RAMON-JORDI MOLES PLAZA

El riesgo de exclusión social de los colectivos más desfavorecidos –y de los no tanto– se acentúa cuando sobre ellos se acumulan varios factores excluyentes: pobreza, religión, baja formación profesional, urbanismo decadente, infravivienda. Sólo faltaba añadir inmigración y crisis económica: el caldo está servido. Sin caer en el tremendismo, se hace obvio que, ante esta situación, los que lo pasan mal tenderán a pasarlo peor; más aún cuando, también como consecuencia de la crisis económica, se incrementa la xenofobia en el conjunto de Europa. Francia, Reino Unido, España e Italia son sólo algunos ejemplos de la que nos cae encima: protestas laborales inglesas que exigen prioridad para trabajadores autóctonos; redadas francesas contra inmigrantes por el mero hecho de serlo; patrullas ciudadanas italianas con patente para perseguir a inmigrantes; o cupos policiales españoles que obligan a la Policía a detener a un mínimo de inmigrantes. Son sólo algunos pocos ejemplos de por dónde van los tiros. Tampoco Estados Unidos es ajeno al proceso: basta con ver la política inmigratoria en relación a su vecino mexicano o los controles generalizados de inmigración iniciados a partir del 11-S.

Más cerca aún, en Catalunya, empiezan a aflorar síntomas preocupantes: los problemas para ubicar mezquitas u oratorios, para alquilar viviendas a inmigrantes, para contratar mano de obra extranjera o para escolarizar a menores inmigrantes son sólo la punta del iceberg del problema. Un reciente estudio de Cáritas Interparroquial de Figueres alerta sobre el alarmante crecimiento del sentimiento antiinmigración en algunos barrios de esta ciudad. Según una encuesta de los servicios municipales de Barcelona realizada en 2008 sobre 6.000 ciudadanos, en la Ciudad Condal el 10% de la población considera que, junto con la inseguridad, la inmigración es el problema más grave que sufren los barceloneses. Muy curioso: uno alcanza a vislumbrar la inseguridad, el paro o el terrorismo como problemas, pero cuando se concibe la inmigración también como problema, significa lisa y llanamente que la olla –el problema– está a punto de estallar para devenir en xenofobia.

La xenofobia (odio u hostilidad hacia los extranjeros), que entronca como fenómeno antropológico con el racismo y el etnocentrismo, tiene su base en la crisis económica y el riesgo de exclusión social que amenazan tanto a autóctonos como a inmigrantes. Cuando los autóctonos corremos también el riesgo de exclusión social (paro, crisis, etc.), podemos caer en la tentación de intentar trasladar ese riesgo sobre los inmigrantes, acumulándolo además sobre otros riesgos ya manifestados en este colectivo. Olvidamos así que este modo de proceder nos conduce al desastre. Si les hundimos a ellos, nos hundiremos también nosotros: nuestro mercado de trabajo, nuestra demografía, nuestra Seguridad Social, nuestras pensiones, nuestra estabilidad como sistema de cobertura social, precisan de ellos.

El envejecimiento de nuestra población autóctona hace insostenible nuestro modelo: no somos autosostenibles. Para poder financiar lo nuestro

–el Estado social, también nuestra tan aplaudida Seguridad Social– los necesitamos a ellos, necesitamos lo suyo –sus cotizaciones–.

Así, debería quedar claro que nosotros y ellos viajamos en el mismo barco y que a este nivel somos lo mismo más allá de las obvias diferencias. En este sentido, la inmigración debiera ser leída no como problema, sino como oportunidad. Ignorar estos factores y trasladar nuestros riesgos de exclusión sobre los de los inmigrantes acumulando los problemas sobre los más débiles va a hacer estallar la olla del conflicto. Xenofobia, exclusión y conflicto social son distintas caras del mismo problema: los conflictos por la instalación de equipamientos religiosos o por los distintos horarios comerciales de establecimientos regentados por inmigrantes esconden la misma pérdida de cohesión social.

El fenómeno viene de antiguo, sucede simplemente que, cuando se ha tratado, por ejemplo, el caso del colectivo gitano –víctima habitual durante siglos– estos eran pocos y dispersos. Sin embargo, ojo al dato, hoy los colectivos de inmigrantes en España, agrupados en un mismo territorio, podrían constituir una comunidad autónoma relevante, si más no, por su alto número de habitantes.

Este panorama sitúa a nuestras administraciones ante un problema de magnitudes gigantescas por su cuantía, impacto social y escasez presupuestaria. Ante ello no es posible abanderar políticas proteccionistas, demagógicas ni buenistas. Menos aún meras promesas: pasó el tiempo de las palabras. El problema está sobre la mesa y deberíamos jugarlo como oportunidad para mejorar nuestra cohesión social. Para ello, es preciso plantear dos hitos relevantes: de un lado, incorporar al conjunto de las políticas de nuestras administraciones (escolar, sanitaria o de vivienda, por ejemplo) una clave transversal (la del riesgo de exclusión social) y, del otro, apoderar con urgencia al poder local –el más cercano al problema– para que pueda intervenir de modo eficaz para intentar restablecer la

cohesión social.

Hay que invertir en tecnología social de carácter preventivo que permita redefinir el ámbito de lo público sobre una idea de lo nuestro que sea incluyente, no excluyente. Es preciso analizar la construcción social del riesgo de exclusión social y ponerse a trabajar, no sólo para intentar paliar los daños, sino sobre todo para intentar gestionar el riesgo con técnicas de gobernanza que sitúen el problema en este ámbito, el del riesgo, y eviten que se convierta en un daño –la pérdida de cohesión social– muy difícil, cuando no imposible, de reparar.

Ramon-Jordi Moles i Plaza es Director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB-UOC)