Juan Ignacio Bartolomé Gironella

Decano del Colegio de Economistas de Madrid (1984-1988)

Jorge Fabra Utray

Decano del Colegio de Economistas de Madrid (1981-1983)

Ilustración de Mikel Casal

Es la medida más suave que podía tomar”. La justificación del presidente del Gobierno al proponer, con el aplauso del PP, una reforma constitucional que condicionará durante décadas la política económica, nos deja perplejos. ¿Cuáles serían las alternativas menos suaves?

Desde la reunión del Consejo de Ministros de Finanzas de la UE, celebrada el 9 de mayo de 2010, el Gobierno ha ido tomando medidas a sabiendas de que incidirían negativamente en la crisis, que ralentizarían el crecimiento del PIB y aumentarían el paro, bajo el argumento de que se ve obligado a hacerlo. ¿Qué está pasando? La explicación, que parece contar con un consenso sorprendente, es que “los mercados”, orientados por las agencias de calificación de riesgo, castigan el déficit de las administraciones públicas con un aumento de las primas de riesgo e, incluso, con la amenaza de provocar la quiebra del Estado. Ante lo cual la UE exige reducciones drásticas del gasto público.

Lo asombroso es que se puede constatar sin dificultad que el origen del déficit no está en el incremento del gasto sino en la reducción de los ingresos públicos y que el volumen de la deuda pública española se mantiene en niveles muy aceptables. La parte esencial del gasto público va dirigida a la formación, a la sanidad, a la creación de infraestructuras, a la seguridad, a la cohesión social y territorial… son partidas necesarias para el funcionamiento eficiente de la economía y que, además, generan demanda efectiva en momentos en que la reducción de la demanda privada ostenta un protagonismo evidente en el origen y en la continuidad de la crisis.

Los gastos públicos se contabilizan anualmente con criterios de caja, pero no se contabiliza el retorno que generan en los ejercicios sucesivos, tanto desde la óptica de su contribución a la mejora de la economía del país y al bienestar social, como de su contribución al aumento de los ingresos públicos. Sin embargo, gracias a las orientaciones de las agencias de calificación de riesgos, los oferentes de financiación actúan coordinadamente frente a la demanda de recursos financieros de los gobiernos, lo que les proporciona un amplio poder de mercado. La agencia empeora la calificación y los agentes financieros incrementan las primas sobre la deuda, lo que aumenta el déficit y la deuda misma. Por cierto, las tres hermanas: Moody’s, Standar & Poor’s y

Fitch, detentan, probablemente, el mayor grado de monopolio conocido en un mercado mundial.

Es decir, en los mercados financieros las condiciones de competencia perfecta decaen al actuar una inteligencia coordinadora, como también pasaría en cualquier otro mercado, el del pan o el del acero, si existieran unas agencias que van dando indicaciones de cuáles deben ser los precios de oferta. Y, abundando en el tema, ya nos hubiera gustado a todos que la calificación de los activos financieros basura, en los años previos a la crisis, hubiera estado sometida a la estricta observancia que dicen aplicar hoy al déficit público. Es, probablemente, el mejor ejemplo de los efectos perversos que pueden derivarse de actuaciones incontroladas en condiciones de oligopolio.

Parecería lógico que la UE tratara de contrarrestar estos efectos perversos con medidas que están a su alcance. Crear una agencia de calificación dependiente del Banco Central Europeo (BCE) rompería el monopolio de las tres hermanas. Emitir bonos del BCE estabilizaría los tipos de interés y reduciría el servicio de la deuda pública. Son sólo ejemplos de actuaciones contundentes. Sin embargo, las autoridades económicas de la UE se limitan a sacralizar la operativa de los mercados y a exigir reducciones del gasto público. No parecen entender que el primer objetivo es evitar la inactividad del sistema productivo y que esta actividad es la mejor receta para reducir el déficit y afrontar la deuda. ¿Cómo es posible que se insista en una política que implica cerrar escuelas, hospitales, fábricas, pequeños negocios…? ¿No está suficientemente probado que la realidad contradice con rigor sus argumentos?

A primera vista, el panorama presenta amplias dosis de surrealismo. ¿Qué está pasando? La tendencia apunta a la reducción de la capacidad del Estado para redistribuir la renta a través de las prestaciones sociales, con la consiguiente privatización de sectores como la sanidad, la educación o las pensiones, y al estrechamiento de los límites de las políticas socialdemócratas y las actuaciones sindicales. Ello consolidaría una sociedad dual. También se tiende a la pérdida de protagonismo de las instituciones comunitarias sometidas al predominio de unos países sobre otros. Es, en el fondo, una inmensa demostración de poder.

No debería ser necesario aclarar que nuestro crecimiento en los años pasados llevaba consigo cuantiosas compras a empresas alemanas y de otros países europeos, incrementando la rentabilidad de sus inversiones en instalaciones y en investigación. Y que una parte relevante de los recursos con que se han financiado estas compras proceden de entidades financieras que radican en esos países, a las que se pagan puntualmente lo intereses correspondientes. Se trata, simplemente, de crédito al cliente, una práctica comercial generalizada y perfectamente aceptable.

La reciente declaración en boca de mandatarios europeos, en el contexto de la crisis griega: “Quien cumpla no será expulsado del euro” o lo que es lo mismo, se expulsará del euro al que no cumpla, además de destilar un estilo de matón de barrio, trasluce ignorancia, miopía e incomprensión del papel histórico de la UE y de las ventajas de todo tipo que presta a todos y cada uno de los países que la componen.

www.economistasfrentealacrisis.com