En los análisis de estos días, el marco jurídico nacional e internacional de la gestación subrogada se ha obviado en muchos casos. Contarlo es preciso para poner preguntas sobre la mesa. Y sí, sabemos que el mercado gana en algunos países (en otros como Alemania o Francia, está prohibido, igual que en España por la ley 14/2006), pero ese fondo hace aún más preciso recordar este contexto. Por cierto, el vocabulario de este artículo es el empleado en resoluciones. Si es duro, no es culpa mía, es la realidad del derecho nacional e internacional.

¿Qué hay que debatir cuando un Tribunal Supremo manifiesta que “la gestación por sustitución comercial vulnera gravemente los derechos fundamentales de la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos humanos” de los que España es parte?

¿Qué hay que debatir cuando un Tribunal Supremo recuerda la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 35) y que “los Estados tomarán todas las medidas (...) para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”? Recuerdo, por cierto, que EEUU es el único país del mundo sin ratificar esta Convención. ¿Y quienes dicen que no es una “venta”... qué debatir frente al artículo 2 a) del Protocolo Facultativo que define la venta como “todo acto o transacción” donde “un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”?

¿Qué hay que debatir frente al recuerdo del Tribunal Supremo de la Relatora de la ONU cuando dice que “resulta gravemente lesivo para la dignidad e integridad moral del niño que se le considere como objeto de un contrato”?

Quienes nunca han defendido a las mujeres pero ahora recurren al “en mi cuerpo mando yo”, ¿qué debatirán frente a un Tribunal Supremo que advierte que la madre gestante renuncia a sus derechos (luego, no manda) “incluso antes de la concepción” al punto de anular “cualquier derecho derivado de su maternidad”?

¿Se incluirá en los contratos “altruistas” que no habrá control alguno sobre la madre, ni siquiera de sus consultas ginecológicas ni intervendrán en decisiones médicas? ¿Qué cláusulas indicarán en esos contratos después de que el Tribunal Supremo reconozca que estos obligan a madres gestantes “a someterse a tratamientos médicos que ponen en riesgo su salud” (“tantas transferencias embrionarias como sean necesarias”) o la obligación de “tomar medicamentos” para ello?

¿Qué debatir cuando el Tribunal Supremo manifiesta que la madre gestante “renuncia a su derecho a la intimidad y confidencialidad médica y psicológica”? ¿Qué van a debatir quienes hablan de libertad frente a la imposibilidad de la gestante de decidir sobre la “interrupción del embarazo”, de “cómo será el parto”, de “qué puede comer o beber” o de cómo “se fijan sus hábitos de vida, de si se le prohíben las relaciones sexuales, si le restringe la libertad de movimientos (...)”, como por ejemplo (añado yo), viajar para enterrar a un familiar fallecido en otro país?

¿Qué libertad hay, como advierte el TS, cuando la parte comitente puede llegar a decidir, según el contrato, “si la madre gestante debe seguir o no con vida en caso de que sufriera alguna enfermedad o lesión potencialmente mortal”? ¿Qué contratos tienen en mente los partidos que lo proponen? ¿Qué debatir frente al apunte del Comité de Bioética de que la gestación altruista con lazos de consanguinidad afectaría a los roles y “relaciones biológicas de filiación” frente a una Constitución que vela por estos? ¿Qué dirán los que nos acusan a periodistas de “desinformar” cuando reproducimos lo que dice el derecho nacional e internacional?

¿Qué dirán estos partidos cuando defiendan esto en un Parlamento Europeo que en 2015 determinó que “la gestación por sustitución es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima”? ¿Qué dirán nuestros representantes cuando acudan a una Naciones Unidas que incluso se ha manifestado en contra de la gestación altruista por esconder, tras ese concepto, casos de pura gestación subrogada comercial bajo gastos “encubiertos”?

¿Qué debatir, como recuerda el Supremo, de que “el derecho al respeto de la vida familiar no protege el simple deseo de fundar una familia”? ¿Qué decir frente al Comité de Bioética que subraya que “el deseo de una persona de tener un hijo (...) no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas” y que la gestación altruista está vinculada a un aumento de la gestación subrogada comercial porque no hay tantas mujeres “altruistas” para gestar?

¿Cómo irán estos partidos al 8M o darán mítines como defensores de la violencia de género, cuando a la vez defienden una práctica condenada en los ordenamientos internacionales y ya considerada “violencia contra las mujeres” en la última reforma de la Ley del Aborto?

Mientras, a la Justicia no le queda otra que reconocer y proteger a unos menores que no tienen culpa de nada frente a la irresponsabilidad de ejercer una práctica que se sabe que no se debe proceder. Y de ello se valen.

La altura democrática se demuestra en los debates viendo qué derechos exponen sobre la mesa partidos u otras personas en su defensa. O, acaso, ¿están por encima de Naciones Unidas, de la Constitución, del Parlamento Europeo o del propio Tribunal Supremo? Supongo que no, aún menos siento adalides de la libertad, ¿no? ¿O, acaso, sus defensores dirán que están en contra de los derechos humanos porque limitan sus deseos o la libertad mercantil?

Teniendo el contexto aclarado, por un lado, tenemos vulneración de los derechos del menor y vulneración de derechos de las mujeres contra su libertad sexual, contra su integridad física y psicológica, contra su libertad reproductiva, contra su libertad de decisión, contra su libertad de movimientos, contra la restricción de sus derechos fundamentales… ¿Y, frente a toda esta vulneración de derechos qué otra vulneración de derechos humanos hay al otro lado? Ninguno. Quizás esta es la mejor respuesta de que frente a los derechos humanos no hay debate.