JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO

Curiosamente, el tema de las pensiones, que ocupaba un puesto de honor en todas las campañas electorales, se encuentra casi ausente de la actual, a pesar de ser la más larga que hemos conocido, y en la que se han hecho todo tipo de ofertas hasta confundirse con una subasta. Parece que han pasado ya los tiempos en que los dos grandes partidos se acusaban mutuamente de pretender eliminar las pensiones. Ahora, por el contrario, los dos pugnan por autoproclamarse garantes del sistema, creando o incrementando el fondo de reserva, en el argot, la hucha de las pensiones. El Gobierno acaba de aprobar una aportación adicional a ese fondo de 4.700 millones.

Las cosas han cambiado mucho desde que todos los servicios de estudios y fundaciones de las entidades financieras se dedicaban a elaborar informes pronosticando a fecha fija la quiebra del sistema público. Los plazos señalados han ido expirando sin que acaeciesen los cataclismos anunciados. Y es que las profecías no suelen cumplirse, especialmente cuando son interesadas y se seleccionan determinadas variables obviando –queriendo o sin querer– otras. En este caso, los agoreros no tuvieron en cuenta ni el fenómeno de la emigración, ni el aumento de la población activa por la incorporación de la mujer al mercado laboral, ni la excelente coyuntura económica de la que hemos disfrutado durante quince años. Todo ello ha originado que en lugar del déficit anunciado, el saldo entre cotizaciones y prestaciones haya sido positivo, con lo que se ha podido constituir e ir aumentando el fondo de reserva hasta alcanzar los 51.000 millones de euros, es decir, el 4,84% del PIB.

Tanto el Gobierno del PP que lo creó, como ahora el Gobierno del PSOE que lo está incrementando, presentan el fondo de reserva como garantía del sistema público y de que en el futuro podrán seguir pagándose las pensiones. A mi entender, tal planteamiento es en extremo arriesgado. El fondo de reserva, después de tanto bombo y platillos, no llega ni siquiera al 5% del PIB y, desde luego, sería totalmente insuficiente en caso de verdaderas dificultades.

Paradójicamente, el mayor peligro que se cierne sobre el sistema público de pensiones no proviene de ninguna evolución demográfica, como se dice habitualmente, sino del Pacto de Toledo y del esquema en él diseñado, teóricamente con la finalidad de fortalecer el sistema, pero que en la práctica lo debilita, porque en lugar de ligar las pensiones, igual que el resto de prestaciones y servicios públicos, a la totalidad de ingresos del Estado, lo hace de forma exclusiva a las cotizaciones.

La mayoría de los análisis catastrofistas, que aunque ahora están en suspenso volverán a renacer en cuanto cambie la coyuntura, parten de este supuesto, y solo bajo esta hipótesis tiene sentido acudir a la evolución demográfica, a la relación activos-pasivos y a otras variables similares. Cuando se niega la separación de fuentes de financiación y se mantiene que debe ser el Estado con todos sus ingresos el que garantice (igual que se garantiza el pago de la deuda) el cobro de las pensiones, desaparece el problema, porque el acento se traslada de considerar exclusivamente el número e ingresos de los trabajadores a tener en cuenta toda la renta nacional, incluyendo por supuesto las rentas de capital y los beneficios empresariales, así como los gravámenes que el Estado debe girar sobre ellos.

Desde esta óptica, el Sistema Público de Pensiones no puede quebrar porque el Estado nunca quiebra, a no ser que se hunda la economía nacional, en cuyo caso no solo serían los jubilados los que se encontrarían en una situación crítica, sino todos los ciudadanos. Cuando la renta per cápita casi se ha multiplicado por dos en los últimos treinta años y cuando es de esperar que siga creciendo en el futuro de forma parecida, no tiene sentido, sean cuales sean el empleo y la evolución de la población, dudar de la viabilidad de las pensiones. Es más, el Estado tiene margen no solo para mantener el poder adquisitivo de ellas, sino también para que se incrementen (y no únicamente las mínimas) por encima del porcentaje de aumento del coste de la vida, participando así del crecimiento económico.

La posible vulnerabilidad del sistema público es pretender financiarlo exclusivamente con cotizaciones sociales, porque en una situación de dificultad grave poco podría hacer ese fondo de reserva. El fondo de reserva obedece solo a una ficción que puede ser extremadamente peligrosa en otra coyuntura, la de que la Seguridad Social es algo distinto del Estado. Si rompemos el engaño, la Seguridad Social no tendrá superávit y, por ende, fondo de reserva, pero por la misma razón se garantiza que tampoco tendrá nunca déficit dado que detrás de ella se encuentra el Estado. El superávit o el déficit será conjunto de todas las Administraciones públicas. A nadie se le ocurre poner en duda que los tenedores de deuda pública vayan a cobrar lo que les corresponde.

La separación de fuentes presenta otro riesgo y es que en tiempos de relativa bonanza, al constituirse el fondo de reserva, los empresarios y asociaciones profesionales presionen para que se reduzcan las cotizaciones. No hace mucho que las Cámaras de Comercio –y eso que las preside un socialista– se han pronunciado varias veces en este sentido.

Debemos exigir que sea el Estado el garante de nuestras pensiones, en este apalancamiento se encuentra la verdadera hucha. Ahora bien, esta comienza a resquebrajarse con las reformas impositivas pasadas y con las anunciadas para el futuro. Si la capacidad recaudatoria de nuestro sistema fiscal se deteriora y se exime de imposición a las rentas de capital y a las empresariales, difícil va a ser no solo sostener las pensiones sino todo nuestro precario Estado de bienestar.

Juan Francisco Martín Seco es economista

Ilustración de Patrick Thomas