La in(ter)dependencia escocesa en el Reino Unido y la UE

Luis Moreno

Profesor de Investigación del CSIC, Honorary Fellow de la Universidad de Edimburgo, autor de ‘Europa sin Estados’

De los 4,3 millones de escoceses registrados electoralmente (97% del censo poblacional), alrededor de dos millones respondieron negativamente el pasado 18 de septiembre a la pregunta: “¿Debería ser Escocia un país independiente?”. La diferencia con los partidarios del sí fue de unos 400.000 votos, rondando los porcentajes el 55% en contra y el 45% a favor. La ventaja numérica entre el no y el sí fue neta, despejando dudas e interpretaciones del sentir mayoritario de los escoceses respecto a la secesión del Reino Unido.

Según el compromiso (pledge o vow) adquirido durante la campaña del referéndum por los principales partidos británicos (Conservador, Laborista y Liberal), las instituciones centrales del Reino Unido deberían dotar al Parlamento escocés de mayores competencias, en línea con la denominada devo max, con un mayor nivel de autogobierno en el seno de la politeia británica.

La ulterior “devolución de poderes” supondría en la práctica que, salvo los ámbitos de defensa y de relaciones exteriores, los diputados del Parlamento escocés serían responsables del resto de las políticas públicas. Ello incluiría las fiscales y de financiación de las instituciones de autogobierno escocesas. El propio primer ministro británico, David Cameron, habló tras la consulta de una devolution revolution, aludiendo a una generalizada descentralización en el Reino Unido, la cual incluiría también la capacidad de los diputados de Westminster elegidos en las circunscripciones inglesas para dirimir asuntos sólo de la directa competencia de Inglaterra. Paradójicamente, la lectura ex post del resultado del referéndum escocés no es tan dispar de haberse formulado las tres preguntas originariamente propuestas (statu quo, mayor autonomía o secesión).

Según las encuestas efectuadas tras la celebración del referéndum, dos terceras partes de escoceses son partidarios de la devo max, la cual cuenta con un apoyo del 71% de hombres, del 62% de mujeres y es transversal a todos los grupos de edad y clases sociales. Además, el mayor nivel de autogobierno es la opción mayoritaria de los votantes de todos los partidos representativos en Escocia (59% de los liberales demócratas, 60% de los conservadores, 62% de los laboristas, 71% de los verdes y 79% de los nacionalistas) (Herald Scotland, 05.10.14).

El comportamiento y expectativas de los electores de la nación caledonia han aportado ya una alta dosis de innovación a la vida política del Viejo Continente. Y es que los efectos de la consulta del 18 de septiembre serán cruciales tanto para el Reino Unido como para el desarrollo futuro de la Europeización, y la salvaguarda de sus dos principios guía: subsidiariedad territorial y rendición de cuentas democrática.

Recuérdese que el primero establece que las decisiones se tomen transnacionalmente sólo si los niveles estatal, regional y local no están en mejores condiciones para realizarlo; el segundo es preceptivo para conformar la legitimidad institucional de la UE. Ciertamente surgirán dificultades en el acomodo entre regiones, naciones sin estados y Estados miembros, pero el reajuste territorial (re-scaling) de la gobernanza multinivel en la UE se mantendrá como una reforma ineludible en la agenda política europea.

La principal implicación generada por la consulta escocesa es la importancia adquirida por la in(ter)dependencia en las relaciones intergubernamentales y de los distintos ámbitos políticos en el Estado miembro más euroescéptico de la UE, como es el Reino Unido. Porque si bien ha sido patente el rechazo expresado en las urnas a formar un Estado de corte decimonónico, con alusiones a una soberanía impracticable, no lo es menos la aspiración escocesa a reforzar el gobierno descentralizado y su autogobierno en línea con la idea de la gobernanza multinivel.

En tiempos recientes, la “independencia” decisional del Gobierno autonómico escocés se ha manifestado en la priorización de sus políticas públicas por preservar un modelo de Estado del Bienestar europeo en su versión más universalista, como es el caso de sus vecinos países nórdicos. Tráiganse a colación, por ejemplo, los programas ya implementados por el Gobierno escocés de cuidados a los mayores, de provisión de medicinas del Servicio Nacional de la Salud en Escocia, ambos sin coste alguno para los usuarios, o la exención de tasas universitarias a los estudiantes escoceses. No es casual que una aspiración de vocación socialdemócrata por una sociedad más igualitaria haya resultado en un argumento persuasivo para una buena parte de los fieles votantes laboristas Clydesiders radicados en Glasgow, los cuales votaron afirmativamente en el pasado referéndum.

En Escocia, el Reino Unido y en Europa el creciente entorno de interdependencias muestra la obsolescencia del antaño concepto de soberanía nacional como recurso exclusivo de actuación política. Las nuevas demandas ciudadanas buscan optimizar el solapamiento de las autoridades y los gobiernos, compartiendo soberanías post estatales y diversificando los encajes institucionales anclados en una multiplicidad de identidades y culturas.

Debe tenerse en cuenta, asimismo, que el modelo social europeo (MSE) —asumido con mayor o menor intensidad por los dos sectores confrontados en el referéndum escocés— se encuentra en ardua concurrencia con otras propuestas socioeconómicas alternativas donde el individualismo mercantilizador es el rasgo más característico (EEUU), o donde el dumping social neoesclavista se propone como ventaja extra para el crecimiento económico (China y otros países emergentes asiáticos).

La consolidación del MSE no podría efectuarse mediante la fragmentación que propician algunos nacionalismos, sean éstos con o sin estado. El caso escocés convalida, empero, la combinación eficiente del ejercicio de la autonomía política y la incorporación de los objetivos comunes europeos. Porque la integración debe realizarse, en ocasiones, a costa de la propia capacidad decisional en las instancias estatales o subestatales implicadas. Refleja ello un entendimiento del ejercicio de las competencias de los diversos niveles de gobierno en consonancia con el principio federal de la discusión, la negociación y el acuerdo eventual.

Ciertamente, las prácticas federales condicionarán cualquier cristalización en el ordenamiento jurídico europeo, pese a que la palabra con la inicial “f” no figure explícitamente en documentos o declaraciones de los actores políticos. Las reticencias y objeciones puntuales de algunos países europeos, y muy especialmente del propio Reino Unido y el nuevo populismo inglés representado por UKIP, se han basado en un entendimiento de la UE como una versión federalista a la estadounidense, la cual es altamente inconmensurable con el caso de Europa.

Tras la convulsión institucional provocada por el referéndum escocés, Europa bien podría aprovecharse en su desarrollo político de aquellas experiencias más relevantes en la casuística e historia de los modelos federales, pero sin atender a unos patrones preestablecidos dadas las peculiaridades de su desarrollo histórico. Su concreción operativa no sería, por tanto, la copia de un modelo ya existente. Su gradual conformación política ha sido, es y seguirá siendo una experiencia inédita elaborada por sedimentación institucional.

El referéndum en Escocia ha contribuido de manera efectiva a sensibilizar las opiniones públicas en no pocos países europeos, singularmente en aquellos de composición interna plural como España. A mayores capacidades de autogobierno en el contexto de la in(ter)dependencia del Viejo Continente cabe augurar una mayor participación ciudadana superadora de la desafección partidaria y la anomia social imperantes.

Europa saldrá reforzada si es capaz de promocionar su modelo socioeconómico como nexo integrador de sus diversos territorios. El rasgo cualitativo en la consolidación de sus Estados del Bienestar, una invención europea al fin y al cabo, ha sido precisamente la promoción de la ciudadanía civil, económica, política y social. Ante la tentación fáustica, de vender su alma libre, fraternal y solidaria persiguiendo intereses particulares, tanto escoceses, catalanes, bávaros o corsos, como británicos, españoles, alemanes o franceses —pongamos por caso—, confrontan el gran reto de proseguir la construcción del sistema europeo de gobernanza multinivel. De la materialización de tal apuesta dependerá en no poca medida la unión sin cesar más estrecha entre los países europeos.