La ideología hecha presupuesto

La crisis económica está sirviendo de coartada para derribar el hasta ayer muro de contención que suponía el Estado del Bienestar, que para muchos ciudadanos suponía la posibilidad de consumir bienes y servicios esenciales, cuya provisión era pública. Esto se ha traducido en una fortísima reducción de las principales partidas del gasto público, como educación, cultura, sanidad, vivienda y en general aquellas partidas que permitían mantener una estructura social homologable a la de nuestros vecinos.

La ruptura del Contrato Social, y especialmente la banalización y criminalización de todos los servicios públicos, tachando de vagos y aprovechados a todos aquellos que utilizaban dichos servicios, a cambio de pagar impuestos, aunque dicha estructura fiscal sea de las más inequitativas e ineficientes. La consecuencia inmediata es la pérdida de renta y riqueza, tanto monetaria, como en especie, lo que está provocando el hundimiento de una gran parte de la clase media, reduciendo la distancia con los percentiles más bajos, y elevando notablemente los índices de desigualdad y pobreza. Este proceso, muy peligroso en términos sociales, económicos y políticos, no es baladí y responde a un ciclo conservador en la mayoría de gobiernos europeos, cuyo objetivo último es desmontar los monopolios públicos de provisión de servicios públicos, para entregarlos al gran número de lobbys que dominan el panorama europeo.

El núcleo de esta actuación se asienta sobre las políticas de austeridad, supuestamente expansiva, que consagra la pérdida de derechos colectivos, deslegitima a los gobiernos nacionales y poco a poco genera un proceso deflacionario en el ámbito salarial, rentas y riqueza y que reducirá drásticamente el crecimiento potencial de las economías más débiles. Este efecto, curiosamente, se cebará con aquellos países que habían realizado un soberano esfuerzo en catching up hacia los niveles más elevados de renta per cápita, fruto del esfuerzo redistributivo, junto a la bonanza del ciclo, de las principales economías, los llamados fondos de cohesión, entre otros. Con estas herramientas, ajuste fiscal, desfiscalización, reducción del peso del gasto público, deflación salarial, y brusco ajuste de las plantillas, las economías del sur de Europa arrojan unas cifras de caída del PIB, aumento de la pobreza, desempleo y progresiva eliminación de servicios públicos, sin parangón en las últimas décadas.

El fin último es salvaguardar a los acreedores de la ingente cantidad de deuda privada que atesoran una gran parte de bancos franceses y alemanes, cuyo riesgo lo han ido trasladando al BCE, de ahí el retraso en la toma de decisiones a nivel agregado por parte de las autoridades financieras comunitarias, pero también por parte de los gestores políticos que dominan la UE. Esto ha degenerado en un proceso de inundación de liquidez para bancos y entidades financieras semipúblicas, como las Cajas, aceptando activos que otrora estaban libres de riesgo, como es la deuda soberana y también otros colaterales de una calidad cada vez cuestionada.

Tras cuatro años de recesión de balances en España, fenómeno común a otros países europeos muy endeudados, como Reino Unido, el Gobierno acaba de presentar el primer presupuesto formal de la legislatura, tras su entrada triunfal recortando ya desde el primer día, especialmente en las partidas más sensibles para la población que perteneces a los percentiles medios y bajos de la distribución. Este presupuesto se asienta sobre un cuadro macroeconómico falseado y normativo que esconde una praxis muy viciada ya en la sede del Ministerio de Economía, y es realizarlo de abajo a arriba, comenzando con las premisas que nos imponen de Bruselas, es decir básicamente cumplir con el déficit público del 6,5%. Esta cifra, tan irreal, como imposible de cumplir, se prevé que se pueda cumplir en un mundo soñado con tan solo un descenso del 0,5% del PIB en 2013, cuando la mayoría de organismos internacionales o casas de análisis lo sitúan por encima del 1%, aunque habrá que esperar a liquidar el del 2012, pues el incumplimiento de todas las premisas para este año, ya se puede aseverar que serán un hecho.

Del cuadro macroeconómico, destaca sobre todo las previsiones sobre consumo privado e inversión privada, amén del empleo o exportaciones. Parece que en el Ministerio de Economía no saben resolver un ejercicio de previsión sencillo. Con las rentas salariales cayendo, casi un 30% desde el inicio de la crisis, con el salario públicos y pensiones perdiendo poder adquisitivo, con un desempleo creciente y con un brusco descenso de la riqueza inmobiliaria y financiera, los supuestos técnicos del Ministerio anticipan que el consumo solo caerá un 1,5%. Esto les permite anticipar que la recaudación por IVA podría crecer casi un 14%, fenómeno que se conoce como ilusión fiscal, lo que le permite al ejecutivo cuadrar el presupuesto con calzador. El resto de partidas de ingresos también incluyen nuevas figuras, como el pago a cuenta de los premios de lotería, o plusvalías bursátil a corto plazo, y otras que se juraron que iban a desaparecer, como el Patrimonio, aunque las cifras esperadas serán muy complicadas de cumplir.

Los elementos más preocupantes son, sin duda, el retroceso de las partidas de gasto social y de inversión, que podrían recuperar o mitigar el impacto del proceso de desapalancamiento privado. Por ejemplo, la educación retrocede un 12,3%, respecto al de 2012, pero un 82% respecto al de 2008. En cultura, una caída del 23% frente a 2012, pero un -40% si lo comparamos con 2008. En infraestructuras, el gasto pierde un 13% si lo comparamos con 2012, pero un 60% si la comparación es con 2008. Donde más se nota el desplome es el apartado de investigación e innovación en I+D, un 20% respecto a 2008.

Lo que más sube es el gasto en pensiones, por las desviación y el déficit, así como el envejecimiento, y los intereses de la deuda, más de un 33% por encima de 2012, lo que supone casi un 4% del PIB, en una senda que se hará explosiva si no cambia el ciclo.

En resumen, la economía española entrará en el quinto año de recesión, en sentido anglosajón, con un claro desmantelamiento de todos los instrumentos que equilibran los efectos del tremendo shock de la crisis de deuda privada y posterior recesión de balances. El volumen de deuda se acercará al 100% del PIB, tras el cómputo del rescate bancario y el posible rescate soberano, lo que tras reiterar el error de una política procíclica y unos presupuestos recesivos, podría generar una crisis de deuda y privada, junto a nuevas crisis bancarias, que acabarán por rematar a una economía que necesita impulsos locales y globales que permitan compensar el despalancamiento privado.

*Alejandro Inurrieta es profesor en el Instituto de Estudios Bursátiles y ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid.