Jorge Uxó

Profesor de Economía, Universidad de Castilla – La Mancha, y Secretaría de Economía de Podemos

Es muy sintomático que cada vez que aparece la palabra “salario” en el último Informe Anual que el Banco de España acaba de publicar, lo hace al lado de las palabras “coste” o “competitividad”. O que cuando se refiere al aumento que se ha producido en los márgenes de beneficio de las empresas a la vez que se deterioraban los salarios, no se mencionen sus consecuencias distributivas, sino únicamente la “necesidad de desendeudamiento que todavía presentaban las sociedades no financieras” (como si los hogares de los asalariados no tuvieran deudas que eliminar).

Para la economía española es fundamental modificar esta perspectiva, para destacar que las rentas salariales son el principal origen de la renta disponible de los hogares, y que por tanto su crecimiento es imprescindible para la demanda agregada, el crecimiento y, finalmente, el propio empleo. En Macroeconomía, esto se conoce como la “paradoja de los costes”: si el estancamiento de los salarios se generaliza, lo que aparentemente es una ventaja para las empresas vistas individualmente (se reducen sus costes) se convierte en una rémora para el conjunto de la economía (no hay demanda).

La OCDE también coincide en este planteamiento en el Economic Outlook publicado este mes de junio, en el que refiriéndose a la zona euro vaticina un escenario de bajo crecimiento que asocia al escaso dinamismo de los salarios y afirma que “un aumento sólido de los ingresos de los hogares y de su consumo requiere un mayor crecimiento de los salarios”. (Por cierto, ya es un clásico que las instituciones que siempre proponen una reforma laboral para cualquier problema, se sorprendan después de las consecuencias negativas para el crecimiento que provoca la devaluación salarial).

España es el país de la zona euro en la que más ha aumentado la desigualdad de la distribución de la renta desde el inicio de la crisis, y a ello ha contribuido sin duda la política de devaluación salarial impulsada por el gobierno del Partido Popular, principalmente a través del desmantelamiento de la negociación colectiva. La pérdida de poder adquisitivo de los salarios entre 2008 y 2014 superó el 10%, según el índice de precios del trabajo elaborado por el INE, y afectó principalmente a los salarios más bajos.

Pero es que, además, como confirma el propio Informe Anual del Banco de España o la última actualización de la Contabilidad Nacional Trimestral, el crecimiento registrado desde entonces no ha corregido esta redistribución de la renta en contra de los salarios, sino que éstos siguen estancados. En 2016, la remuneración por asalariado se mantuvo constante en el conjunto de la economía, y se redujo un 0,2% en el sector privado. Y en el primer trimestre de 2017, el coste laboral por hora ha caído un 0,1% respecto al año anterior. Dado que la inflación se está acelerando y que previsiblemente acabe el año en torno al 2%, todas estas cifras supondrán una fuerte pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios en 2017 (a la que habrá que sumar la de las pensiones, que sólo se han actualizado un 0,25%).

El estancamiento nominal de los salarios en un contexto de crecimiento económico se debe a que los convenios que se están firmando recogen aumentos muy moderados de las retribuciones de los trabajadores actuales, y a que los nuevos empleos que se crean tienen condiciones salariales mucho peores. Esto tiene que ver con que son empleos muy precarios, temporales y a tiempo parcial, donde el salario por hora es sistemáticamente más bajo. También, con que la capacidad de negociación de los trabajadores sigue siendo baja, como consecuencia de las elevadas tasas de desempleo. Y, por último, es una muestra de que se está volviendo a reproducir el modelo de crecimiento basado en sectores de bajo valor añadido (comercio, transporte, hostelería y, últimamente, de nuevo construcción) mientras las manufacturas sólo han recuperado el 19% del empleo perdido desde el inicio de la crisis.

Por tanto, en España el “problema de los salarios” es su bajo crecimiento, y es necesario cambiar esta tendencia por al menos cuatro razones. La primera es distributiva: para que la recuperación llegue realmente a la mayoría social. La segunda es puramente económica: porque, como señala la OCDE, un crecimiento sostenido sólo es posible con un crecimiento suficiente de los salarios. En ausencia de esta recuperación, el crecimiento seguirá siendo dependiente de los “vientos de cola” de los que se ha beneficiado la economía española, y que según el propio Banco de España explican dos tercios del aumento de nuestra tasa de crecimiento, y de la caída de la tasa de ahorro de las familias. Por tanto, será un crecimiento frágil. En tercer lugar, porque la posibilidad de pagar bajos salarios y hacer contratos precarios reduce la presión a las empresas menos eficientes para que mejoren su productividad, al poder eludir la presión de la competencia bajando los costes de la peor manera posible. Y la cuarta tiene que ver con el sostenimiento del Estado de Bienestar y, particularmente, las pensiones. La devaluación salarial es uno de los factores que explica en mayor medida los problemas actuales de la Seguridad Social.

¿Qué debemos hacer para asegurar un crecimiento suficiente de los salarios reales, que mejore de verdad las condiciones de vida de la mayoría de los hogares? Hay dos vías principales de actuación. La primera tiene que ver con la adopción de medidas para asegurar una distribución más justa, entre salarios y beneficios, de los crecimientos de productividad que están teniendo lugar. La segunda es el impulso de medidas que favorezcan un cambio en el modelo de crecimiento hacia sectores en los que, además, ese crecimiento de la productividad sea más alto.

Respecto a la distribución, los últimos datos de los salarios no hacen sino acentuar la tendencia continuada de caída de la cuota de las rentas del trabajo en el PIB total. Desde 1995 estas rentas (incluyendo tanto a asalariados como a autónomos) han perdido un 5% del Producto Interior Bruto, 2 de los cuales corresponden al último periodo de gobierno del Partido Popular (gráfico 1). Esto significa que los salarios reales han crecido por debajo de la productividad real: la productividad se ha incrementado un 18,5% desde 1995 mientras que los salarios apenas lo han hecho en un 7,1% (gráfico 2). Por esta razón, los trabajadores españoles siguen ganando por cada hora trabajada poco más que hace 20 años.

Para revertir esta tendencia, es necesario adoptar medidas como un plan para subir el SMI durante toda la legislatura, de forma que en 2020 se haya alcanzado ya lo que establece la Carta Social Europea y éste sea el 60% del salario medio; devolver el equilibrio a la negociación colectiva, derogando las dos últimas reformas laborales; asegurar que los empleados públicos recuperan el poder adquisitivo de sus remuneraciones; y, en definitiva, poner en marcha una auténtica “ofensiva contra la precariedad laboral”.

Asimismo, es necesario superar el actual modelo productivo de baja productividad (un crecimiento medio del 0,7% al año) y escasa fortaleza industrial (registramos un peso muy inferior en exportaciones de alta tecnología en comparación con los países de nuestro entorno). Por tanto, es necesaria también una verdadera política industrial activa que permita abandonar el modelo de competitividad basado en los bajos salarios.

En definitiva, la verdadera “salida de la crisis” debe ir acompañada de una recuperación de los salarios, para que beneficie a la mayoría (un 15% de los trabajadores son pobres), para que el crecimiento sea sólido y menos dependiente de factores transitorios, y para que se asegure la financiación de nuestro Estado de Bienestar.