La nueva ley de seguridad para Hong Kong se ha convertido en uno de los temas estrella de las sesiones parlamentarias anuales chinas. Que la iniciativa se adopte en Beijing implica el reconocimiento de la incapacidad de las autoridades locales para estabilizar la situación en la región tras las multitudinarias protestas de 2019. Coincidencias del caso: si en 2003 fue la epidemia del SARS el detonante del intento de desarrollo de esta legislación en base al art 23 del estatuto básico de la ex colonia, coincide este nuevo intento con otra casuística similar, la Covid-19. Sea como fuere, se corresponde con una firme decisión del liderazgo chino de atar en corto a Hong Kong, implementada a través de decisiones previas como la remoción de los principales responsables del Partido y de la oficina del gobierno central para la región. Su entrada en vigor no requiere la validación del gobierno local.

Oficialmente, el foco principal de la iniciativa china radica en “impedir la interferencia extranjera”. La ley, que en buena medida es también una respuesta a la previamente adoptada en EEUU en apoyo de la oposición hongkonesa en diciembre pasado y que motivó la convocatoria a capítulo del embajador de EEUU, Terry Branstad, tendrá un efecto inmediato sobre la red de ONGs y fundaciones, muchas de ellas apadrinadas por instituciones conservadoras de EEUU y Reino Unido, que han apoyado activamente los movimientos de protesta. La imagen de los manifestantes portando banderas estadounidenses y británicas, las peticiones a Trump para que “liberara” Hong Kong o las apelaciones al regreso de la autoridad colonial, provocaron no solo irritación entre las autoridades sino vergüenza ajena entre amplios sectores de la población continental.

En 2009, el gobierno de Macau desarrolló el artículo 23 de su Estatuto básico, seis años después de intentarlo sin éxito las autoridades de Hong Kong. Se llevó a cabo sin protestas de los sectores más liberales de la ex colonia portuguesa. No ha trascendido el contenido de la ley para Hong Kong y se ignora si se inspirará en la norma de Macau o si, por el contrario, incorporará elementos más represivos. Bien pudiera ser el caso con el argumento de la lucha contra la violencia y la sedición, fenómenos inexistentes en Macau. La nueva norma brindará a las autoridades mecanismos, con amparo legal, para limitar la actividad del movimiento opositor. Y descabezarlo. Es probable que a tal fin la reforma se extienda también al aparato judicial. Y al sistema educativo, ya receloso por la tramitación de la ley sobre el himno nacional. Las consecuencias para la estabilidad de Hong Kong son impredecibles. China aspira a apagar el fuego pero esta medida podría reavivarlo. La situación epidémica y económica desaconsejaría añadir un tercer elemento de discordia. El tímido diálogo entre gobierno local y oposición se antoja inviable en las actuales circunstancias. Las primeras reacciones abundan en salir de nuevo a las calles masivamente, circunstancia que rebrotaría la tesitura de una represión a gran escala, hasta ahora, por fortuna, evitada.

El ejercicio de la autonomía de Hong Kong se verá inevitablemente afectado. No obstante, está por ver como se implementa la norma, su prolongación en el tiempo y el margen de impacto. Faltan 27 años para completar los 50 prometidos de respeto a la singularidad hongkonesa. Cuando se produjo la crisis de Tiananmen en 1989 se aventuró el fracaso de la reforma china; sin embargo, en 1992 esta se relanzó con más fuerza. No es descabellado imaginar un escenario similar en Hong Kong una vez se dé por conjurado el desafío de los sectores más radicales y pro-independentistas. China lo intentará para insuflar vida en el principio “un país dos sistemas”, hoy severamente en entredicho. Demostrar que es posible un segundo sistema en el país es un asunto de la mayor importancia pues la liquidación del principio no solo desacredita la política china sino que dinamita la estrategia para Taiwán, para quien fue ideada dicha fórmula y pieza esencial del rompecabezas unificador chino. Esto podría desembocar en un reseteo de la agenda política, retomando el compromiso de la elección por sufragio universal del Jefe Ejecutivo, inicialmente previsto para 2017, cuyos requisitos limitantes se obviarían con esta ley.

China dice que las libertades no se verán afectadas y basa su derecho a legislar en que la competencia sobre seguridad nacional radica en el poder central. Tampoco afectaría a la condición de Hong Kong como centro financiero, en un guiño para evitar una masiva fuga de capitales. Similares mensajes no se dispensan a las capas menos privilegiadas. Hong Kong es una región para goce y disfrute de los magnates de la banca o del sector inmobiliario mientras el resto de la población malvive en condiciones de miseria, con un alto nivel de pobreza. Choca escuchar a las autoridades chinas anticipar su victoria contra la pobreza extrema mientras esta subsiste ampliamente en Hong Kong. Paradójicamente, a estos efectos, Hong Kong no es China.

Una primera prueba de fuego se vivirá en unos días, cuando el día 4 de junio se conmemore un nuevo aniversario de Tiananmen. Y a poco más de tres meses de las elecciones de septiembre, la oposición espera repetir el triunfo de noviembre último. Si no se suspenden.

En la pugna geopolítica con EEUU, la intervención de la autonomía de Hong Kong aspira a limitar la capacidad de Washington para influir en el curso de la política china. El precio será el desgaste en la imagen pública global del PCCh, tanto mayor cuanto más recurra a la represión. Pero en su estructura de prioridades, nada importa más que blindar el país. Trump podría reaccionar acotando las políticas preferenciales de que goza Hong Kong, cosa que se da por segura en cuanto el Departamento de Estado certifique retrocesos en materia de derechos humanos.