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El Congreso de los Diputados vota hoy la continuidad, o no, del gravamen a las empresas energéticas establecido en 2022 en plena crisis energética y de precios derivada de la invasión de Ucrania.

Es un impuesto que pagan las empresas con una facturación superior a 1.000 millones de euros de forma que, únicamente, afecta a cinco empresas, las grandes multinacionales que conforman el oligopolio energético español.

En 2022, cuando se creó el impuesto, los beneficios de las empresas eléctricas y petroleras se dispararon, con precios de la electricidad y de los combustibles abusivos, que afectaron gravemente a las familias y a las empresas españolas.

Precios abusivos para obtener beneficios escandalosos que fueron los principales responsables de la crisis de inflación de 2022.

En 2019, las cinco compañías energéticas habían ganado 5.224 millones de euros antes de impuestos. En 2022 los beneficios se dispararon hasta los 21.894 millones de euros: cuatro veces más, un incremento del 300%.

Beneficios extraordinarios que tienen su origen en el dominio de mercado de estas grandes compañías multinacionales que obtienen enormes beneficios, pero que apenas pagan impuestos.

En el año 2022, el tipo efectivo sobre beneficios que pagaron las compañías energéticas fue del 6,8% en el impuesto de sociedades, según el último informe disponible de la Agencia Tributaria. Las eléctricas tendrían que haber pagado el 25% y las petroleras el 30%, pero pagaron cuatro veces menos.

El impuesto de sociedades en España es un coladero que permite la elusión fiscal de las grandes compañías. Por eso, en 2022, ante los beneficios extraordinarios de las energéticas, se creó este gravamen específico que ha funcionado muy bien.

Las cinco grandes multinacionales han aportado 2.500 millones de euros, que han permitido financiar parte del gasto en el bono social eléctrico o en las bonificaciones del transporte público, por citar dos ejemplos.

El argumento central que utiliza la derecha para intentar suprimir el impuesto a las energéticas es que pone en peligro las inversiones de las empresas.

No es verdad. Las cifras recogidas en el plan estratégico 2024/2027 de Repsol lo demuestran. La compañía estima que en estos cuatros cuatro años va a generar un flujo de caja operativo de 29.000 millones de euros y piensa destinar 10.000 millones de euros de esos beneficios brutos a remunerar a los accionistas, entre dividendos y recompra de acciones.

Teniendo en cuenta que esta empresa pagará 350 millones de euros por el gravamen en 2024 es evidente que mantenerlo no afecta a las inversiones, en todo caso, reduciría ligeramente los dividendos que van a recibir sus accionistas.

Y esto nos lleva a una cuestión fundamental, quiénes son los propietarios de las empresas del oligopolio energético español.

Endesa, aunque se llame empresa nacional de electricidad, está en las manos de Enel, una compañía que es propiedad del Estado italiano.

Naturgy tiene entre sus accionistas de referencia al fondo norteamericano Black Rock, al fondo australiano IFM, a un fondo luxemburgués y al Estado argelino.

Iberdrola, aunque está domiciliada en Bilbao, tiene como principales accionistas al fondo soberano de Qatar y a Black Rock, de tal forma que el 71% del total de sus accionistas son extranjeros.

La antigua Cepsa, está en manos del Mubadala Investiment, un fondo soberano de Abu Dabi y del fondo de inversión norteamericano Carlyle.

Y por último Repsol, empresa en la que el 95 % de sus accionistas institucionales son extranjeros, con el mayor paquete de acciones en manos del fondo de inversión norteamericano Black Rock.

Esta es la realidad del oligopolio energético español: está mayoritariamente en manos de fondos soberanos de países árabes y de fondos de inversión norteamericanos.

El gravamen a las empresas energéticas y a la gran banca implantado en 2022 fue un paso adelante en la buena dirección para reformar el sistema fiscal español, incrementando la contribución de los grandes grupos empresariales que, en su gran mayoría, eluden sus responsabilidades fiscales.

España necesita más recursos públicos para mejorar su débil Estado del bienestar y esos recursos los tienen que aportar los más ricos, los que más ganan y los que más tienen. En este caso, de las compañías energéticas.