La inconsistencia de los derechos humanos en Palestina

La reciente decisión de Estados Unidos de no considerar los asentamientos israelíes en Cisjordania “inconsistentes con el derecho internacional” es un paso más en el apoyo incondicional que Trump profesa a Israel y a Netanyahu desde su llegada a la presidencia en EEUU. Pero no es único, decisiones como el traslado de la embajada a Jerusalén o el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, pretenden dejar aún más mojado el papel sobre el que se asientan las decisiones de la política internacional en esta región. Sin embargo, el consenso y el derecho internacional continúan ahí. La política de asentamientos ilegales que el Gobierno de Israel práctica desde hace décadas tiene graves consecuencias para la vida diaria de miles de palestinas y palestinos, así lo reconoce Naciones Unidas que la ha declarado ilegal en varias ocasiones.

La decisión de EEUU viene a apuntalar la política llevada a cabo por Netanyahu de aumentar la inversión para seguir creando asentamientos en suelo palestino, una promesa repetida hasta la saciedad en la última campaña electoral, y quién sabe si también en una próxima. Pero por mucho respaldo que provenga de la Casa Blanca, es innegable que esta política de asentamientos perjudica gravemente a las personas más vulnerables que habitan en el territorio ocupado y contraviene todo el marco jurídico internacional sobre las situaciones excepcionales de ocupación que, según el derecho internacional humanitario, han de tener carácter temporal. Una temporalidad que ya suma más de 50 años.

Con la excusa de “proteger” esos asentamientos, aunque no es el único motivo, hay diseminadas por el territorio más de 700 barreras, incluidos 140 check points según la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, y por supuesto el muro, que impiden la movilidad normal de las personas. Pero no es solo el número de checkpoints que hay que cruzar diariamente, o un muro que divide incluso ciudades palestinas, es también el lugar que ocupan los asentamientos, en ocasiones dentro del centro histórico, como es el caso de Hebrón, y los recursos que acaparan. Uno de los principales problemas, que no el único, son las graves restricciones a la movilidad tanto para los y las palestinas que deben desplazarse, como para las organizaciones que trabajan poniendo tiritas y parches necesarios a una situación cada vez más deteriorada.

Samira (nombre ficticio) trabaja en una clínica donde se ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva y también para supervivientes de violencia de género en el área C, área H2 en Hebrón, áreas cercanas a los asentamientos. “Nos centramos aquí porque la necesidad de nuestra intervención es realmente alta. La población residente en estas zonas enfrenta muchos desafíos y dificultades y está privada de unos derechos básicos que deberían estar disponibles para cualquier ser humano. El 70% de nuestras beneficiarias viven en estas áreas”.

El acceso a estos lugares es realmente difícil e inseguro, en la mayoría de casos hay que pasar varios checkpoints donde la espera puede ser eterna. “Hace unas semanas parte de nuestro personal iba a un área cercana a un asentamiento para llevar a cabo una sesión de sensibilización sobre la violencia de género, les detuvieron en uno de los puntos de control durante horas y finalmente se les prohibió la entrada” contaba Samira. ¿Las razones? arbitrarias y sin necesidad de justificación.

A los problemas de movilidad, se une la violencia ejercida por los colonos, lo que dificulta el acceso a determinadas comunidades, además de poner en riesgo la integridad física de las personas. Un problema que, lamentablemente, no es algo excepcional, sino algo habitual. “Durante las visitas, nuestro personal es también víctima del hostigamiento de los colonos israelíes”.

El consumo de recursos como el agua también supone un importante inconveniente para la provisión de servicios, no solo de estas clínicas, sino también en hospitales, fábricas, restaurantes, etc. En situaciones de escasez solo el suministro a los asentamientos está garantizado.

La declaración de la semana pasada confirma nuevamente la actitud desafiante de la actual administración norteamericana con relación al multilateralismo y a principios básicos del derecho internacional público, que consideran los asentamientos en Cisjordania ilegales. Por tanto, la única solución posible es dejar de construir asentamientos y darles a las palestinas y palestinos su derecho a la libertad de movimiento, a la tierra, a la autodeterminación, a tener su propio estado y vivir seguros sin temor alguno. Eso es lo que la comunidad internacional debería exigir y trabajar activamente para conseguirlo, a ser posible antes de que su tierra acabe engullida por los asentamientos.