Marco Candela

Abogado. Diputado en la Asamblea de Madrid por Podemos

A principios de este mes hemos sabido que la Comunidad de Madrid iba a empezar a reclamar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) sobre el alquiler de vivienda. Este impuesto, vigente desde 1993, en la práctica no se venía aplicando, sobre todo porque la cantidad que se recaudaba (menos de un millón de euros al año en la Comunidad de Madrid) no justificaba dedicar muchos recursos a su gestión tributaria. En un contexto de mercado inmobiliario y del alquiler estancados, el gobierno regional pone otro palo en las ruedas con este impuesto. Veamos el porqué.

Bajo la justificación de la necesidad de mayor recaudación, el Gobierno de Cristina Cifuentes ha puesto en marcha su maquinaria fiscal para reactivar lo que venía siendo un “impuesto durmiente”. Para ello usará los datos al alcance de su administración que le permitan saber a quién reclamar el ITP de hasta cuatro años atrás (el máximo que permiten las leyes tributarias); datos de depositantes de fianzas en el antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid, datos de declaraciones de la renta en las que el contribuyente se desgrava el alquiler de una vivienda de su propiedad, datos de solicitantes de ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid, y demás.

Hasta ahí todo puede parecer correcto y justificado: ante la necesidad de recursos para afrontar el gasto público, se redoblan esfuerzos para asegurar la recaudación de un impuesto que estaba “olvidado” en la práctica. La duda surge si nos hacemos dos preguntas: 1. ¿Qué efectos tiene la recaudación de este impuesto?; y 2. ¿Qué alternativas hay?

Con respecto a la primera, el problema de que ahora se empiece a recaudar el ITP sobre los alquileres es que es la última de una serie de medidas que dificultan y desincentivan el alquiler como forma de acceso a la vivienda. Por la vía de la seguridad jurídica, cabe destacar la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, que por un lado recortó de cinco a tres los años en que el inquilino tiene asegurada la renovación anual automática del contrato, y por otro hizo necesario inscribir el contrato en el Registro de la Propiedad para mantener su vigencia en caso de venta del inmueble a un tercero, donde antes prevalecía el derecho del inquilino de forma automática.

Por la vía de la oferta de vivienda y de las ayudas al alquiler, cabe destacar que en la Comunidad de Madrid los gobiernos regionales del Partido Popular no han hecho nada para promover que los mayores tenedores de vivienda vacía (los bancos y la SAREB -el “banco malo”-) puedan ofrecerla en alquiler, lo cual aumentaría la oferta y reduciría los precios. Tampoco han apostado por aumentar el parque de vivienda pública en alquiler. Muy al contrario, apostaron por malvender 3.000 viviendas del Plan Joven a fondos buitre en el 2013, causando una pérdida de 100 millones de euros a las arcas públicas. En cuanto a las ayudas al alquiler, cuando han existido han sido muy escasas y escandalosamente mal gestionadas (las del año 2015 sólo cubrieron un tercio de las solicitudes y muchas aún no han sido abonadas).

Con respecto a la segunda pregunta, sobre qué alternativas hay a la recaudación efectiva del ITP sobre los alquileres, la respuesta es sencilla: las hay, muchas y mucho mejores, tanto cuantitativa como cualitativamente. Quizás el ejemplo más claro sea el Impuesto sobre el Patrimonio. La Comunidad de Madrid es la única comunidad autónoma donde este impuesto está bonificado (“perdonado”) al 100%, lo cual supone dejar de ingresar, siendo conservadores, como mínimo 500 millones de euros al año. Este es un impuesto por el que tributarían menos de 20.000 madrileños, los ricos que tienen patrimonio suficiente para ser objeto del impuesto. Frente a esos 20.000 acaudalados madrileños, son centenares de miles los inquilinos que se verían afectados por la recaudación efectiva del ITP sobre alquileres. Como explica el portal inmobiliario Idealista.com, , los más afectados serían jóvenes menores de 40 años con rentas bajas, que por otro lado son el colectivo que más dificultades tiene en acceder a una vivienda.

Viendo los efectos que tiene la recaudación efectiva del ITP sobre alquileres y las alternativas que existen para aumentar la recaudación tributaria, salta a la vista la apuesta conjunta de política fiscal y de vivienda que hay detrás de la medida anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Una vez más, el gobierno regional del Partido Popular, ahora bajo el mando de Cristina Cifuentes y con el apoyo de Ciudadanos, apuesta por una política fiscal regresiva combinada con una nueva traba al alquiler como forma de acceso a la vivienda. El efecto combinado es un escaso aumento de la recaudación tributaria en detrimento de las rentas más bajas, y una dificultad añadida para las personas con esas rentas más bajas (sobre todo jóvenes) para satisfacer un derecho fundamental, la vivienda, al que además sólo pueden acceder mediante el arrendamiento, en tanto en cuanto tienen cerrado el acceso al crédito que les permitiría acceder a la vivienda en propiedad, como ocurría durante los años de la burbuja inmobiliaria.

Tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, que sacan pecho autodenominándose los partidos “constitucionalistas”, cabe recordarles aquí dos artículos de la Constitución española. Por un lado, el artículo 31, que establece el principio de progresividad del sistema tributario, el cual aconsejaría claramente no recaudar el ITP sobre alquileres y sí recaudar el Impuesto sobre el Patrimonio. Por otro, el artículo 47, según el cual “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que manda a los poderes públicos -incluido el Gobierno de la Comunidad de Madrid- promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. Sin duda la promoción del derecho a la vivienda de los jóvenes con rentas bajas en la Comunidad de Madrid pasaría por remover los desincentivos fiscales al arrendamiento, como es el ITP sobre alquileres.

El cumplimiento del principio constitucional de progresividad en la Comunidad de Madrid pasaría por una reforma integral de su sistema tributario. A su vez, el cumplimiento del derecho constitucional a la vivienda necesitaría una Ley de Vivienda autonómica que, a imagen de la vasca, la catalana o la andaluza, recogiese un amplio abanico de medidas para, entre otras cosas, hacer del alquiler una vía barata y segura de acceso a la vivienda. Fomentando el alquiler asequible y seguro, se volvería a apostar por una política de vivienda que era común en nuestro país, antes de que su modelo productivo pasase a girar íntegramente alrededor del ladrillo, con la consiguiente cultura de la vivienda en propiedad. Se volvería a apostar por un modelo de vivienda que es el que impera en los países más avanzados de nuestro entorno, donde el alquiler es la forma más común, por ser la más barata y segura, de acceder a una vivienda.

Estos últimos son planteamientos a medio plazo. Mientras tanto, señora Cifuentes, si exime usted del Impuesto sobre el Patrimonio a 20.000 madrileños ricos, haga el favor de eximir a centenares de miles de madrileños del ITP sobre sus alquileres.