La Iglesia católica resbala en las pizarras de Segovia

En el corto trayecto de 12 km de la Campiña Segoviana, junto a la famosa Cantera Real de Bernardos, donde Felipe II ordenó extraer las pizarras para las cubiertas de varios de sus palacios y para el Monasterio de El Escorial, las inmatriculaciones de la Iglesia católica están encontrando una fuerte oposición en tres de estos municipios (inmatricular es inscribir por primera vez un bien inmueble en el Registro de la propiedad, y que gracias a una legislación de la época franquista ampliada durante el gobierno de Aznar permite a los obispos actuar como fedatarios públicos y así poner a su nombre cuanto les ha parecido).

En el primer pueblo, el de Bernardos (PSOE), fue el Juzgado quien dio la razón al consistorio municipal al declararle titular de pleno dominio de la ermita de Nuestra Señora del Castillo, reconocido en dos instancias judiciales frente a las pretensiones de la Iglesia. El asunto se decantó en diciembre de 2014, solo unos días antes de la votación del recurso de apelación en la Audiencia Provincial de Segovia, cuando el profesor J. Ubaldo Bernardos Sanz localizó en el Archivo Provincial el protocolo que dice que “los alcaldes ordinarios de Bernardos y dos regidores de su Concejo otorgaron en pública escritura el encargo de la construcción de la ermita del Castillo, en terrenos municipales, a tres maestros de obra, uno de albañilería, otro de carpintería y el otro de mampostería, para que levantaran el edificio según las dimensiones y altura que habían acordado previamente” (www.bernardos.es). La victoria municipal no salió gratis ya que supuso en su momento situaciones desagradables de fuerte división en el pueblo, que hoy parecen superadas.

Apenas a 2 km. de distancia, en el pueblo de Domingo García, la Iglesia ha inmatriculado otra ermita, la de San Isidro. Este pequeño municipio cuenta con una espectacular Estación de arte rupestre al aire libre del Paleolítico Superior, en concreto, en el Cerro de San Isidro. Allí se encuentra las ruinas de la ermita románica, que da el topónimo a ese paraje. El edificio se halla en un estado tan lamentable que figura en la Lista roja de patrimonio en peligro de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Hispania Nostra. Ruinas en las que no se ha invertido ni un céntimo en obras pero que, aun así, fue inmatriculada a nombre de la Iglesia. La anécdota, si es que se puede llamar así, es que los restos de la ermita están en medio de una finca privada.

Un tercer caso, 10 kms. más arriba, en Santa María la Real de Nieva, en la ruta del Camino de Santiago de Madrid, ha sido el Consistorio (PP), quien ha colocado una pancarta en el balcón del Ayuntamiento reclamando para el pueblo la propiedad del claustro del monasterio, catalogado de bien de interés cultural y declarado monumento nacional en junio de 1920. Un conjunto monumental de estilo gótico construido a finales del XIV y sufragado con donativos indulgentes papales a los donantes y en gran parte con dinero de la Corona por deseo de la Reina Catalina de Lancaster. Tras la desamortización de Mendizábal dejó de considerarse monasterio, dividiéndose su propiedad entre el obispado de Segovia y el ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva. El ayuntamiento estima que el claustro está bajo la protección del Estado y su inspección y custodia depende de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León pero, de nuevo, por el privilegio inmatriculador de la Iglesia, lo han puesto a nombre de las diócesis. El Ayuntamiento de Santa María la Real de Nieva, como lo hizo en su día el de Bernardos, va a defender lo que considera de sus vecinos y bien claro lo dice en la pancarta del balcón.

Estos son solo tres casos que se conocen de Segovia, aunque serán muchas más las inmatriculaciones tramitadas y admitidas en toda la provincia.

El gobierno de Aragón ha contabilizado hasta 2.023 bienes inmuebles los apropiados por la Iglesia católica al amparo de la normativa hipotecaria, afortunadamente hoy ya derogada, pero que no vale asumir lo anterior como si nada hubiera pasado. No es de recibo la “amnistía” del enorme expolio inmobiliario realizado por la Iglesia católica durante todo el tiempo que ha estado vigente esta legislación hasta 2015. Es necesario que las autoridades públicas a nivel municipal o autonómico, sean las primeras garantes en la defensa del patrimonio público, requiriendo de los Registros de la Propiedad el listado de bienes inmatriculados para proceder a su análisis y recuperación de lo que resulte ilegítimamente apropiado. Como así ya figura solicitado a nivel estatal pero que el gobierno del PP sigue sin dar respuesta.