EMILIO SILVA BARRERA

En los últimos años han proliferado las publicaciones que justifican el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. El ataque del general Franco al orden Constitucional, dicen, era necesario para detener el caos republicano. Y el precio del orden, decenas de miles de asesinatos cometidos por los generales sublevados. En un Estado que ilegaliza formaciones políticas que no condenan actos de violencia, quienes justifican el genocidio cometido por los franquistas son consentidos, incluso con la existencia de una fundación que tiene por objetivo principal el enaltecimiento de la figura del dictador.

Sin embargo, el propio general Franco contradijo esas teorías con la aprobación de una Ley de Amnistía que él mismo firmó, el 23 de septiembre de 1939. En ella declaraba amnistiables: “delitos contra la Constitución, contra el orden público, infracción de leyes de tenencia de armas y explosivos, homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones y de cuantos con los mismos guarden conexión, cometidos desde el 14 de abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936 por personas respecto de las que conste de modo cierto su ideología coincidente con el Movimiento Nacional”.

De ese modo el generalísimo catalogó los tipos de agresiones ejercidas por quienes no aceptaron los cambios democráticos ocurridos con el advenimiento de la Segunda República. Haciendo un paralelismo revisionista podría decirse que la guerra comenzó el 14 de abril de 1931. Así lo explica el dictador que orquestó un terrible genocidio para erradicar la democracia y la cultura política que estaba generando la práctica de los derechos civiles. Lo que ocurrió el 18 de julio fue el inicio de una acción militar para alcanzar el objetivo que los fascistas no habían conseguido tras cinco años de violencia civil.

La lista de delitos que el general Franco amnistió en 1939 coincide con muchos de los que cometió: homicidios, lesiones, daños, amenazas y coacciones. El franquismo nunca desactivó su violencia porque, como dijo el caudillo al inaugurar el Valle de los Caídos, “la antiespaña fue vencida y derrotada, pero no está muerta”.

Fallecido el dictador, quienes violaron derechos humanos dentro del régimen fascista quisieron obtener una amnistía que les blindara ante la justicia. Para ello dosificaron estratégicamente la liberación de presos políticos; esa sería su moneda de cambio. El goteo controlado de “suelta” de políticos contribuyó a crear la demanda de una Ley de Amnistía, cuando en una democracia bastaba con la decisión política de que salieran esos presos a la calle.

Desde opciones progresistas hay quien defiende esa amnistía como una conquista de las víctimas y acostumbran a utilizar la frase de Manuel Azaña: “Paz, piedad, perdón”. Precisamente, el partido político de Azaña, Izquierda Republicana, no fue legalizado hasta después de las elecciones de junio de 1977, para que no estuviera presente en el Parlamento que elaboró la Ley de Amnistía y la Constitución monárquica. Como él, ninguna formación política que en sus siglas llevara como seña de identidad el republicanismo pudo presentarse a esos comicios, según el Ministerio de Gobernación: “por ser contrarios a la forma de Estado”. ¿Qué forma de Estado si todavía no estaba aprobada la Constitución?

El trabajo de buena parte de las élites de distintas ideologías que pilotaron ese proceso de recuperación de las libertades fue esconder que la transición a la democracia había ocurrido antes del 18 de julio de 1936. Nuestra Transición fue la Segunda República y lo que ocurrió en los años setenta fue la recuperación de ese proceso democrático. Si durante la dictadura la versión oficial fue que los culpables fueron “los rojos”, el avance conquistado con la recuperación de las libertades fue que los dos habían cometido errores. Así se equiparaba a quienes atacaban al Gobierno legal y a quienes que lo defendían. Además, se abonó la impunidad con un sistema educativo que no ha enseñado a millones de ciudadanas y ciudadanos lo que fue la represión franquista.

Difrazada de “vamos a tratar a todos por igual”, la Ley de Amnistía selló la impunidad para los sublevados, como hizo Franco en 1939. ¿Alguien ha oído que en Nuremberg fueran amnistiados los aliados que liberaron a Europa del nazismo a pesar de que causaron miles de víctimas?

Pero, por si la ley no era suficiente, las élites franquistas obtuvieron la permanencia de un poder judicial adepto que hoy ha puesto contra las cuerdas al juez Garzón. Mientras tanto, miles de familiares de desaparecidos subsisten sin poder ejercer sus derechos fundamentales. Ocurre en un Estado cuyo representante en la Audiencia Nacional, el fiscal Javier Zaragoza, llamó crímenes comunes a los asesinatos de 113.000 hombres y mujeres, orquestados y cometidos principalmente en los tres meses posteriores al golpe del 18 de julio.

El problema de la impunidad no es sólo que agrede a las víctimas, niega el derecho y daña a la justicia. Se acaba convirtiendo en una cultura política que intoxica la vida pública. Lo que pudo parecer que allanaba el camino tras la muerte del dictador ha terminado siendo un enorme obstáculo para que mejore nuestra democracia.

Emilio Silva Barrera es Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica