Por qué los impuestos a las energéticas y a la banca se quedan cortos

El Gobierno ha anunciado que va a poner en marcha dos nuevos impuestos: uno a las compañías energéticas y el otro a la banca. La justificación es que estos dos sectores son los que más se están beneficiando de la coyuntura económica actual -el primero por el incremento de precios de la energía y el segundo por la elevación de los tipos de interés, por lo que es de justicia que paguen más impuestos y no se lucren tanto.

En efecto, la inflación actual está llenando los bolsillos de las empresas energéticas y financieras. Así lo pone de manifiesto el reciente estudio realizado por Comisiones Obreras utilizando datos de la Contabilidad Nacional: en el último año el margen de beneficios del sector energético se ha elevado un 60,4% (frente al 46,5% en la Eurozona), mientras que el del sector financiero lo ha hecho un 25,7% (frente al -0,6% en la Eurozona), lo que implica un incremento de beneficios astronómico y absolutamente histórico.

La razón fundamental en el caso de la energía se encuentra en que el sistema europeo de formación de precios mayoristas de la electricidad implica que cualquier energía, por muy barata que sea, se venda al precio de la más elevada, que suele ser el gas. Pero lo peor de todo es que a veces ni siquiera se utiliza el gas para generar electricidad pero las centrales hidroeléctricas subastan su energía a un precio similar al del gas, porque son al fin y al cabo las mismas empresas y se ponen de acuerdo para cometer este robo (porque no tiene otro nombre vender energía a más de 200 euros el megavatio hora lo que le cuesta generar unos 3 euros, y esto acorde a los datos de la propia Comisión Nacional del Mercado y la Competencia). Así cualquiera dispara sus beneficios.

Si en España el margen de beneficios es incluso mayor que en la Eurozona es porque tenemos un oligopolio de tres empresas extremadamente poderoso que domina el ámbito de la generación (solamente Iberdrola, Endesa y Naturgy controlan el 96,2% de toda la potencia de las centrales hidráulicas), de la distribución (que por cables de media y baja la controlan en todas las provincias españolas menos en dos) y de la comercialización de la energía (el 84% del sector). La rentabilidad del sector español siempre ha sido superior a la de sus países vecinos: según la oficina de estadísticas europea las empresas energéticas españolas suelen tener un margen de beneficio del 18,2%, muy por encima de la media europea y de otros países vecinos de características similares al nuestro; y según la central de balances del Banco de España, la rentabilidad de este sector suele ser del 15%, muy por encima de la media del resto de sectores económicos españoles. Son datos al alcance de todos y que revelan cómo unas pocas empresas hacen negocio con un bien común esencial para nuestras vidas como lo es la energía.

Si encima a este poder oligopólico le sumamos la ayuda que le suele brindar el Estado, tanto en materia de regulación del sistema energético como en materia de sanciones, entonces tendremos el puzle de estos beneficios extraordinarios completo. Sin ir más lejos, el pasado 13 de julio supimos que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dejó caducar el procedimiento de sanción por 30 millones de euros a Repsol, Cepsa y otras empresas por intercambiar información para repartirse el mercado en materia de estaciones de servicio y gasolineras. Así cualquiera dispara sus beneficios.

El caso de la banca es más conocido y no es necesario detenerse tanto en él. Al margen del rescate público que recibieron y del cual ya se han perdido más de 61.000 millones de euros, resulta que ahora tienen la posibilidad de rentabilizar los créditos baratos aprobados durante la pandemia a un tipo de interés negativo otorgando créditos a tipos más elevados, amén de lo que ya están ganando gracias a comisiones abusivas y a las hipotecas de interés variable. En el año 2021, cuando todavía no habían aumentado los tipos, el sector bancario español tuvo récord de beneficios desde la crisis financiera del año 2008: 20.900 millones de euros entre los seis principales bancos (BBVA, Santander, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter).

En cualquier caso, estos impuestos son justos y bien recibidos; siguen la estela que se está siguiendo en Europa -donde una docena de países ya aplica impuestos a las entidades financieras y otros como Italia a las energéticas-; y dan buena cuenta del giro de timón de Pedro Sánchez tras el mal resultado de las elecciones andaluzas; pero no arreglarán la situación ni reducirán la inflación que estamos sufriendo. El motivo no se le escapa a nadie: porque esas empresas seguirán teniendo vía libre y suficiente poder de mercado para aumentar los precios y repercutir de esta forma el impuesto en el precio final. Esto ya ha ocurrido de una forma cristalina en el sector de las petroleras: un reciente estudio de Nada es Gratis reveló que las gasolineras aprovecharon el descuento de 20 céntimos aprobado por el gobierno en marzo de 2022 para elevar los precios, y esto es algo que incluso ha denunciado hace muy poco tiempo la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Sin ir más lejos, Repsol dio a conocer el otro día que su margen de refino se ha incrementado un asombroso 242% desde los 6,8 dólares hasta los 23,3 dólares por barril.

En fin, mientras las empresas energéticas y financieras tengan tanto poder de mercado para establecer los precios que quieran, lo seguirán haciendo y cualquier aumento de impuestos tendrá un efecto limitado en alcanzar mayor justicia fiscal, amén de que no logrará combatir la inflación (es más, podría incluso aumentarla por esa extrapolación a los precios). La única solución pasa por intervenir decididamente en los sectores energético y financiero para que no eleven precios, tal y como ha hecho Australia que ha llegado a suspender el mercado eléctrico y a regular precios políticamente, Francia que ha nacionalizado al 100% su gigante eléctrico, o Japón que ha pactado con las empresas energéticas que no aumentarían los precios (a cambio de ciertas bonificaciones), por no hablar de países como México o Bolivia que han limitado directamente los precios de la energía y la mayoría de ellos tienen tasas de inflación mucho más moderadas que el resto de países. Menos bonificaciones e impuestos y más controles y nacionalizaciones.