños de vivienda estén con el agua al cuello por sus hipotecas y afronten la pérdida de sus casas. De hecho, si mañana redujésemos las pensiones de los trabajadores públicos a la mitad, esta medida no crearía ni un solo puesto de trabajo y tampoco salvaría la casa de nadie.

La razón por la que millones de personas están sufriendo es la combinación de la avaricia de

Wall Street y una gestión económica increíblemente mala. Como sabemos, los chicos de Wall Street han salido a flote, con beneficios y bonus de nuevo en cifras récord, gracias a los billones de dólares de rescate que el Gobierno les dio en el otoño de 2008. Si la gente quiere enfadarse con alguien, los bonus multimillonarios que van a parar a importantes hombres de negocios de Goldman Sachs y JP Morgan pueden ser mejor blanco que un maestro de escuela jubilado con una pensión de 3.000 dólares al mes.

El otro blanco apropiado para la ira del público deberían ser quienes aplican las políticas económicas, que han fallado en prevenir este desastre absolutamente previsible. Hay mucha gente que debería estar en el paro por este fracaso colosal y no lo está, empezando por el culpable principal, Alan Greenspan (anterior presidente de la Reserva Federal), que podría ser considerado el peor banquero de la historia. Fue él quien insistió en que todo estaba bien, incluso mientras la burbuja inmobiliaria se expandía hasta un volumen de más de 8 billones de dólares en su apogeo. ¿Pensaba que la burbuja simplemente se seguiría expandiendo para siempre o realmente creía que la economía podía perder 8 billones de dólares en riqueza sin provocar ningún descalabro?

Es aquí donde debemos hablar de pensiones públicas. Greenspan, que se ha jubilado como presidente de la Reserva Federal y, por tanto, no puede ser despedido, recibe según mis cálculos 160.000 dólares al año como pensión del Gobierno. Probablemente no haya nadie que se merezca menos esa pensión que Greenspan. Si hay algún trabajador público jubilado en el país que debería devolver su pensión, ese es Greenspan.

Dean Baker es Codirector del Center for Economic and Policy Research.

Traducción de Borja Novoa

Ilustración de José Luis Merino