Algo huele a podrido en la Comunidad de Madrid

La Asamblea de Madrid se ha convertido en un auténtico esperpento. El pleno del pasado jueves evidenció, de nuevo, -aunque quizás de forma más nítida que nunca- los malos modales de la presidenta Díaz Ayuso.

Hagamos repaso.

La mañana comenzó con la sesión de control al Gobierno y las correspondientes preguntas a la presidenta por parte de todos los grupos parlamentarios. Desde Unidas Podemos le interpelamos sobre la gestión de la pandemia, una gestión calificada como la peor según el Comité Europeo de las Regiones y el Instituto Nacional de Estadística por acumular el mayor exceso de mortalidad de toda la Unión Europea.

Además, esta misma semana habíamos tenido, por fin (un año y medio después), acceso a la liquidación presupuestaria referente al año 2020 y, en ella, habíamos podido comprobar como desde el Gobierno regional tan sólo se había financiado con 67 millones de euros la mayor crisis sanitaria jamás vivida frente a los 3.500 millones de euros que -mediante los fondos covid- el Gobierno de coalición había aportado.

Sin embargo fue cuando le reprochamos las siniestras palabras que ella misma había proferido en El Hormiguero, hacía apenas un par de días, sobre “el cariño con el que había tratado los cadáveres” (en las residencias de mayores), cuando Díaz Ayuso perdió los nervios y nos dijo aquello de “sobre las cifras de fallecidos… bueno… de verdad… hasta luego, da igual, paso”.

Un comentario absolutamente fuera de lugar y que, desde luego, una dirigente política no se puede permitir.

Estamos, desgraciadamente, acostumbrados a que en cada pleno se nos maltrate, no se nos mire mientras nos dirigimos a ella, no nos llame por nuestro nombre, o incluso nos insulte. Pero lo que nunca había sucedido es que en un tono totalmente desairado y hablando sobre un tema tan sensible como fue lo acontecido en las residencias de mayores donde se dejó morir sin socorro a más de 8.000 personas , dijera literalmente que ella pasa.

Una falta de respeto absoluta para las victimas y los familiares de los fallecidos que pone de manifiesto la falta de empatía que ya había demostrado en otras ocasiones como cuando le leímos una carta de una niña de la Cañada Real pidiéndole que, por favor, devolviera la luz a sus hogares y nos espetó aquello de que ella “ no gestiona emociones”.

Tras la sesión de control, el pleno continuó. Tocaba hablar de contratación pública y, en concreto, de los 4.500 contratos de emergencia que se habían adjudicado “a dedo y sin publicidad” bajo el paraguas jurídico de “emergencia”. Una figura jurídica permisible en situaciones extraordinarias que, sin embargo, escapa del control público, al permitir sortear los elementos centrales de la contratación pública como es la libre concurrencia, la publicidad o la transparencia. Esta misma semana un informe de la Cámara de Cuentas había reflejado que de los 4.500 contratos de emergencia, al menos había 4 sin justificar, 42 que no pasaron por Consejo de Gobierno, 109 que se adjudicaron fuera de plazo y 33 que habían incurrido en desviación de gasto.

Lo cierto es que el Gobierno regional ha utilizado esta figura de contratación excepcional y la ha convertido en regla general.

Se sucedieron las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios, y fue cuando una diputada del PSOE mientras hacía uso de su turno de palabra se refirió a Tomás Ayuso, (hermano de la presidenta) como una de las personas que, presuntamente, se habría podido beneficiar de estas contrataciones de emergencia, fue expulsada de la Cámara por parte de la Presidenta de la Asamblea tras negarse a retirar sus palabras.

No es tan importante lo que estuviera diciendo la diputada como el hecho de que no se le permitiera decirlo. No es que una diputada de la oposición tenga derecho a criticar, incluso con dureza (sin proferir insultos, ni alterar el orden, como así fue) cualquier aspecto de la actividad del gobierno. Es que su obligación.

Cualquiera que vea una sesión parlamentaria de cualquier ámbito verá que aseveraciones semejantes a la que oímos son habituales. Una de las mayores protagonistas de las mismas es la señora Díaz Ayuso. Atribuciones cotidianas (siempre desmentidas por los tribunales) de financiación ilegal o sabotaje a instalaciones públicas se realizan a la oposición. La falsedad de las mismas sólo muestra la falta de argumentos que tiene el PP de Madrid, pero jamás han provocado su silenciamiento o expulsión. Tampoco fue merecedora de ello en el Congreso de los Diputados la señora Álvarez de Toledo cuando acusó falsamente a un familiar directo de Pablo Iglesias de terrorismo.

La labor de la Presidencia de la Cámara no es defender al gobierno de las críticas de la oposición, sino defender el derecho de la oposición a hacerlas. Privar de palabra a un representante de la ciudadanía es lo mismo que negar la democracia, que acallar al pueblo. Ni siquiera el poder judicial puede actuar sobre ello. Aún menos los presidentes de las Cámaras.

No lo entiende así el Partido Popular de Madrid, que confunde legislativo con ejecutivo y cree que todo es su cortijo. Ya lo ha dicho la señora Díaz Ayuso alguna vez: el parlamento le estorba (con sus victorias electorales no ha sido capaz de aprobar ni una sola ley con debate parlamentario y las que ha aprobado sin él corren riesgo, como la Ley del Suelo, de ser tumbadas por el Constitucional). Y, por tanto, quiere acallarlo.

No es la primera vez que esto ocurre. En el año 2013 la diputada socialista Maru Menéndez, en el uso de la palabra, llamó corrupto a Ignacio González y fue expulsada. Unos años después, Ignacio González acabó en la cárcel y el Constitucional dio la razón a la diputada. No sabemos si lo que pasó el otro día acabará de forma semejante.

Con este precedente sorprende mucho que hayamos visto lo que hemos visto. Muy nervioso se pone el PP cuando se habla de la contratación pública y su falta de transparencia es criticada incluso por sus aliados de la ultraderecha (que mucho nos tememos que abandonarán su posición a cambio de un plato de lentejas como nos tienen acostumbrados).

Sin embargo, aunque por mor de una mayoría de la que disfrutan en la mesa que les dio Vox y no las urnas, puedan acallarnos, no podrán hacerlo con toda la prensa que se ha puesto sobre aviso. Y nosotros seguiremos trabajando para esclarecer toda la verdad. Pase lo que pase, porque es nuestra obligación.

Este nerviosismo y los antecedentes del PP de Madrid nos hacen afirmar, como Marcelo en Hamlet, que algo huele a podrido. Esperamos, por el bien de los madrileños, que no haya de bucear en los diccionarios para denominar un nuevo caso de corrupción del PP. Pero no confiamos nada en ello.