Es una verdad incómoda con la que tenemos que convivir: seguimos viviendo en un mundo en el que seres humanos pasan hambre de manera cotidiana pese a todo el progreso, pese a la globalización, pese a los avances tecnológicos y científicos, pese a la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. La iniciativa América Latina Sin Hambre y el Pacto Mundial contra el Hambre son hitos históricos que podrían ser instrumentales para el logro de este fin. Con este modelo, los Parlamentos Nacionales obtienen el protagonismo concentrando las energías en la elaboración de legislación adecuada al contexto, con gran empeño en el análisis y seguimiento de políticas, para modificar y mejorar la normativa hasta lograr una sociedad donde ningún ciudadano pase hambre.

En nuestro mundo no sólo sigue habiendo hambre, sino que, pese a la tendencia positiva en las últimas décadas, los datos han empeorado en gran medida por las dificultades derivadas de la pandemia del COVID-19 y las guerras actuales. La pérdida de cosechas, restricciones a las exportaciones, y las sanciones, entre otros factores, han tenido un impacto negativo en los mercados agrarios internacionales.

También observamos de manera cotidiana como el cambio climático está afectando a las cosechas y genera inestabilidad en los sistemas de producción de alimentos en todo el planeta, y los medios de comunicación nos informan de cómo el hambre se utiliza como arma de guerra en lugares como Yemen, en la guerra entre Rusia y Ucrania, o en las represalias del Gobierno israelí contra la franja de Gaza, en donde el bloqueo de suministros incluye los alimentos.

En la actualización del informe de seguridad alimentaria de Banco Mundial de julio de 2023 se difundió que cerca de mil millones de personas padecieron dificultad severa para acceder a una alimentación adecuada el año anterior, y como consecuencia tuvieron que saltarse comidas. En el mismo mes, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) publicó su informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, que reveló que en 2022 padecieron hambre entre 691 y 783 millones de personas (esto es, entre el 8,6% y el 9,8% de la población mundial), 122 millones más que en 2019. En el informe mundial sobre crisis alimentarias 2024 recientemente publicado por la Red de Información de Seguridad Alimentaria y la Red Global contra las crisis alimentarias (FSIN y GNAFC por sus siglas en inglés), 282 millones de personas de 59 países están enfrentándose en el mundo a inseguridad alimentaria aguda.

Cabe recordar que la erradicación del hambre y la malnutrición fueron establecidos como meta global a conseguir en el año 2030 en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, las previsiones apuntan a que cerca de 600 millones de personas seguirán padeciendo hambre en 2030, es decir, el 7,5% de la población mundial, cifras similares a las de 2015, cuando se puso en marcha la Agenda 2030 y se establecieron estas metas. También se estima que 148,1 millones de niños menores de cinco años (el 22,3% a nivel global) sufren retraso en el crecimiento debido a la malnutrición.

Podríamos pensar que esta realidad que muestran las estadísticas es intolerable, y que no deberíamos convivir con ella, que este problema debería estar resuelto hace tiempo. Podríamos pensar también que hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada debiera ser la prioridad absoluta de cualquier Gobierno o de los organismos internacionales, si realmente representan a la población. Incluso, podríamos pensar que las generaciones futuras nos juzgarán por haber sido incapaces de haber cubierto esta necesidad básica para cualquier ser humano, sobre todo si seguimos dando por válido aquello de que todos los seres humanos, y sus vidas, tienen el mismo valor.

Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 

Ante este desafío intelectual y humano, y tras muchos años de reflexión, de políticas de progreso y políticas fallidas, de estancamientos y avances, pareciera que hemos encontrado una de las grandes claves para la lucha contra la mayor de todas las lacras que padece la humanidad, y esta lección la aprendimos en América Latina y Caribe con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre y la Malnutrición.

Hace ya más 18 años que surgió la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, con el compromiso asumido por los gobiernos de la región para erradicar el hambre antes del año 2025. Esta iniciativa dio lugar a los Frentes Parlamentarios en los distintos países y a nivel regional, que, junto con los Observatorios de la Alimentación (ODA), hicieron diagnósticos y pusieron el foco para comprender una problemática endiablada.

Entre muchos de los aprendizajes, hay uno que emerge como esperanzador: la herramienta fundamental para combatir el hambre no es la distribución de comida en sacos y paquetes, ni la donación filantrópica, no es tampoco el apoyo comunitario o la protección asistencial a grupos vulnerables. Las herramientas más cualificadas y con una mayor capacidad de combatir el hambre son la buena legislación, el seguimiento estrecho a la implementación de la normativa y el compromiso de los Gobiernos.

Sistemas de producción y distribución, la clave  

Se podría decir lo mismo en otros ámbitos, pero quizás no con el impacto tan claro como es en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional. Las normas y reglas que nos imponemos a nosotros mismos como sociedades democráticas han de procurar sistemas de producción justos y equitativos, sostenibles en el tiempo y protectores del medioambiente. Nuestras normas deben velar por la protección y seguridad de todos, sin dejar a nadie atrás. Es decir, soluciones sistémicas que trabajen a nivel estructural.

El hambre no es un problema técnico, es un problema político es una frase que nos ayuda a reflexionar acerca de la naturaleza de una problemática que no sólo afecta a individuos o comunidades concretas, sino que radica en sistemas de producción y distribución de los recursos alimenticios que somos capaces de generar en nuestro ambiente.

La alimentación tiene una dimensión pública y política si como sociedad decidimos que no queremos que nadie pase hambre, exigiendo a nuestros gobernantes soluciones al respecto. El avance científico y el progreso de nuestro tiempo debieran habilitar un acceso mínimo a una alimentación adecuada y saludable para todos.

Pacto Mundial contra el Hambre 

La II Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición realizada en Chile en 2023 fue un motivo para la esperanza, y será un gran avance si conseguimos que haya frutos e intercambios entre nuestros legisladores y si logramos que nuestros países compitan no por el mayor PIB y crecimiento, sino por ser los países donde sus ciudadanos tienen mejor acceso y garantías de recursos básicos para su propia existencia.

La Cumbre contó con la participación de 200 parlamentarios de 64 países y concluyó con un Pacto Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, que sólo el tiempo nos dirá si se convierte en un hito histórico, o en un pequeño avance. Este Pacto Parlamentario Global establece un mecanismo de refuerzo y supervisión para que el compromiso parlamentario con los sistemas agroalimentarios sostenibles y el derecho a una alimentación adecuada se cumplan, midiendo el progreso y compartiendo lecciones entre países.

Con este marco, y siendo América Latina líder de facto en esta agenda, el I Diálogo Iberoamericano Político-Académico Alimentación Primero, que ha tenido lugar entre el 24 y 26 de abril de este año en Guatemala, nos sigue mostrando el empeño por progresar y avanzar en soluciones políticas viables y eficaces en conjunto, siguiendo el proverbio africano Si quieres ir deprisa ve solo, pero si quieres llegar lejos ve acompañado.

En cualquier caso, nunca en la historia hemos estado tan cerca de lograr un sueño antiguo y profundamente asentado en los corazones de generaciones previas, ese anhelo de un mundo sin hambre y pobreza es un legado de las religiones y los movimientos sociales, de muchos pensadores e idealistas. Es quizás esta, una lucha que requiere de grandes dosis de paciencia, determinación y un compromiso a prueba del desaliento, pero si como ciudadanos le damos importancia, será asimismo importante para nuestros gobernantes y legisladores.

Si los Frentes Parlamentarios siguen ofreciendo luz, se expandirán a otros países como ha sucedido ya en España, que, tras apoyar financieramente la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre a través de la AECID, ha replicado el modelo con un Frente Parlamentario español y un Observatorio de la Alimentación, en lo que se ha convertido en un gran ejemplo de “cooperación de ida y vuelta”.

El mundo actual presenta cambios que podrían ser desafíos u oportunidades; el auge y mayor protagonismo de los BRICS, los convulsos golpes de Estado apoyados por la población en África, las progresivas pero tortuosas reformas democráticas en todos los continentes, y procesos de revisión constante de la política de seguridad alimentaria. Lograr consensos no es sencillo, pero el desaliento no puede ser una opción.

Esperemos que los avancen continúen y así poder felicitarnos y ganar confianza como sociedad global pese a nuestras distintas culturas y sistemas políticos, nuestras distintas religiones y estilos de vida, nuestros distintos valores y principios. Y pese a todo, con grandes objetivos y sueños comunes, los mismos que compartieron nuestros ancestros.