Pablo Iglesias ha usado la parábola del molinero prusiano para ilustrar la grave desafección que vive la ciudadanía española con sus jueces. El fallo definitivo del Tribunal Supremo sobre los impuestos a las hipotecas ha sido un episodio más en una larga serie de decepciones que nuestra alta judicatura le ha causado a la ciudadanía en general y a los clientes hipotecarios en particular. Lo cierto es que, desde el estallido de la burbuja financiera, ha sido en Europa y en particular en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) donde los españoles han visto más amparados sus derechos y mejor defendidos sus intereses frente a las entidades financieras.

Cuenta la parábola que durante el reinado de Federico II de Prusia vivía un humilde molinero cuyo molino se encontraba en lo alto de una colina frente al palacio del rey. A éste le estorbaba sus vistas la presencia del molino, así que ofreció al molinero comprárselo para luego derruirlo. El molinero agradecía las sucesivas y crecientes ofertas del rey, pero se negaba a dejar su molino, hasta producirle tal ira al monarca que éste le amenazó con hacer valer su poder y obligarle a cederlo. El molinero le contestó que por muy soberano que fuera, mientras hubiese jueces en Berlín no le podría obligar a ceder su molino. La parábola sirve para ilustrar cómo los humildes, los de abajo, sólo tienen la Ley y el Estado de Derecho como armas frente a los abusos de los poderosos.

En la España reciente, el molinero prusiano podría ser por ejemplo un trabajador de la construcción al que en los años de la burbuja inmobiliaria le había ido de maravilla, había firmado confiado una hipoteca que nadie le dijo que era abusiva, se había quedado en paro al estallar la burbuja, había dejado de pagar la hipoteca y, tras el proceso de ejecución hipotecaria, se había quedado sin casa y sometido al yugo de una deuda perpetua con el banco.

Lo que es desolador y gravísimo en el caso de nuestro país es que ese trabajador no podría haberle dicho al banquero que no le entregaría su casa mientras hubiese jueces en Madrid; porque no los había. Ese trabajador no podía apelar a los jueces españoles para defenderle del abuso del poderoso banquero; porque los jueces españoles, en su inmensa mayoría, no estaban de su lado. No era, además, cuestión de que la Ley no amparara al trabajador hipotecado. La Ley sí le amparaba, pero la mayoría de los jueces lo obviaban.

Obviaban los jueces españoles que España es Estado miembro de la Unión Europea, lo cual supone que el Derecho de la Unión Europea forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Supone también que las leyes españolas se han de interpretar por los jueces españoles teniendo en cuenta la pertenencia de España a la Unión Europea; por ejemplo, en tanto en cuanto la Unión es un mercado común cuyos principios rectores incluyen la defensa de los consumidores como actores débiles del mercado, frente a los actores poderosos como pueden ser las grandes empresas o los bancos.

Ese principio rector de protección al consumidor es el que manda, por ejemplo, que un proceso de ejecución hipotecaria se paralice si se detectan cláusulas abusivas en la hipoteca. Pues resulta que en España, hasta el año 2013, los jueces españoles ejecutaban las hipotecas en cuanto se lo pedían los bancos al observar impagos y sin mirar siquiera si existían cláusulas abusivas en el contrato. Tuvo que ser el TJUE quien les dijera a los jueces españoles que si hacían así las cosas estaban vulnerando los derechos de esos clientes hipotecarios como consumidores amparados por el Derecho europeo. Tras esa sentencia hubo que reformar las leyes españolas para adecuarlas a las europeas.

Tres años más tarde volvió a ocurrir. Nuestro Tribunal Supremo sentenció que lo pagado de más debido a la cláusula suelo se podía reclamar sólo a partir de 2013, cuando el propio Supremo había declarado abusiva esa cláusula. El TJUE corrigió al Supremo y dijo que se debía poder reclamar íntegramente todo lo pagado de más por la cláusula suelo; es decir, desde la firma de la hipoteca.

A día de hoy, está pendiente la mayor impugnación del sistema hipotecario español ante la justicia europea: aquella que apunta al vencimiento anticipado, esto es, a la capacidad del banco de ejecutar la totalidad de la hipoteca con tan sólo tres impagos de la cuota. Es decir, que la justicia europea podría declarar ilegal la clave de bóveda del sistema de ejecución hipotecaria en España, aquella que deja la escalofriante cifra de 700.000 procedimientos iniciados desde que estalló la burbuja en el 2008.

El reciente vaivén del Tribunal Supremo con los impuestos a las hipotecas ha evidenciado con especial descaro los hilos de titiritero que las entidades financieras tienen sobre nuestras instituciones; también sobre elementos de nuestra alta judicatura en este caso. Una vez más, los afectados por la hipoteca en España tendrán que mirar a Europa para hacer valer sus derechos y que se defiendan sus intereses como parte débil frente al banco, como lo era el molinero prusiano frente al rey. Tendrán que seguir confiando en que sólo se hará justicia mientras haya jueces en Europa.