¿Ingeniería jurídica o prevaricación?

Jon Iñarritu

Senador de EH Bildu

No olvidaré nunca la cara de asombro de los magistrados e incluso de los abogados del Estado en la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuando uno de los abogados de Inés del Rio Prada, dio a conocer las declaraciones que había realizado, minutos antes, el ministro del Interior español en relación a la “Doctrina Parot”. Fernández Díaz había anunciado que, si el Reino de España fuese condenado, “realizarían ingeniería jurídica” para no aplicar la sentencia.

Tras el fin definitivo de la violencia de ETA en 2011, si bien el Partido Popular (PP) se abstuvo de participar en la Conferencia Internacional de Paz de Aiete, algo que sí hicieron sus homólogos franceses, todos pensamos que el PP desactivaría la legislación penitenciaria de excepción y su arbitraria aplicación a los y las presas. Es más, el propio PP vasco, así lo esperaba. En noviembre de ese mismo año, en una reunión mantenida con los dirigentes del mencionado partido, les pregunté si variarían su política penitenciaria y la respuesta fue que “obviamente ante una realidad diferente, procederían de manera diferente”, pero ¿Han variado en algo esa política? La red ciudadana Sare señalaba recientemente que, si bien hay menos presos (por cumplimiento íntegro de sus condenas y por la Doctrina Parot), la situación de los presos enfermos, el alejamiento y las medidas de excepción, hacen que se pueda afirmar que la situación de las personas presas sea, a día de hoy, peor que hace 5 años.

Las solicitudes de los Parlamentos vasco y navarro, de la práctica totalidad de representantes políticos del País Vasco Norte; las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas; del Consejo de Europa; las condenas por alejamiento de presos en Estados europeos por parte del TEDH, no han hecho variar esa cruel política de alejamiento y dispersión que afecta a los reos y a sus familias. Las medidas aplicadas a los presos y presas de (y del todo es) ETA han sido siempre extremas y realizadas desde una aplicación excepcional o arbitraria de la legislación ordinaria, pero si antes solo eran comprensibles desde un punto de vista del derecho penal/penitenciario del enemigo, ahora en este nuevo tiempo, es evidente que solo se entienden desde la vendetta. El Gobierno español está aplicando parámetros de venganza por la vía de hecho, así, a pesar de las voces jurídicas autorizadas, que auguran un nuevo varapalo judicial desde Estrasburgo tanto sobre la cuestión del alejamiento, como sobre el cómputo de la pena cumplida en el Estado francés. El Ejecutivo confía en primer lugar, en que cualquier defecto procedimental en esos complejos asuntos, dé al traste con toda la argumentación de fondo, pero sobre todo, utiliza la vía de hecho sobre la normativa penitenciaria, para que la tardanza procesal de los expedientes que se presentan ante el TEDH, garantice que mientras se resuelvan los recursos, estas personas se mantengan lejos de sus familiares y privados de libertad. Esa es realmente la torticera y execrable finalidad del Gobierno en este asunto, dicho en una palabra, la venganza. Pero, ¿sería posible modificar esa política innecesaria, inútil e injusta?

Las recientes declaraciones del Ministro del Interior, no parece que vayan en esa línea, cuando señalaba que “el comportamiento de la Administración del Estado español, del Gobierno, en materia penitenciaria es conforme a ley y, por tanto, va a mantener la misma política penitenciaria”. Por un lado cabría preguntarse ¿cómo interpreta el artículo 12.1 de la LOGP donde establece que se debe evitar el desarraigo social de los penados? Pero más preocupante parecen las cinco condiciones que se inventó el ministro (sorprendentemente magistrado de profesión) “para empezar a hablar” solicitaba a ETA: disolverse, entregar las armas, manifestar su arrepentimiento, pedir perdón a las víctimas y resarcir el daño. Independientemente de cuál sea nuestra opinión sobre esas premisas ¿En qué ley se señalan esas condiciones para acabar con el alejamiento? Una vez más, queda en evidencia que todo esto es una arbitrariedad no basada en la legalidad sino en algo diferente. Lo cierto es que, como hemos visto, ni se ajusta a la ley, ni a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, ni al sentido común, ni tampoco a lo que ellos mismos han predicado en el pasado.

El lehendakari Ardanza afirma en sus memorias que en el Pacto de Ajuria Enea, suscrito el 12 de enero de 1988, todos los partidos firmantes aceptaron la excarcelación de los presos de ETA cuando se produjera el fin de su actividad. Aquellos que no tuvieran delitos de sangre serían indultados, mientras que los que hubieran participado en atentados mortales serían enviados al exilio unos años. Ardanza explica que fue el representante Popular en la Mesa, Julen Guimón, quien puso como condición que lo relativo a ese apartado no se hiciera público, aunque admitía que aquellas medidas fueran «servidumbres que exigía la solución del problema» ¿Han anulado los firmantes el contenido del acuerdo? Lo cierto es que a los y las condenadas por el terrorismo del Estado, como los GAL, y a los condenados por torturas, se les indulto y/o cumplieron penas ínfimas.

En definitiva, las medidas del Gobierno con los presos vascos responden a una excepcionalidad que solo aplica con ellos y, por ese motivo, realiza una ingeniería jurídica o prevaricación. Por lo tanto, como decenas de miles de personas solicitaron en las calles de Bilbao, el pasado día 14 de enero, es hora ya de acabar con esta anormalidad basada en la inquina para avanzar en la pacificación y la reconciliación, como lo exige la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca.