Herencia universal: ¿redistribución o neoliberalismo?

Una versión más amplia de este artículo saldrá en el próximo número de 'Grand Place'.

La propuesta de Sumar ha despertado un arduo debate sobre el sentido ideológico, la financiación e idoneidad de una política de herencia universal. ¿Es una política de derechas o de izquierdas? ¿De dónde se saca el dinero? ¿Implica renunciar y dejar de financiar otras políticas, como un parque de viviendas público o la renta básica universal? ¿Sería mejor invertir ese dinero en otras propuestas, como reforzar la sanidad o educación públicas?

El objetivo de este artículo, más allá de apoyar la propuesta de la herencia universal, es redirigir el debate para entender exactamente lo que se propone, el origen de esta idea, y por qué encaja o plantea debates indispensables para repensar el Estado del Bienestar en el siglo XXI.

Probablemente la versión más antigua de esta propuesta la escribió Thomas Paine a finales del siglo XVIII. Revolucionario y ensayista de éxito, Paine provenía de una larga tradición política del radicalismo popular británico, y consideraba justo que los beneficios de la tierra como propiedad común de la humanidad se repartieran igualitariamente entre todas las personas. En 1797, inmerso en los debates de los vaivenes de la revolución francesa, escribió un ensayo llamado Justicia Agraria donde proponía que se financiara una herencia universal para todos los franceses y una pensión para todos los mayores de 55, financiado con un impuesto del 10% de las herencias. Nunca se aplicó, pero Paine estaba convencido de que era una forma pragmática de mantener intactos los ideales de justicia más importantes de la revolución.

Esta propuesta de Paine de herencia universal es la que han desarrollado en los últimos veinte años economistas como Thomas Piketty y Anthony Atkinson.

En el debate que estamos viendo estos días, la idea de la Herencia Universal se ha mezclado en ocasiones con la propuesta del Impuesto Negativo sobre la Renta, sobre la que Milton Friedman escribió en el último capítulo de Capitalismo y Libertad en 1962. La propuesta de Friedman era una forma en la que el Estado podía compensar la falta de ingresos de la población automáticamente por vía fiscal cada vez que alguien cayera por debajo de cierto umbral.

En contra de muchos de sus compañeros “neoliberales”, Friedman defendió esta propuesta en una época de fuerte hegemonía keynesiana. La aparición en el debate público desde finales de los 50 del “problema de la pobreza”, especialmente entre la población afroamericana, parecía entonces ineludible para cualquier proyecto nuevo. Para Friedman la única manera de legitimar socialmente la retirada del Estado de bienestar era ocuparse realmente del problema evidente de la pobreza automatizando el pago de un ingreso mínimo por la vía fiscal. Futuros baluartes del neoliberalismo como George Stigler siempre pensaron que el peligro estaba en que esta propuesta se “sumara” al resto de políticas públicas y no que los sustituyera.

En definitiva, desde la perspectiva neoliberal, se vinculan las políticas de transferencia de ingresos con una destrucción paralela del resto de políticas de bienestar (educación y sanidad públicas, derecho a la vivienda, etc.). Pero las propuestas de Piketty y Atkinson nacen con una intención bien distinta: encontrar nuevas fórmulas más efectivas de redistribuir la riqueza en nuestro siglo.

La desigualdad de riqueza no ha hecho más que crecer en los últimos 40 años. Y como señalan estos economistas, pero también numerosas contribuciones académicas, hoy en día la desigualdad se explica cada vez más por el derecho a la herencia. En España, Pedro Salas y Juan Gabriel Rodriguez [2] señalan que el 69% de la desigualdad de riqueza se explica exclusivamente con las herencias recibidas.

Una herencia universal, desde este marco, implicaría una fuerte apuesta por la redistribución de la riqueza. La propuesta de Sumar se acerca más a la propuesta de Atkinson de otorgar 20.000€ a cada joven al alcanzar la mayoría de edad, que a la de Piketty, que propone una herencia universal de 120.000€ a los 21 años, y se financiaría con un impuesto a las grandes fortunas. La intención de esta propuesta es, por un lado, poner un límite a la extrema riqueza y a la transmisión generacional de la desigualdad y, por el otro, construir un derecho de ciudadanía en base al hecho de comenzar la vida adulta con una cierta cantidad de riqueza. Y, efectivamente, para que funcione como un derecho, es necesario hacer todo lo contrario a lo que quería Friedman: reforzar en paralelo el resto de los pilares del Estado del Bienestar.

“¿No sería mejor…?” La necesaria compatibilidad de la Herencia universal con otras propuestas de redistribución.

Los Estados del Bienestar son sistemas que necesitan una coherencia interna. Cuando hablamos del Estado del Bienestar, hablamos de un conjunto de políticas que interactúan entre sí y, en esta interacción, dan lugar a una determinada distribución de los ingresos y la riqueza. Friedman también sabía esto, por eso siempre trató de pensar en el conjunto. Y su propuesta, pensada de forma aislada, también podía servir para intereses políticos distintos. Por tanto, para pensar un proyecto político alternativo al neoliberal, no podemos pensar en términos de “receta mágica”, ni demandar que una sola política cumpla con cada uno de los objetivos del Estado del Bienestar, sino debatir qué conjunto de “recetas” sostendrán los distintos pilares de un nuevo modelo de sociedad más equitativa y justa.

Resaltar esto, a la luz del debate actual, es importante al menos por dos motivos:

En primer lugar, porque algunas de las principales críticas que se realizan a la herencia universal tienen que ver con sus posibles efectos en ausencia de otras formas de intervención o regulación. Y esto no solo ocurre cuando hablamos de herencia universal, también cuando se plantean propuestas como la RBU u otras políticas re- y predistributivas.

¿Qué efecto podría tener una herencia universal en ausencia de una educación pública o una regulación eficaz del mercado de la vivienda? Pero también ¿una RBU, no servirá de pretexto para la liberalización de la sanidad u otros servicios sociales? Ante futuras crisis económicas o nuevos procesos de cambio tecnológico ¿basta con volver a regular el mercado del trabajo y fomentar el pleno empleo para garantizar una distribución más justa de la renta?

Muchas veces la lógica del debate político y académico nos lleva analizar las políticas de forma aislada. Si bien esto es útil, e incluso necesario, en ocasiones se terminan por viciar algunos debates que se darían de otra manera si partiese de una visión más integral de las propuestas. En el caso de la herencia universal de Sumar, tomar esta política como algo aislado del resto del programa electoral y de su proyecto de país, nos enroca en debates, cuanto menos, estériles.

En segundo lugar, porque efectivamente existen trade-offs entre unas políticas y otras, vinculadas fundamentalmente a límites presupuestarios y oportunidades políticas, que seguirán existiendo incluso después de una ambiciosa reforma tributaria. El debate de "en qué gastamos el dinero", por tanto, es un debate legítimo. Sin embargo, cada una de las propuestas que se debaten y contraponen a la herencia universal (mayor inversión en educación, renta básica universal, parque público de viviendas, etc.) tiene objetivos distintos a los de esta política, aunque todos ellos sean irrenunciables para cualquier proyecto transformador. En su conjunto, pueden marcar un horizonte claro para el Estado del Bienestar que queremos alcanzar y, por eso, lo fundamental no es decidir cuál de estas políticas es mejor que las demás, sino plantearse qué versiones de las mismas y qué formas de articulación darían lugar a los mejores resultados en términos de redistribución e igualdad.

En este debate, la herencia universal viene a responder a la pregunta de cómo queremos redistribuir la riqueza en nuestro país. Y la respuesta que propone es universalizar el derecho a la herencia para acabar con la desventaja que supone comenzar la vida adulta sin un mínimo capital económico, pero también acabar con el privilegio que supone gozar de un capital extremadamente superior al resto.

Estamos en un momento de incertidumbre donde el proyecto neoliberal que eclosionó en los años 80 está dando profundos síntomas de agotamiento. En este contexto, probablemente la tarea más compleja sea volver a armar imaginarios de cambio social que sean capaces de articular la experiencia cotidiana del presente con un horizonte de expectativas deseable. Imaginar un sistema donde una porción de la herencia y la riqueza son bienes colectivos, donde de alguna manera vuelven al común al final de cada ciclo de vida—no como un sustituto de los servicios públicos, si no como una ampliación que pone el foco en nuevos derechos y problemas— quizás pueda estar iluminando algunos de los horizontes que para Paine quedaron sin recorrer.